CRECIMIENTO SIN DESARROLLO

 Artículo publicado en el Diario LA PRIMERA, el 28 de marzo.

Desde 1991 al 2010 las concesiones mineras ubicadas principalmente en comunidades campesinas crecieron de 2.3 millones de hectáreas a 19.8 millones, desplazando a las poblaciones lugareñas y multiplicando los conflictos socioambientales.

La actividad minera en el país en los últimos años ha sido bastante intensa ganando cada vez más territorios, sin embargo, la extracción del recurso natural y su posterior venta no ha generado beneficios para la población donde se desarrolla la actividad extractiva. Así, lo advirtieron diferentes especialistas en el Foro “Alternativas al Extractivismo” organizado por la Red GE y otras 15 organizaciones de la sociedad civil y que busca que los candidatos presidenciales incorporen en sus propuestas el enfoque “pos extractivista”.

En el foro se indicó que las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas desde 1991 a 19,8 millones el 2010, en similar medida (76%) crecieron los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera y de Hidrocarburos. A esto se suma que el 80% de los lotes de Hidrocarburos atropellan los derechos de comunidades nativas y no respetan áreas naturales protegidas. Y sin embargo desde mayo de 2010 sigue sin promulgarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas que contribuiría a prevenir los conflictos sociales.

Lejos de garantizar el derecho a la consulta y la participación, el Ejecutivo ha aprobado, entre 2006 y 2009, 246 decretos de urgencia para flexibilizar y facilitar proyectos de inversión privada relacionados a las industrias extractivas como la construcción de infraestructura en puertos o carreteras, pero que no toman en cuentan en muchos casos las implicaciones ambientales y sociales.

“Urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar adecuadamente la explotación de los recursos naturales y la gran inversión”, señaló la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza.

Altos costos ambientales
Los costos ambientales también deben contabilizarse en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos, indicó César Gamboa, especialista de la organización civil DAR. Estimó, por ejemplo, que el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Inambari generará un canon hidroenergético anual de US$59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los US$ 90 millones según el propio Ministerio del Ambiente.

Entonces, por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de US$2.700 millones mientras que el canon de esos años será US$1.770 millones. La diferencia bordea los mil millones de dólares.

“Necesitamos internalizar los costos de esas pérdidas ambientales para establecer un criterio de sostenibilidad y equidad antes de apostar por estos proyectos”, aseguró Gamboa.

Redistribución de los beneficios
El próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población, señaló Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana. En 2010, las utilidades netas de las principales empresas mineras aumentaron en 35.5% en relación al año anterior. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces.

Pero entre 2006 y 2010 el Estado dejó de recaudar S/. 2,457 millones por regalías mineras no pagadas por las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria

Para el experto Uruguayo Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social no basta con tener mayor control y presencia estatal sobre los recursos naturales y cobrar mayores impuestos, es necesario avanzar hacía otro modelo económico que no este basado en la extracción de los recursos naturales.

Artículo publicado en el Diario LA PRIMERA, el 28 de marzo.

EL PERÚ Y EL MODELO EXTRACTIVO - Pronunciamiento Público

AGENDA PARA EL NUEVO GOBIERNO Y NECESARIOS ESCENARIOS DE TRANSICIÓN

Pronunciamiento publicado en los diarios, LA REPUBLICA, LA PRIMERA Y PERÚ 21

En el Perú necesitamos reflexionar con urgencia sobre cómo construimos un país que tenga viabilidad económica, social, ambiental, climática y energética. Años de expansión económica pero al mismo tiempo de crisis social y ambiental, han puesto en agenda la necesidad de transitar a nuevos escenarios de sostenibilidad, equilibrio y respeto irrestricto a los derechos de las personas.

Los problemas ambientales continúan agravándose de manera alarmante. Según la propia Defensoría del Pueblo, en el Perú gran parte de los conflictos sociales que se producen tienen su origen en problemas ambientales, sobre todo vinculados a industrias extractivas. ¿Cuánto le cuestan al país estos conflictos?

La estrategia de crecimiento basada en sectores extractivos, muestra sus límites y enfrenta serios cuestionamientos. Los indicadores que saltan a la vista, aparte de los propios conflictos, el incremento de la vulnerabilidad ambiental de diversas zonas del país, la disputa por recursos cada vez más escasos como el agua y las tierras agrícolas, los daños a la salud y los derechos de poblaciones que son vulnerados, sobre todo de los peruanos y peruanas más pobres. Frente a esta situación, las organizaciones abajo firmantes queremos expresar lo siguiente :

• El país necesita comenzar a definir escenarios de transición. Transición a un escenario en el que el Estado recupere presencia y capacidad de regulación y control sobre lo que pasa en nuestro territorio. Necesitamos por ejemplo: construir una verdadera autoridad ambiental independiente, con autonomía, facultades, capacidades, recursos y liderazgo, que pueda romper definitivamente con una situación donde las empresas no son fiscalizadas y supuestamente se autoregulan.

• Necesitamos ordenar y planificar el uso sostenible de nuestro territorio, con instrumentos como los planes de ordenamiento territorial y de zonificación. Se requiere contar con los diferentes niveles de gobierno para los procesos de planificación participativa del uso del territorio. Se requiere reconocer el derecho a tierras y territorios de pueblos indígenas. Requerimos una ley de Ordenamiento Territorial que proteja zonas de fragilidad ecológica que proveen importantes servicios ambientales, como es el caso de las cabeceras de cuenca, y que regule las concesiones para la industria extractiva para que sean concordantes con los planes de desarrollo territorial sostenibles.

• Es urgente mejorar y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. Necesitamos que los límites máximos permisibles de emisiones respondan a estándares internacionales. Urge perfeccionar los instrumentos de gestión ambiental. Los Estudios de Impacto Ambiental, que permiten la aprobación de los proyectos de inversión, se encuentran desfasados y han sido cuestionados por organismos internacionales como el Banco Mundial.

• El país necesita transitar de una economía profundamente extractiva y un modelo de crecimiento que en lugar de amenazar nuestra biodiversidad, la utilice de manera racional y sostenible. El Perú debe ser cada vez menos primario exportador y debe desarrollar una economía diversificada impulsando actividades de ecoturismo, utilizando el mercado de carbono, la acuicultura, el biocomercio, la agroforestería; generando al mismo tiempo empleo decente y sostenible y promoviendo la mediana y pequeña agricultura como base para garantizar la soberanía alimentaria.

• El desarrollo, con el indispensable componente de crecimiento económico, tiene necesariamente una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas, a los principios democráticos y por lo tanto a la promoción de la participación ciudadana y a la consulta previa, libre e informada. Se requiere desarrollar una institucionalidad que proteja y promueva los derechos de los pueblos indígenas, principales afectados por este modelo extractivista.

A las agrupaciones políticas que buscan gobernar nuestro país, les planteamos que el Perú necesita construir un acuerdo de gobernabilidad social, económica, cultural, ambiental, climática y energética que regule y fiscalice adecuadamente la gran inversión y que proteja nuestros recursos. El nuevo gobierno debe atender esta urgente demanda.

Revisa el pronunciamiento completo que se publicó en los diarios, LA REPUBLICA, LA PRIMERA Y PERÚ 21