Artículo escrito por César Gamboa de DAR y publicado en el diario La Primera. La semana pasada, el 19 de diciembre, el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley del SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Este es un paso importante aunque en la ley hay ciertas falencias como la facultad de decidir del Consejo de Ministros cuando un EIA sería evaluado por el SENACE o los sectores. Fuera de ello, lo más interesante fue que el presidente Humala en sus declaraciones, afirmaba que “la maximización de utilidades no es el norte de las actividades extractivas en el Perú, no necesitamos ser el primer productor en determinado mineral si conlleva a una destrucción suicida de nuestro medio ambiente. Necesitamos buscar un equilibrio”.
Escuchar lo que mencionó el presidente Humala podría significar quizás que tanto su primer gobierno (2011) como el actual (2012) no estuvieron tan alejados en objetivos, y su distancia se debe más a posicionamientos políticos, a estrategias, distintas elites que no pueden converger en consensos con el sector privado y la tecnocracia pública. Finalmente, proponer un extractivismo sensato, que permita seleccionar los proyectos de inversión, y reduzca sus impactos, posiblemente desacelerando la economía pero generando bienestar común es una opción política para el próximo año.
¿Es cierto lo que afirmamos? Nos queda claro que desde la sociedad civil existen intereses políticos, como los hay en el sector privado, y en los propios funcionarios estatales, pero si tuviéramos que simplificar los mismos, nos encontraríamos entre los que avizoran el cambio del sistema capitalista internacional, es decir, cambio al modelo de desarrollo actual, especialmente con propuestas o soluciones regionales que aún suenan muy utópicas. Mientras que por el otro lado tenemos la posición que no debemos cambiar el sistema, sino mejorarlo, reducir sus errores, potencializar sus aciertos, bajo una estrategia de baja intensidad, sumando un poco a poco lo que dure todos los años del gobierno actual.
Entonces, para el 2013 tenemos varios retos. Un primer reto es mantener a los que pretenden el cambio, que se encuentren alertas ante cualquier intención de vulnerar el medio ambiente y los derechos de la población local. Por otro lado, un segundo reto es apoyar a los que pretenden mejorar el sistema desde adentro. Lo difícil será mantener la perspectiva de sostenibilidad, una visión estratégica y una conducta coherente que permita consensos a largo plazo. Esperemos que el sector privado entienda la oportunidad y el mensaje de una apuesta de mejora a largo plazo y dejar el negocio rápido y caro, y deje de presionar.
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