Desde 1991 al 2010 las concesiones mineras ubicadas principalmente en comunidades campesinas crecieron de 2.3 millones de hectáreas a 19.8 millones, desplazando a las poblaciones lugareñas y multiplicando los conflictos socioambientales.
La actividad minera en el país en los últimos años ha sido bastante intensa ganando cada vez más territorios, sin embargo, la extracción del recurso natural y su posterior venta no ha generado beneficios para la población donde se desarrolla la actividad extractiva. Así, lo advirtieron diferentes especialistas en el Foro “Alternativas al Extractivismo” organizado por la Red GE y otras 15 organizaciones de la sociedad civil y que busca que los candidatos presidenciales incorporen en sus propuestas el enfoque “pos extractivista”.
En el foro se indicó que las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas desde 1991 a 19,8 millones el 2010, en similar medida (76%) crecieron los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera y de Hidrocarburos. A esto se suma que el 80% de los lotes de Hidrocarburos atropellan los derechos de comunidades nativas y no respetan áreas naturales protegidas. Y sin embargo desde mayo de 2010 sigue sin promulgarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas que contribuiría a prevenir los conflictos sociales.
Lejos de garantizar el derecho a la consulta y la participación, el Ejecutivo ha aprobado, entre 2006 y 2009, 246 decretos de urgencia para flexibilizar y facilitar proyectos de inversión privada relacionados a las industrias extractivas como la construcción de infraestructura en puertos o carreteras, pero que no toman en cuentan en muchos casos las implicaciones ambientales y sociales.
“Urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar adecuadamente la explotación de los recursos naturales y la gran inversión”, señaló la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza.
Altos costos ambientales
Los costos ambientales también deben contabilizarse en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos, indicó César Gamboa, especialista de la organización civil DAR. Estimó, por ejemplo, que el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Inambari generará un canon hidroenergético anual de US$59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los US$ 90 millones según el propio Ministerio del Ambiente.
Entonces, por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de US$2.700 millones mientras que el canon de esos años será US$1.770 millones. La diferencia bordea los mil millones de dólares.
“Necesitamos internalizar los costos de esas pérdidas ambientales para establecer un criterio de sostenibilidad y equidad antes de apostar por estos proyectos”, aseguró Gamboa.
Redistribución de los beneficios
El próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población, señaló Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana. En 2010, las utilidades netas de las principales empresas mineras aumentaron en 35.5% en relación al año anterior. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces.
Pero entre 2006 y 2010 el Estado dejó de recaudar S/. 2,457 millones por regalías mineras no pagadas por las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria
Para el experto Uruguayo Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social no basta con tener mayor control y presencia estatal sobre los recursos naturales y cobrar mayores impuestos, es necesario avanzar hacía otro modelo económico que no este basado en la extracción de los recursos naturales.
La actividad minera en el país en los últimos años ha sido bastante intensa ganando cada vez más territorios, sin embargo, la extracción del recurso natural y su posterior venta no ha generado beneficios para la población donde se desarrolla la actividad extractiva. Así, lo advirtieron diferentes especialistas en el Foro “Alternativas al Extractivismo” organizado por la Red GE y otras 15 organizaciones de la sociedad civil y que busca que los candidatos presidenciales incorporen en sus propuestas el enfoque “pos extractivista”.
En el foro se indicó que las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas desde 1991 a 19,8 millones el 2010, en similar medida (76%) crecieron los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera y de Hidrocarburos. A esto se suma que el 80% de los lotes de Hidrocarburos atropellan los derechos de comunidades nativas y no respetan áreas naturales protegidas. Y sin embargo desde mayo de 2010 sigue sin promulgarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas que contribuiría a prevenir los conflictos sociales.
Lejos de garantizar el derecho a la consulta y la participación, el Ejecutivo ha aprobado, entre 2006 y 2009, 246 decretos de urgencia para flexibilizar y facilitar proyectos de inversión privada relacionados a las industrias extractivas como la construcción de infraestructura en puertos o carreteras, pero que no toman en cuentan en muchos casos las implicaciones ambientales y sociales.
“Urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar adecuadamente la explotación de los recursos naturales y la gran inversión”, señaló la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza.
Altos costos ambientales
Los costos ambientales también deben contabilizarse en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos, indicó César Gamboa, especialista de la organización civil DAR. Estimó, por ejemplo, que el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Inambari generará un canon hidroenergético anual de US$59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los US$ 90 millones según el propio Ministerio del Ambiente.
Entonces, por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de US$2.700 millones mientras que el canon de esos años será US$1.770 millones. La diferencia bordea los mil millones de dólares.
“Necesitamos internalizar los costos de esas pérdidas ambientales para establecer un criterio de sostenibilidad y equidad antes de apostar por estos proyectos”, aseguró Gamboa.
Redistribución de los beneficios
El próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población, señaló Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana. En 2010, las utilidades netas de las principales empresas mineras aumentaron en 35.5% en relación al año anterior. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces.
Pero entre 2006 y 2010 el Estado dejó de recaudar S/. 2,457 millones por regalías mineras no pagadas por las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria
Para el experto Uruguayo Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social no basta con tener mayor control y presencia estatal sobre los recursos naturales y cobrar mayores impuestos, es necesario avanzar hacía otro modelo económico que no este basado en la extracción de los recursos naturales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario