miércoles, 24 de enero de 2018

Foro Público Riesgos e Impactos de la Minería y Alternativas al Desarrollo en Cajamarca

Foro Público Riesgos e Impactos de la Minería y Alternativas al Desarrollo en Cajamarca
Cajamarca, 28 de noviembre de 2018

Con el fin de debatir sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, los conflictos sociales generados por esta actividad y la importancia de la mujer en la lucha por el respeto a los derechos sobre la naturaleza y su territorio; la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, con el apoyo de la Red Muqui, Grufides, la Red Interquorum Cajamarca y la Fundación Friedrich Ebert, realizaron el Foro Público “Riesgos e impactos de la minería en Cajamarca y alternativas de desarrollo sostenible”, el día 28 de noviembre en Cajamarca.

En el foro participaron como panelistas Martín Scurra de RedGE; Sergio Sánchez, especialista en Gestión Territorial; Dickson Laban Chinchay,  Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca y  Ana María Llamoctanta, Presidenta de las Rondas de Mujeres del Tambo, Bambamarca. Ver presentación de Martin Scurrah

Para Sergio Sánchez existen 1,083 pasivos ambientales inventariados en todo Cajamarca, y en el transcurso de los años seremos la región en todo el Perú, con más pasivos mineros de la historia. Hay zonas en Hualgayoc que están totalmente contaminadas por la minería formal e informal y, según la OEFA, el desastre es total. “Qué hacemos, no podemos permitir que este problema aumente, no podemos permitir que los conflictos sociales por la actividad minera se incrementen los próximos años, las autoridades tienen que hacer su trabajo”, manifestó.

Sánchez indicó que hablar de Cajamarca es hablar de un elevado número de concesiones mineras, pero también es hablar del incremento de los conflictos sociales, de las personas que están contaminadas con plomo en la sangre y del número de muertes que ello ocasiona.

En Hualgayoc hay pasivos ambientales que deben ser  fiscalizados por las autoridades. “Tiene que haber un proceso de remediación que, si bien es complejo, debe estar articulado con toda la población. Hay gente enferma, en el año 2002 se hizo una evaluación a 311 personas de la zona, y todos tenían plomo en la sangre. Este proceso de remediación es importante para solucionar un problema fuerte, y allí también se debe mirar desde el gobierno nacional”, enfatizó.

Se necesita un Ministerio de Energía más serio porque el problema en Cajamarca es la falta de agua, la mayoría de fuentes de agua se han secado por la actividad minera, y todos los cajamarquinos nos preguntamos ¿quién le dará agua a Cajamarca en 15 o 20 años?. Ver presentación de Sergio Sánchez

A su turno Dickson Laban, indicó que el responsable de los conflictos sociales en Cajamarca es el Ministerio del Ambiente, ya que se hace a un lado y no tiene un verdadero compromiso con el pueblo, que vive afectado por la actividad minera. “Hay personas contaminadas con plomo, se entregan las muestran de sangre pero ni el MINAM ni el MINSA hacen caso, por el contrario están en cosas muy superficiales”, afirmó.

Añadió  que los ingresos recaudados según la principal actividad económica, muestran que desde el año 2000 hasta el 2016, el sector agropecuario presenta una curva ligeramente en crecimiento, le sigue el sector construcción, con un cierto despegue y el sector comercio con mayor aceleración. Pero cuando se habla del sector minero, se ve que su historial es muy volátil, ya que creció del 2004 al 2007 pero cae en el 2009. “Si la economía de Cajamarca dependiera de la minería todos hubiéramos caído. Aquí demostramos que la estabilidad económica la viene dando la manufactura, que va generando mayores ingresos en estos años”, resaltó. 

Si hablamos del Impuesto a las Ventas, vemos que el sector minero etuvo un ingreso de 12 mil millones de soles, pero devolvió al Estado peruano 13 mil 500 millones de soles, es decir perdió, ¿quién hace un negocio para perder?, si vemos esta cifra, eso quiere decir, que más bien el Estado le debe dinero.

