Pronunciamiento

Solidaridad con CEDLA, Fundación TIERRA, CEDIB y Fundación Milenio y la Sociedad Civil Boliviana en general. Por el pleno ejercicio del derecho a la asociación y libre expresión

Lima, 18 de agosto de 2015

Pronunciamiento firmado por la Sociedad Civil peruana el 18 de agosto de 2015, en solidaridad con las organizaciones bolivianas, tras las últimas declaraciones del Vicepresidente boliviano, quien anunció que expulsará a aquellas ONG que, a su juicio, se entrometan en la vida política del país sureño. En el documento, los firmantes solicitan respetuosamente al Gobierno del Estado Plurinacional de Boliviam, desistir de las amenazas a las ONG bolivianas en general, y específicamente la Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Documentación eInformación Bolivia (CEDIB) y la Fundación TIERRA, así como reconocer e implementar los compromisos asumidos internacionalmente en el marco de la “Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo” y considerar la modificación de normas existentes que puedan contradecir derechos constitucionales de las organizaciones de la sociedad civil. 

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Pronunciamiento de la Plataforma Europea Perú que expresa su rechazo ante Paquetazo Castilla

Lima, 14 de julio de 2014

Pronunciamiento de la Plataforma Europea Perú, presentada al Presidente Ollanta Humala, al Consejo de Ministros y al Parlamento Nacional. El documento, firmado por los integrantes de la plataforma, así como diversas organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas RedGE, expresa la preocupación de los firmantes por las recientes medidas económicas para la reactivación de la economía peruana en el marco del Proyecto de Ley N° 3627, aprobado recientemente por la Comisión Permanente del Congreso. La puesta en marcha de estas medidas no solo podrán llevar en la práctica a un debilitamiento del sistema nacional de protección ambiental y laboral, sino también a un incremento de la conflictividad social en el país

Sociedad civil advierte que debilitamiento de los estándares e institucionalidad ambiental pondrá en riesgo el medio ambiente y genera conflictos sociales


Lima, 22 de junio de 2014

Pronunciamiento publicado en el diario La República, el domingo 22 de junio de 2014, en el que diversas organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, expresan su profundo rechazo ante las propuestas adoptadas por el Gobierno sobre "las medidas económicas para reactivar la economía peruana" presentada al Congreso. Los firmantes aseguran que esta medida recortará las facultades del Ministerio del Ambiente y por consiguiente debilitarán los estándares ambientales.

Exigimos al Estado y al empresariado se respete la legislación ambiental y no se menoscaben los instrumentos de gestión ambiental

Lima, 16 de marzo de 2014
Pronunciamiento publicado en el diario La República el domingo 16 de marzo de 2014, en el que las organizaciones y personalidades de la sociedad civil firmantes muestran su profunda preocupación por las declaraciones vertidas por el reciente Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, respecto a que en el marco de los cambios al Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos que viene elaborando el Estado “se van a eliminar los estudios de impacto ambiental para la actividad sísmica” y las exploraciones sísmicas en lotes petroleros podrán realizarse mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que “es un trámite más expeditivo y sencillo que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

Sí existen pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Perú, son peruanos y también tienen derechos.

Lima, 20 de octubre de 2013

Pronunciamiento publicado en el diario La República el 20 de octubre de 2013, en este documento, las organizaciones firmantes, representativas de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en pro de la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, académicos, investigadores y especialistas llamaron la atención del Estado y la sociedad en su conjunto sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o en Aislamiento Voluntario, y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial en el Perú.

Rechazaron la información vertida en los diarios El Comercio, Gestión y en Canal N medios que sostienen de manera ligera y poco informada la inexistencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, confundiendo a estos con Pueblos en Contacto Inicial y con Comunidades Indígenas que mantienen una relación sostenida con la sociedad occidental.

Crecimiento basado en materias primas no asegura un futuro sostenible

Lima, 09 de octubre de 2013

Pronunciamiento publicado el miércoles 09 de octubre de 2013 en el diario La República, suscrito por varias organizaciones de la sociedad civil en el marco de las actividades realizadas durante la semana Perú: ¿Futuro Sostenible?. Diálogos sobre Inversiones, Ambiente y Transiciones, del 24 al 26 de setiembre.

