Artículo escrito por José De Echave, de CooperAcción y publicado en el diario La Primera. El pasado 10 de abril, la
justicia chilena tomó la decisión de suspender el megaproyecto minero Pascua
Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, ubicado en la frontera entre Chile
y Argentina y uno de los más importantes emprendimientos mineros a nivel
mundial. Hace unos días, el 3 de junio, la Superintendencia del Medio Ambiente
de Chile ha multado a la empresa con una cifra histórica -16,4 millones de
dólares- por “incumplimientos gravísimos” y ha confirmado la paralización del
proyecto minero.
Las faltas graves cometidas por
Barrick y que han sido identificadas por las autoridades chilenas, van desde
“no haber construido obras asociadas al sistema de manejo de aguas de contacto
y no contacto, que debían estar implementadas en forma previa a las faenas de
excavación” hasta no haber entregado información verídica sobre las
características del proyecto.
Desde sus inicios, el proyecto
Pascua Lama desencadenó serias controversias en ambos países. En primer lugar
porque su desarrollo afectaba a todo un ecosistema de glaciares y periglaciares
así como las nacientes de aguas que abastecen a poblaciones del Valle del Huaso
en Chile y de la provincia de San Juan en Argentina. Fue el caso de Pascua Lama
que dio origen a la ley de protección de glaciares aprobada en Argentina.
Ahora bien, no está demás
preguntarnos si algo similar podría pasar en el Perú. ¿Podemos imaginar a la
justicia peruana o a nuestras autoridades ambientales tomando una decisión que
paralice una inversión superior a los ocho mil millones de dólares y que además
le impone una multa histórica a la empresa minera? ¿Cuáles serían las
reacciones de las empresas y sus periodistas? ¿Nuestras autoridades se
mantendrían firmes frente a las enormes presiones que se desatarían? ¿No nos
anunciarían acaso que tras una decisión similar las inversiones huirían
despavoridas del país (seguramente a Chile)?
Por el momento podemos
testimoniar que en nuestro país, a una de las empresas más contaminadoras del
planeta, DoeRun, se la premió con dos ampliaciones del plazo para que cumpla
con sus obligaciones ambientales y otros beneficios más y hasta ahora no ha
cumplido. Además, nuestros sistemas de fiscalización y evaluación ambiental
siguen siendo precarios, totalmente permisivos y peor aún, el reciente paquete
de medidas para acelerar las inversiones los hace más vulnerables.
Se sigue
pensando equivocadamente que para atraer inversiones hay que mantener una
gestión ambiental laxa y que hay que dejar hacer y dejar pasar. De esta manera
se mantiene el estatu quo ambiental y se da un pésimo mensaje a los
inversionistas.
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