Artículo escrito por Armando Mendoza, consultor de RedGE, publicado en el diario UNO. En estos días se han dado dos noticias que a todos los peruanos nos deben de interesar, por sus implicancias. La primera noticia es que el Consorcio Camisea perdió su arbitraje internacional con el Estado Peruano por evasión de regalías. Cuál era la gracia. Pues que el Consorcio exportaba nuestro gas a un destino a un precio determinado, pero una vez fuera del país el gas era reexportado y vendido en otros mercados a un mayor precio, sin pagar las regalías correspondientes. Ahora el Consorcio tendrá que pagar al Perú US$ 65 millones de dólares (¡casi nada!).
La segunda noticia es que el Gobierno; que anda ya por su cuarto o quinto paquetazo “reactivador”; decidió dejarse de sutilezas y ahora pide al Congreso que le otorgue facultades legislativas para promover y agilizar la inversión privada; es decir, la capacidad para emitir leyes sin necesidad de debate y aprobación. En otras palabras, tranquilos peruchos, el piloto automático se acabó, pero cierren sus ojitos y confíen, que vamos a aterrizar bien.
¿Y para qué las solicita?, bueno, digamos que las facultades demandadas son tan amplias y ambiguas que permitirían legislar sobre casi cualquier aspecto de la política económica, incluyendo temas tan críticos como las asociaciones público-privadas, los mecanismos de obras por impuestos, la exportación de energía y la promoción de concesiones mineras. Todo en aras de fomentar la inversión privada.
Estas dos noticias, que parecen aisladas, en realidad calzan cuando se considera que son cara y sello de lo que puede suceder cuando se debilita o abandona el rol regulador y planificador del estado en temas de interés nacional. Y ese es el gran riesgo de otorgarle carta blanca a un Gobierno que se ha dedicado a desmantelar regulaciones y salvaguardas, so pretexto de relanzar la economía.
Es indispensable promover la inversión privada para asegurar el crecimiento y desarrollo del Perú. Pero lo que no puede hacerse es deidificarla e ignorar que es necesario un balance entre los intereses públicos y privados, y que el estado no puede renunciar o debilitar su capacidad de establecer parámetros y condiciones. La noción de que automáticamente el privado hará lo mejor para el país es una falacia, como demuestra lo sucedido con el Consorcio Camisea.
Hemos tenido demasiados casos de corporaciones que evaden impuestos, mezquinan sus obligaciones socioambientales y negocian en salitas como para creer que la inversión privada se rige por criterios filantrópicos. Hay que defender y preservar las prerrogativas y derechos de la nación. Y ello no lo lograremos dándole libertad a este Gobierno, sumiso frente a la gran inversión, para que emita entre gallos y medianoche una lista de lavandería de desregulaciones y privilegios.