Las disputas Inversionista-Estado

Artículo escrito por José De Echave de CooperAcción, publicado en el diario UNO. El pasado 28 y 29 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó un seminario organizado por la Fundación Friedrich Ebert y la revista Nueva Sociedad, que abordó el tema de los mecanismos de protección de las inversiones. El seminario contó con representantes de varios gobiernos de la región, la ex ministra de Justicia de Alemania, Herta Daubler-Gmelin, un funcionario del departamento de Comercio de Sudáfrica, académicos y representantes de la sociedad civil. 

El intercambio permitió identificar cómo se viene debatiendo a nivel global sobre la pertinencia de los controvertidos mecanismos que protegen los derechos de los inversionistas en los acuerdos comerciales. En la actualidad, existen más de 3,000 tratados bilaterales y regionales de inversión a nivel mundial, en los que la formulación de los derechos de los inversionistas es a menudo sumamente vaga, lo que viene siendo aprovechado por empresas para presentar demandas contra decisiones que toman los Estados.   

Hay ejemplos para todos los gustos: la empresa Phillip Morris denunció a Uruguay porque ese país le exigía que en los paquetes de cigarrillos se mencione los efectos nocivos del consumo de tabaco; una empresa energética sueca, Vatettenfall, demandó al Estado alemán una compensación por 1,000 millones de euros debido a que ese país había tomado la decisión de abandonar la energía nuclear; El Salvador fue denunciado por la empresa canadiense Pacific Rim por la moratoria minera. En el caso peruano, las demandas inversionistas-estado ya bordean los 6 mil millones de dólares: una de las más conocidas es la de la impresentable Doe Run/Renco, que exige una indemnización de 800 millones de dólares.

Lo cierto es que en la actualidad hay países -que no pueden ser calificados como enemigos de la inversión y que de hecho reciben importantes flujos de inversiones del extranjero-, que ya no firman este tipo de acuerdos, los rescinden o los renegocian. Es el caso de Sudáfrica, la India, Brasil y Australia. Este último país, ha anunciado que dejará de incluir disposiciones sobre la resolución de diferencias inversor-Estado en sus tratados comerciales.

Mientras que en el Perú se presenta a los TLC y los mecanismos que protegen las inversiones, como el único camino a seguir, una nueva generación de acuerdos apunta a alcanzar una política de inversiones más democrática, ecológica, justa en términos sociales y que sea respetuosa de la soberanía de los países. Ese es el camino a seguir. 

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