Artículo escrito por José De Echave de CooperAcción, publicado en el diario La Primera. Luego de su visita en diciembre de 2013, el
Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, acaba de presentar un
informe que no debería pasar inadvertido. Tal como se señala en la introducción,
el propósito de la visita fue conocer la situación de los pueblos indígenas en
el país, especialmente en relación a los efectos de las actividades extractivas
y los procesos de consulta.
Durante
la visita, Anaya se reunió con representantes del gobierno, las organizaciones
de los pueblos indígenas, sociedad civil y empresas, visitando localidades y comunidades en Puno, Cusco y
Loreto. Cabe señalar que Anaya visitó el área del proyecto Camisea y el Lote
1-AB, ahora denominado 192 en Loreto.
Hay
varios aspectos del informe que son llamados de atención al país. Sobre el tema
de las actividades extractivas se subraya que “diversos pueblos indígenas en el país han sufrido impactos sociales y
ambientales devastadores, y sin percibir muchos beneficios de estas actividades”.
Frente a esta constatación se propone que el gobierno peruano debería impulsar
una revisión del marco regulatorio relativo a la protección de los derechos de
los pueblos indígenas en el contexto de las actividades extractivas.
Anaya llama la atención sobre lo que ha pasado en el
caso de la ampliación de Camisea. Constata que el gobierno peruano no realizó
consultas dentro de los lineamientos de
la legislación nacional pertinente a la consulta con pueblos indígenas. Pero además,
pese a que la legislación no lo hubiese requerido, indica que se debió
haber realizado un proceso de consulta en cumplimiento de lo dispuesto por el
Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas: “el
Relator Especial no puede dejar de recordar que el cumplimiento con la
legislación nacional no necesariamente equivale al cumplimiento con las
obligaciones de los Estados dentro de la normativa internacional, la cual tiene
un carácter independiente”.
Un informe a considerar, precisamente cuando nos
acercamos a los cinco años de Bagua y se ha iniciado el juicio que trae a la
memoria los sucesos del 5 de junio de 2009. ¿Qué lecciones y cuánto se ha
avanzado en todo este tiempo? Es lamentable constatar que casi nada.
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