Artículo escrito por Eduardo Gudynas de CLAES y publicado en el diario La Primera. Actualmente, en casi todos los países sudamericanos se encontrarán enormes proyectos envueltos en conflictos intensos. Es como si cada vecino tuviera su propio “Conga”, similares al caso peruano.
Son todos emprendimientos enormes por la superficie afectada, su intensidad y sus impactos sociales y ambientales. Todos descansan en grandes inversiones. Todos son resistidas por la ciudadanía, pero son siempre defendidos por gobiernos y empresas.
Repasemos algunos de los casos de la “conguización” continental. En Brasil se construirán las represas de Belo Monte, que generará enormes lagos sobre el Río Xingú, en la cuenca Amazónica. Argentina y Chile comparten la gigantesca mina de oro Pascua Lama en los Andes. Ecuador habilitó la explotación minera de Mirador. El reemplazante gobierno paraguayo aprobó una mega planta de aluminio de Río Tinto. Uruguay está avanzando hacia el inicio de megaminería de hierro a cielo abierto.
Entre estos diferentes “Congas” existen muchas similitudes. Son megaemprendimientos que responden a inversores extranjeros en materias primas, muchos provenientes de India o China, tanto privados como estatales. El papel de los países sudamericanos es pasivo. Reciben las inversiones, y no faltan los casos en que compiten entre ellos por atraerlas (como es el caso de Argentina y Bolivia en litio).
Las evaluaciones de impacto ambiental han sido muy cuestionadas por su calidad técnica, y los procedimientos se han vuelto opacos y tortuosos. La presidencia o los ministerios productivos presionaron sobre las agencias ambientales hasta que lograron las aprobaciones. Han llegado a amenazar con desmembrar a ministerios ambientales (en Uruguay), o han reemplazado autoridades hasta dar con quien firme las autorizaciones (en Brasil).
La justificación de esas medidas se basa en argumentos como proteger la inversión extranjera, la necesidad de promover exportaciones o alusiones al empleo generado.
En todos los países esos megaemprendimientos enfrentan resistencias ciudadanas. En cada país las sociedades reaccionan a su modo, unas veces desde la institucionalización, otras veces protestando en carreteras y calles (como en Argentina, Bolivia y Ecuador). Los gobiernos han optado por defender esas inversiones, y se convierten en escuderos empresariales. A veces ofrecen dinero por aceptar los impactos sociales y ambientales, o se hostiga a los líderes ciudadanos, los inundan de procesos judiciales, y hasta los han criminalizado. En casos extremos han apelado a la represión.
Así, la “conguización” ha dejado de ser un mal peruano para padecerse en todo el continente, tanto por gobiernos conservadores como progresistas.
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