Artículo escrito por José de Echave de CooperAcción y publicado en el diario La Primera. Hace una semana, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), CooperAcción, la Mesa Técnica de Apoyo al Caso de La Oroya, la Red Muqui y el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) organizaron un foro púbico sobre el caso Doe Run y los procesos de arbitrajes internacionales al amparo de los capítulos de inversiones de los TLC. El evento contó con la participación de los especialistas norteamericanos, Melinta St. Louis de la institución Public Citizen y Matt Porterfield, profesor de la universidad de Georgetown.
El intercambio realizado permitió precisar los enormes beneficios que brindan los TLC a empresas, que incluso como Doe Run, incumplen sus obligaciones en los países que las acogen y que, sin embargo, pueden demandar por montos millonarios a los países en tribunales internacionales. Como se sabe, Doe Run y su casa matriz el grupo Renco, ha demandado al Perú nada menos que por US$ 800 millones.
Para los expertos norteamericanos, el caso Doe Run “le ofrece a los formuladores de las políticas en el Perú, una lección para que eviten aumentar la vulnerabilidad del país frente a ataques similares que atenten contra sus intereses y su soberanía”.
Además, estos mecanismos están siendo hoy en día seriamente cuestionados por varios países: Australia ha decidido no someterse a la aplicación del régimen de protección inversionista-Estado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). Brasil no aplica el sistema inversionista-Estado en sus tratados y sin embargo recibe los niveles más altos de inversiones directas en América Latina y Sudáfrica e India han comenzado a revisar los regímenes de protección a las inversiones que han firmado.
Otros países siguen incrementando la lista de los que cuestionan las reglas que han pretendido ser impuestas como el único camino posible para recibir inversiones y que los atan de manos para precisamente producir las reformas de políticas económicas, sociales y ambientales. Los datos son contundentes: según Public Citizen, gobiernos de distintos países ya han sido obligados a pagar a diversas empresas más de US$ 2,500 millones por demandas inversionista-Estado al amparo de los TLC o Tratados Bilaterales de Inversiones, firmados sólo con los Estados Unidos. Además el 70% de los casos de demandas y laudos arbitrales tiene relación con inversiones en minería, petróleo y gas.
Casos como el de Doe Run nos llevan a evaluar las reglas de protección a las inversiones en los TLC para evitar que este tipo de demandas se sigan reproduciendo y que la actuación del Estado peruano siga estando condicionada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario