Artículo escrito por César Gamboa de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y publicado en el diario La Primera. Han pasado 10 años desde que el Perú se comprometió formalmente a proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, un compromiso que condicionaba el proyecto de explotación de gas de Camisea (lote 88), pues la idea era intervenir en la Amazonia Peruana, reduciendo al mínimo los impactos sociales y ambientales en la zona, pues estaba muy presente –aún lo está-, la mala experiencia de contaminación del Rio Corrientes con los lotes 8 y 1 AB, que coincidentemente también son operados por Pluspetrol.
Han pasado 10 años y la creciente demanda energética del país está trayendo como consecuencia la presión sobre esta misma área. No es gratuito que operen el lote 56 (Camisea II de Pluspetrol), lote 57 (Repsol), lote 58 (Petrobras), el ducto original de TGP, el Loop Selva, el proyecto de ducto de Kuntur y el nuevo proyecto de Gasoducto del Sur. Pero aunado a la creciente demanda de energía que vive nuestro país, se encuentran dos factores mucho más poderosos que un crecimiento económico desordenado: primero, la falta de planificación energética que pareciera que el Estado Peruano apuesta por proyectos energéticos en la zona y en el país con un suspiro cada 6 meses; y la debilidad de la intervención estatal en reducir los impactos de sus decisiones políticas: en lo ambiental, en lo social, en lo político, en lo económico, hasta en la propia seguridad territorial.
Hace dos años, bajo la sombra de la irresponsable decisión de exportación del gas de Camisea (Peru LNG), decidió extraer más gas y transportarlo más rápido hacia los usuarios. Habría que preguntarse si estas dos decisiones han sido planificadas y cuanto se ha reducido del posible impacto negativo de dicha decisión. Quizás ni siquiera es necesario cuestionarse la legitimidad de esas decisiones –“El Perú avanza”-, pero lo cierto es que si queremos hacer las cosas bien y hacia futuro, debemos dejarnos de lado de las leguleyadas que sólo instrumentalizan derechos y generan desconfianza a largo plazo.
Un ejemplo de lo mencionado es la ampliación de la exploración del lote 88, fuera de este lote. El Estado ha dado permiso de buscar más gas a Pluspetrol, no solo dentro del lote 88, sino fuera de este, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, así como dentro de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, incumpliendo el DS 028-2003-AG, que hasta ahora lo impedía (art. 3). ¿Qué dice la autoridad ad portas de aprobarse el EIA de ampliación de operaciones del lote 88? la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos (DGIDP) del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura dice: “los mecanismos de participación ciudadana son aplicables únicamente para la población en contacto inicial de los asentamientos Santa Rosa de Serjali, Montetoni y Marankeato, siempre que dicha población haya decidido y solicitado ejercer su derecho a la participación ciudadana (…) procurando un contacto mínimo”, permitiendo por primera vez un contacto formal fuera del área del contrato del lote 88 después de tantos años.
Ya no es necesario concesionar un lote Fitzcarrald, porque la leguleyada está hecha. La justificación a esto no tiene razón en una idea civilizatoria decimonónica, ni si quiera la fuerza del capitalismo, ni es razón el servilismo de la legalidad, sino simplemente seguir haciendo la cosas como sea. El Perú avanza, aunque en algunos temas no sabemos hacia donde…
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