Desde la región Cajamarca proponemos, diversificación económica y productiva, basado en ciertos parámetros de análisis que nos permitan avanzar en un crecimiento sostenible. En materia de productos de reforestación, tenemos una propuesta de conservación del complejo de lagunas y el proyecto del laboratorio regional del agua, en la que acompañarán los campesinos de la zona. 
“lamentablemente el ANA nos deja sin piso, y no nos presta interés, sin embargo, el pueblo será quien haga validar este tipo de trabajos que brinda el gobierno regional”, dijo. 

La agricultura genera sostenibilidad, por ello, se está en búsqueda de producción regional. Cajamarca es una región que vive de la agricultura, para ello es necesario fortalecer la asociatividad con un enfoque territorial y enfoque de mercado, es decir, asociaciones que hagan conocer productos, como el café, que es producción orgánica, cuyo quintal de exportación cuesta 10 mil dólares y es considerado el mejor del mundo. “Queremos elevar la producción en un 20 por ciento, queremos instalar el parque industrial y darle valor agregado a los productos de Cajamarca como el café, la leche, la papa”, sostuvo. Ver presentación

Finalmente Ana María Llamoctanta narró que los campesinos vivimos de la agricultura y la ganadería, como cajamarquinas estamos pendientes de los problemas de la minería. “La mina nos trae destrucción, contaminación y enfermedades, los cajamarquinos estamos decepcionados de la minería porque nos han enfermado con plomo, y el gobierno ha querido reprimirnos a punta de balas, nosotras no nos dejamos y defenderemos nuestras tierras unidas para que la minería siga avanzando”.

Esta actividad afecta nuestro patrimonio, nuestra economía y nuestra tierra. En las luchas la mujer siempre ha estado delante de los varones para defender nuestro derecho que es el agua.

Foro Público Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura

Foro Público Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura
Piura, 20 de octubre de 2017

La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, con el apoyo de la Red Muqui, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Redad) y la Fundación Friedrich Ebert realizaron el foro público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”, cuyo objetivo fue presentar los riesgos que representa para la región este proyecto minero, los impactos ambientales y sociales que ya ha generado solo en la etapa de exploración y visualizar las alternativas de desarrollo que existen y que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo y Bosques de Neblina , así como las fuentes de agua.

La actividad, que se realizó en el Auditorio Central de la UNP el 20 de octubre de 20174, también analizó el contexto de la reconstrucción regional, luego de los desastres naturales, priorizando la prevención y la sostenibilidad de las comunidades campesinas. Para ello, contó con la participación de los expertos Martin Scurrah, consultor de la RedGE, Javier Jahncke de la Red Muqui, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Huancabamba, Piura, Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, Piura, Katy Carrillo,  de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional y Luis Bardales Pérez, Coordinador de Proyectos de la ONG Progreso de Piura.

Durante su exposición, Martín Scurrah señaló que no hay una sola alternativa al extractivismo sino caminos posibles de transiciones para una sociedad mejor, en ese sentido, dijo que lo mejor es construir y emprender estos caminos para un futuro mejor,  en la que primen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y la naturaleza. 

“El extractivismo busca satisfacer la necesidad de países del exterior y busca la explotación de recursos naturales, y muchas veces está asociado a la corrupción, la contaminación del suelo, del agua y hasta de la salud pública”, manifestó. 

Scurrah explicó que para llevar un extractivismo depredador a uno sensato se debe cumplir con la normatividad, “lamentablemente no se cumplen las normas, el Estado debe hacer que se cumplan, insistir que se use tecnología de alto nivel con estándares mundiales, generar participación más activa con los ciudadanos, respetar los convenios internacionales, y fortalecer el sistema de valorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y hacerlos vinculantes, ya que han sido debilitados en los últimos años”.

