Artículo publicado en el diario La Primera, escrito por José de Echave de CooperAcción. Siempre es interesante el análisis comparado para comprobar cómo estamos en materia de políticas públicas que deberían consolidar una estrategia de desarrollo sostenido. Uno de esos componentes claves es, sin duda alguna, la política ambiental.
¿Cómo estamos en materia ambiental? De un reciente estudio realizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y la institución peruana FEDEPAZ, se puede concluir que el Perú es uno de los pocos países de la región que sigue teniendo una gestión ambiental donde cada ministerio es, en la práctica, la verdadera autoridad ambiental de su sector y el Ministerio del Ambiente no tiene las facultades que debería tener.
Por ejemplo, mientras que en el Perú los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos mineros se siguen aprobando en el Ministerio de Energía y Minas, en Chile los aprueba el Servicio de Evaluación Ambiental, una entidad independiente del Ministerio de Minería de ese país. En Ecuador los EIA los aprueba el Ministerio del Ambiente; en Guatemala, la Comisión del Medio Ambiente y en El Salvador el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Por supuesto, si la comparación la hacemos más allá de América Latina, vamos a constatar que estamos totalmente rezagados.
Hace poco ha sido anunciada la creación del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental para la Inversiones Sostenibles (SENACE). Si bien esta propuesta podría ser un primer paso para lograr una gestión ambiental independiente, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que será debatido en el Congreso, plantea algunas dudas sobre la real magnitud de los cambios que se proponen ya que se deja muchas ventanas abiertas para que cada ministerio siga tomando decisiones que le debería corresponder a la autoridad ambiental.
Además, los sectores empresariales ya han comenzado a desplegar los argumentos de siempre: la reforma ambiental ahuyentarán las inversiones, dice la Confiep. Cabe recordar que algo similar decía la Sociedad Nacional de Minería cuando se implementaron los Estudios de Impacto Ambiental a inicios de la década del 90.
Lo cierto es que es el momento de comenzar a construir en el país un sistema de evaluación ambiental que recoja los mejores estándares globales. Las políticas públicas en materia ambiental deben respaldarse en normas eficientes que contribuyan a una verdadera estrategia de desarrollo sostenible. El análisis comparado muestra con toda claridad que en este tema debemos escalar a los primeros lugares para clasificar con el grupo de países que gestionan sus recursos con responsabilidad.
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