Artículo escrito por Alejandra Alayza de OXFAM, publicado en el diario La República. Un reciente reporte de UNCTAD nos
advierte de la cada vez más intensa suscripción y uso del mecanismo de
arbitraje inversionista–Estado (ISDS por sus siglas en inglés), por medio del
cual los Estados son demandados por la aplicación de relevantes regulaciones.
Solo en el 2013 se iniciaron 57 nuevas demandas, 27 de ellas se dirigieron
contra países en desarrollo.
Grecia ha sido demandado por
aplicar medidas en el contexto de la crisis financiera y Canadá por la
aplicación de estándares ambientales que afectaron intereses del sector
hidrocarburos. Políticas de incentivos a sectores estratégicos, revocación de
licencias, regulación de tarifas de energía, políticas de ordenamiento
territorial y zonificación, revocación de patentes, son algunos de los temas
más demandados.
Crece el número de demandas y con
ellas se suman los millones demandados, mostrando cómo se limita la soberanía
del Estado. "Blindar la economía de la política" (como sostenían con
entusiasmo algunos interesados) es el modus operandi de este cuestionado modelo
de protección de inversiones, que viene afectando principios básicos del Estado
democrático.Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/inversiones-blindaje-peligroso-15-05-2014
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