Ante el descenso en el precio de algunos minerales, voceros empresariales, políticos y el propio Presidente de la República se han apresurado a hablar de una inminente “crisis”. Con ese argumento, se vienen dando medidas para “agilizar” las inversiones extractivas, acelerando la aprobación de los estudios ambientales, pasando por encima de la consulta previa, entre otros retrocesos en las reformas socioambientales prometidas.

Aprobación de nuevas actividades en Lote 88 de Camisea atentaría contra el derecho a la vida y a la salud de peruanos vulnerables

Lima, 01 de agosto de 2013


Las instituciones abajo firmantes, preocupados por la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país, nos dirigimos al Presidente de la República y a la opinión pública preocupados por el alto riesgo de vulneración de derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y de contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros - RTKNN que representaría la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental - EIA para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88. En ese sentido, denunciamos lo siguiente:

La RTKNN fue creada con el fin de proteger a la población en aislamiento voluntario y en contacto inicial como consecuencia del fatal desenlace de la exploración realizada por la empresa Shell en la década de los 80, que originó la muerte de casi la mitad del pueblo Nahua, como resultado del contagio de enfermedades. En el 2003, mediante Decreto Supremo Nº 028-2003-AG se elevó la protección y categoría legal de dicha Reserva, dándole el carácter de INTANGIBLE en el marco del préstamo 1441 y de los 21 compromisos socioambientales del BID con el gobierno del Perú para el proyecto Camisea. En ese sentido, la aprobación del EIA referido vulneraría este Decreto Supremo, y con ello el carácter de intangible que debe proteger a las poblaciones de la RTKNN.
El EIA propuesto ha tenido serias observaciones en relación a la RTKNN, como la falta de claridad en la identificación de impactos que se ocasionarán en la Reserva, y la insuficiencia en las medidas de mitigación de los mismos, lo que es un riesgo a la vida de las poblaciones vulnerables que viven en ella. Esto se agrava, dado que el Estado no cuenta con los instrumentos de protección necesarios para estas poblaciones en ejecución, como el Plan de Protección de la Reserva, Protocolos de Relacionamiento para la Entrada a la Reserva, una reglamentación especial para los pueblos en contacto inicial, un Plan de Salud óptimo con presupuesto adecuado, y puestos de control apropiados y operativos.
La ausencia de estos instrumentos hace que todas las actividades planteadas para la ampliación de Lote 88, presentadas por la empresa PLUSPETROL y promovidas desde el MINEM, abren el camino para la TOTAL DESPROTECCIÓN DE ESTAS POBLACIONES, poniendo en riesgo con estas omisiones el derecho constitucional a la vida y contraviniendo el Convenio 169 de la OIT. Ello ya ha sido reconocido por organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - CERD de la ONU que pidió al Gobierno peruano, "la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades de extracción previstas en la Reserva que puedan amenazar la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas e impedir el goce del completo bienestar de sus derechos económicos, sociales y culturales" (01 de marzo de 2013).
La puesta en riesgo de la vida y salud de las poblaciones de la RTKNN también ha sido observada de manera clara en el Informe N° 001-2013-LPA-LFTE-NPG-RRG-VDG-DGPI/VMI/MC y el Informe N° 0042013-DGPI/VMI/MC, aprobados por la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC, del 12 de julio de 2013 del Viceministerio de Interculturalidad.
En ella se señala que la empresa PLUSPETROL "no ha presentado en el EIA cuál es el sustento de la valoración de impactos que ha efectuado CARECIENDO POR TANTO DE CRITERIOS TÉCNICOS PARA
STABLECER EL IMPACTO REAL QUE TENDRÁ EL PROYECTO SOBRE LA VIDA Y SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, sus rutas de desplazamiento, así como el uso que dichas poblaciones hacen sobre sus recursos de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros", señalando además que LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUE ESTABLECE SON INSUFICIENTES PARA REDUCIR LOS POSIBLES IMPACTOS IDENTIFICADOS.

