Artículo escrito por Eduardo Gudynas de CLAES y publicado en el diario La Primera. El avance del extractivismo, dados sus serios impactos sociales y ambientales, intensidad y cobertura territorial, necesita de dos nuevas palabras para dejar en claro algunas de sus facetas más agudas.
La primera es “alegalidad”: son acciones formalmente legales, pero con efectos evidentemente contrarios al objetivo de las leyes. La palabra fue aplicada inicialmente a enormes corporaciones que seguían la letra de las leyes, pero aprovechaban todos sus vacíos y flancos para evadir impuestos, transferir ganancias o especular.
El concepto de alegalidad describe mucho de lo que sucede con el extractivismo actual. Ocurre, por ejemplo, cuando las empresas aseguran que cumplieron las exigencias legales, y muchas veces es así, pero el resultado es un claro deterioro social y ambiental.
El segundo nuevo concepto es “extrahección”. Palabra que deriva del latín, y significa arrancar por medio de la fuerza o violencia. Se la utiliza donde los recursos naturales son extraídos violando los derechos de las personas y la Naturaleza. Esto sucede de varias maneras, desde el incumplimiento de los derechos a un ambiente sano, a la persecución e incluso asesinato de líderes ciudadanos.
Como el megaextractivismo nunca sería aceptable bajo los marcos legales o para las comunidades locales, solo se puede concretar incumpliendo los derechos fundamentales. Las violaciones de esos derechos no son una consecuencia de ese extractivismo, sino que son una condición necesaria para llevarlo adelante.
