Artículo escrito por José De Echave, Subdirector de CooperAcción, publicado en el diario La Primera. Ya han transcurrido unas semanas del paro
convocado por distintas federaciones de
mineros informales. El pasado 25 de marzo, el Presidente del Consejo de
Ministros René Cornejo, anunció que se había llegado a un acuerdo con las
federaciones de mineros de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca y La
Libertad, tras varios días de movilizaciones, en lo que los propios mineros denominaron
como la “Marcha de los Cuatro Suyos”.
Sin embargo, las federaciones de Madre de
Dios, Puno e Ica, no participaron de las negociaciones y se mantuvieron
movilizados hasta que fueron levantando paulatinamente la medida. Solo Madre de
Dios se ha mantenido movilizada, aunque ahora en protesta contra de un decreto supremo que controla la
venta de combustible y otros insumos.
¿En qué consiste el acuerdo? Todo indica que
si bien la fecha límite de 19 de abril se mantiene (plazo fijado por el DS
1105, para que se acojan al proceso de formalización), ahora se abrirá una
etapa que se denomina como fase de
saneamiento y que deberá concluir el 2016. Lo cierto es que habrá que
esperar la publicación de un anunciado decreto que definirá la fase de saneamiento para ver en qué
consiste y cuánto ha concedido cada actor en esta negociación.
¿Cómo evaluar el paro? Es evidente que los mineros
intentaron hacer una demostración de fuerza, teniendo en cuenta que el plazo
para la formalización se aproximaba: si bien no es la primera paralización, ni
será la última, lo cierto es que la medida pretendía mostrar que sus federaciones
han ganado en capacidad de organización y convocatoria.
Sin embargo, después de estas jornadas de
lucha queda por ver qué tan unificadas seguirán las distintas federaciones y si
tienen capacidad para levantar plataformas que vayan más allá de las demandas
conocidas y que solo apuntan a traerse abajo cualquier intento de poner orden a
sus actividades. El hecho de que unas federaciones regionales hayan optado por
la negociación y otras no, muestra que la pretendida unificación de las
diferentes organizaciones regionales no se ha logrado.
Del lado del gobierno también se necesita
evaluar lo avanzado y las estrategias en curso. Lo cierto es que los operativos
del señor Urresti, en ocasiones provocan problemas con las regiones por la
ausencia de coordinación con sus autoridades. Recientemente, el presidente
regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, mediante un oficio dirigido a Urresti, expresó su profundo rechazo a las
acciones de interdicción que este ordenó el pasado 13 de marzo, en la provincia
de Caravelí: “este tipo de acciones deterioran el clima de diálogo y los
avances logrados con dirigentes y mineros que han apostado por el proceso de
formalización”.
Se sigue constatando que desde el Estado no se
cuenta con estrategias integrales, con capacidad de intervención multisectorial
sostenida en el campo -más allá de las reuniones en las oficinas de la PCM-, para
enfrentar un fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones
del país.
La batalla por recuperar las inmensas zonas
degradadas por esta actividad ilícita, necesita mucho más que los despliegues
de dinamita del señor Urresti. Todos esperamos que el proceso de formalización
resulte y permita revertir la tendencia hasta ahora incontrolada de expansión
de una actividad que representa un alto costo social, ambiental y económico
para todos los peruanos y peruanas. Para ello se necesita, entre otras cosas,
que el Estado nacional coordine adecuadamente y también lo haga con las
autoridades regionales y locales; les brinde los recursos necesarios y apoye el
fortalecimiento de su institucionalidad. Habrá que estar alertas y seguir con
atención los próximos acontecimientos.
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