Por tanto, solicitamos que el Estado peruano que priorice la protección de los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial frente a la aprobación del EIA del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88, pues la aprobación de este instrumento en su estado actual vulneraría los derechos fundamentales de estos pueblos. Asimismo, requerimos al Estado que genere y apruebe urgentemente instrumentos para la protección de la Reserva; que garantice la intangibilidad de la misma; y que realice acciones inmediatas para velar por la salud de estos pueblos, evitando futuras desgracias a este grupo de peruanos tan vulnerables y posibles denuncias internacionales por la afectación del derecho a la salud de estos pueblos.
Asociación Amazónicos por la Amazonía – AMPA Asociación Pro Derechos Humanos- APRODEH Asociación Servicios Educativos Rurales - SER Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Practica - CAAAP Centro de Derechos y Desarrollo - CEDAL Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - DESCO Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - CSA Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - CEDIA CooperAcción. Acción Solidaria para el Desarrollo Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR Forum Solidaridad Perú - FSP Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz - FEDEPAZ Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES Instituto de Defensa Legal - IDL MUQUI Red de Propuesta y Acción Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE Servicios en Comunicación Intercultural - SERVINDI.
 

Urge nuevo marco de regulación para la inversión extranjera en el Perú 

Lima, 04 de diciembre de 2012

La millonaria demanda, por $800 millones de dólares, presentada por Renco Group (Doe Run) al amparo del TLC con los Estados Unidos contra el Perú, es la primera de lo que podría ser una serie de demandas que limiten la capacidad del Estado peruano de implementar la necesaria agenda de gobernabilidad e industrias extractivas. Ante esta grave situación, las organizaciones abajo firmantes queremos expresar lo siguiente: 



• Se evidencia el agotamiento de un modelo de protección de inversiones: Desde los años noventa se impulsan diversos mecanismos de súper protección a las inversiones extranjeras, buscando colocar al Perú como un destino privilegiado para los inversionistas. Diversos estudios internacionales demuestran que los TLC no necesariamente constituyen un factor determinante para la atracción de las inversiones, y más bien sí constituye una significativa limitación para la aplicación de regulaciones nacionales, favoreciendo los derechos de los inversionistas en desmedro de los derechos de los ciudadanos.



• Existe un dramático aumento de demandas por regulación del sector extractivo: La agresiva disputa internacional por recursos naturales, ha ido a la par del acelerado incremento de inversiones en el sector de las industrias extractivas en América Latina y junto con ello se vienen incrementando las demandas contra los Estados por aplicar regulaciones al sector extractivo. Hoy las amenazas de arbitraje constituyen formas de presión de las empresas contra los Estados para evitar la aplicación de regulaciones necesarias.  


• Las amenazas de arbitraje limitan regulaciones necesarias: En nuestro país, el marco de protección a inversiones se dio antes de desarrollar marcos regulatorios sociales, fiscales y ambientales necesarios. El incremento de los conflictos socio ambientales hace evidente la necesidad de impulsar reformas urgentes como son la Ley de Consulta, el Ordenamiento Territorial, mejoras ambientales, etc. Estos procesos podrían bloquearse al amparo de los TLC, ante posibles demandas de inversionistas que consideren que estas regulaciones afectan sus derechos.  

• Existen alternativas y debemos sumarnos. No existe un modelo único de protección de inversiones. Países como Brasil, Australia o la India, vienen resistiendo la incorporación de los mecanismos de arbitraje inversionista – Estado en sus acuerdos de comercio e inversión, sin afectar los flujos de inversión que llegan a estos destinos. 

Ante la necesidad de desarrollar un nuevo marco de gobernabilidad para los recursos naturales y las industrias extractivas en nuestro país, urge que el gobierno peruano evalúe y ajuste el modelo de protección de inversiones que se ha venido promoviendo. Frente a ello las organizaciones abajo firmantes consideramos que: 

• Urge evaluar un marco de protección de inversiones tomando lecciones de los impactos de un modelo que se está agotando por los propios cambios globales y crisis financieras. Este modelo debe re-equilibrar los derechos a los inversionistas con la capacidad regulatoria del Estado. 

• Recogiendo recomendaciones de organismos como la UNCTAD, nuestro país debe impulsar reformas  en el marco de protección de inversiones vigente: a) renegociando los Tratados Bilaterales de Inversión-TBI y los TLC vigentes, y b) expresando una nueva posición en las negociaciones en curso, principalmente en el Acuerdo Trans Pacífico –TPP. En ambos casos urge acotar el derecho a los inversionistas del “trato justo y equitativo” y excluir el mecanismo de arbitraje “inversionista – Estado” de los acuerdos. 