“Piura tiene que reforzar sus acciones y medidas como Gobierno Regional y tomar en cuenta la información existente para aplicar políticas territoriales que nos indiquen cuáles son las zonas vulnerables para la minería y la agricultura, y hacer un uso óptimo de los recursos naturales. Exigir estándares altos entre las regiones, promover y exigir transparencia a las empresas, la población debe conocer en qué se gasta el dinero y obligar a las empresas a cuidar los costos medioambientales”, finalizó.

Para Javier Jahncke de la Red Muqui, la reducción del precio de los minerales, la afectación de las inversiones y los casos de corrupción como el de Odebrecht no han limitado la perspectiva de las actividades extractivas, por el contrario se está ampliando la frontera para tener un mayor ingreso económico en el país. 

“Esto genera que se plantee un destrabe normativo  de políticas públicas que acreciente el crecimiento del extractivismo. Seguimos dependiendo de los precios de los minerales y las consecuencias se ven con detalle en los marcos normativos. Todos estamos preocupados por el Mundial, si Perú irá o no al Mundial, pero no nos estamos dando cuenta  que en el Congreso se están discutiendo cosas que pueden generar un riesgo para las comunidades campesinas y población en general”, advirtió.

Jahncke indicó que existe la posibilidad de un crecimiento de la frontera de actividades como la minería, que se realiza en comunidades campesinas y nativas,  afectando la propia existencia de estas comunidades.  En el caso de Piura, considerado como la región con mayor presencia de inversiones, se está discutiendo en el Parlamento, un proyecto de ley que plantea declarar de interés nacional el tema de la titulación de tierras de las comunidades campesinas de esta región. 

“Si uno escucha esto, lo ve muy bien porque le dará legalidad a la situación, pero  la pregunta es qué tanto pueda afectar a las comunidades en el marco nacional normativo. No solo hay que preocuparse por este proyecto  sino referirse a la Ley 30230, que tiene una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional porque establece, en sus artículos 36, 37 y 38, que se haga el saneamiento físico legal pero para proyectos de inversión que cuenten con concesiones otorgadas por el gobierno nacional, es decir, concesiones mineras, con ello el riesgo de una comunidad de perder su tierra es mucho mayor”, enfatizó.

¿Dónde está la seguridad jurídica en este caso?, se preguntó al lamentar que se está pasando por encima de los derechos de la comunidad, se regula y desregula una acción para favorecer al extractivismo, ¿dónde está el apoyo a la actividad agrícola y ganadera de Piura, dónde está el apoyo del gobierno?”, finalizó.


A su turno, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba, señaló que su comunidad es ancestral, con 178 años de existencia siendo una comunidad nativa, y sólo han tenido 8 conflictos en defensa de sus tierras y de sus Páramos. Cuentan con 34 caseríos entre Cajas y Carmen de la Frontera, con Bosques de Niebla que producen agua para toda la región. “Queremos seguir mejorando para tener buenas cosechas y mejorar nuestra economía, pero estamos preocupados por la actividad minera porque solo en la etapa de exploración, no se ha respetado nuestros derechos como comuneros”, acotó. 

Para Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, existe un problema social, que es la minería como Río Blanco o Majas, que está causando un daño innumerable, un daño económico y moral a los mismos comuneros. “Un dirigente o un rondero están procesados, algunos condenamos a 20 años de cárcel sólo por defender su territorio. Es la realidad de la comunidad  campesina  de Yanta. Por reclamar sus derechos vienen siendo denunciados, perseguidos por el Poder Judicial, por la Policía, todos a través del poder económico”, denunció.

Mija aclaró que las comunidades de Ayabaca y Huancabamba no se oponen a la actividad minera, por el contrario, quieren minería pero minería responsable, “lamentablemente esta minería no se da en el Perú, tenemos ejemplos como Conga, en Cajamarca o Cerro de Pasco, donde no se respetan los EIA y la gente vive con plomo en la sangre. Cómo pretenden que nosotros le creamos si no han hecho nada para decirnos que su actividad minera será beneficiosa para las comunidades”, finalizó.