La demanda de arbitraje presentada por la empresa norteamericana Grupo RENCO / Doe Run Perú (DRP) contra el Estado peruano, por $ 800 millones por el caso del complejo metalúrgico de La Oroya al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, constituye la primera de lo que pueden ser muchas demandas contra el Estado peruano. Las demandas constituyen amenazas concretas que pueden limitar la aplicación de las reformas necesarias para atender la agenda nacional de gobernabilidad de los recursos naturales y las industrias extractivas.
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