Firmas: Acción Internacional para la Salud – AIS, Asociación Filomena Tomaira Pacsi, Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental – AIDA, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC, Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT PERÚ, Centro Cristiano de Promoción y Servicios – CEPS, Confederación Campesina del Perú – CCP, Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, Confederación Nacional Agraria – CNA, Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES, CooperAcción, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Grupo Propuesta Ciudadana - GPC, Mesa Técnica La Oroya, Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC, Programa Democracia y Transformación Global – PDTG, Red Muqui, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD, Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Red Uniendo Manos. 

El Perú y el modelo extractivo: Agenda para el nuevo gobierno y necesarios escenarios de transición

 Lima, 24 de marzo de 2011

En el Perú necesitamos reflexionar con urgencia sobre cómo construimos un país que tenga viabilidad económica, social, ambiental, climática y energética. Años de expansión económica pero al mismo tiempo de crisis social y ambiental, han puesto en agenda la necesidad de transitar a nuevos escenarios de sostenibilidad, equilibrio y respeto irrestricto a los derechos de las personas. Los problemas ambientales continúan agravándose de manera alarmante. Según la propia Defensoría del Pueblo, en el Perú gran parte de los conflictos sociales que se producen tienen su origen en problemas ambientales, sobre todo vinculados a industrias extractivas. ¿Cuánto le cuestan al país estos conflictos?

La estrategia de crecimiento basada en sectores extractivos, muestra sus límites y enfrenta serios cuestionamientos. Los indicadores que saltan a la vista, aparte de los propios conflictos, el incremento de la vulnerabilidad ambiental de diversas zonas del país, la disputa por recursos cada vez más escasos como el agua y las tierras agrícolas, los daños a la salud y los derechos de poblaciones que son vulnerados, sobre todo de los peruanos y peruanas más pobres. Frente a esta situación, las organizaciones abajo firmantes queremos expresar lo siguiente:

El país necesita comenzar a definir escenarios de transición. Transición a un escenario en el que el Estado recupere presencia y capacidad de regulación y control sobre lo que pasa en nuestro territorio. Necesitamos por ejemplo: construir una verdadera autoridad ambiental independiente, con autonomía, facultades, capacidades, recursos y liderazgo, que pueda romper definitivamente con una situación donde las empresas no son fiscalizadas y supuestamente se autoregulan.

Necesitamos ordenar y planificar el uso sostenible de nuestro territorio, con instrumentos como los planes de ordenamiento territorial y de zonificación. Se requiere contar con los diferentes niveles de gobierno para los procesos de planificación participativa del uso del territorio. Se requiere reconocer el derecho a tierras y territorios de pueblos indígenas. Requerimos una ley de  Ordenamiento Territorial que proteja zonas de fragilidad ecológica que proveen importantes servicios ambientales, como es el caso de las cabeceras de cuenca, y que regule las concesiones para la industria extractiva para que sean concordantes con los planes de desarrollo territorial sostenibles.

Es urgente mejorar y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental.  Necesitamos que los límites máximos permisibles de emisiones respondan a estándares internacionales. Urge perfeccionar los instrumentos de gestión ambiental. Los Estudios de Impacto Ambiental, que permiten la aprobación de los proyectos de inversión, se encuentran desfasados y han sido cuestionados por organismos internacionales como el Banco Mundial.

El país necesita transitar de una economía profundamente extractiva y un modelo de crecimiento que en lugar de amenazar nuestra biodiversidad, la utilice de manera racional y sostenible. El Perú debe ser cada vez menos primario exportador y debe desarrollar una economía diversificada impulsando actividades de ecoturismo, utilizando el mercado de carbono, la acuicultura, el biocomercio, la agroforestería; generando al mismo tiempo empleo decente y sostenible y promoviendo la mediana y pequeña agricultura como base para garantizar la soberanía alimentaria.

El desarrollo, con el indispensable componente de crecimiento económico, tiene necesariamente una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas, a los principios democráticos y por lo tanto a la promoción de la participación ciudadana y a la consulta previa, libre e informada. Se requiere desarrollar una institucionalidad que proteja y promueva los derechos de los pueblos indígenas, principales afectados por este modelo extractivista.

A las agrupaciones políticas que buscan gobernar nuestro país, les planteamos que el Perú necesita construir un acuerdo de gobernabilidad social, económica, cultural, ambiental, climática y energética que regule y fiscalice adecuadamente la gran inversión y que proteja nuestros recursos. El nuevo gobierno debe atender esta urgente demanda.

Firmantes:
- Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE
- CooperAcción
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
- Forum Solidaridad Perú
- Siguen adhesiones 

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