lunes, 17 de diciembre de 2012

Melinda St. Louis, de Public Citizen. Desayuno con prensa. Lecciones de una demanda injusta DOE RUN VS. PERU

Exposición de Melinda St. Louis, de Public Citizen durante el desayuno de trabajo con prensa en el marco de la semana de inversiones: Lecciones de una demanda injusta. DOE RUN V. PERÚ. TLC, inversiones e industrias extractivas.


Exposición de José de Echave de CooperAcción. Desayuno de trabajo con prensa. Lecciones de una demanda injusta DOE RUN VS. PERÚ


Doe Run Perú (DRP) se ha caracterizado por ser una empresa que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos ambientales, generando altos niveles de contaminación que han afectado el ambiente y la salud de la población de La Oroya. Sus actividades colocaron a esa ciudad entre las 10 más contaminadas del mundo (según el Instituto Blacksmith en el 2007). Ninguno de los gobiernos de turno, en todos los años en los que DRP administró el complejo, adoptó alguna medida efectiva para salvaguardar el derecho a la salud de la población. El problema de afectación a la salud llegó hasta instancias del propio Tribunal Constitucional. Exposición de José de Echave, de CooperAcción durante el desayuno de trabajo con prensa.


Desayuno de trabajo con periodistas. Lecciones de una demanda injusta DOE RUN VS. PERÚ. Intervención de Alejandra Alayza, RedGE

La demanda de arbitraje presentada por la empresa norteamericana Grupo RENCO / Doe Run Perú (DRP) contra el Estado peruano, por $ 800 millones por el caso del complejo metalúrgico de La Oroya al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, constituye la primera de lo que pueden ser muchas demandas contra el Estado peruano. Las demandas constituyen amenazas concretas que pueden limitar la aplicación de las reformas necesarias para atender la agenda nacional de gobernabilidad de los recursos naturales y las industrias extractivas. Presentación de Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad durante el desayuno de trabajo con periodistas.


viernes, 14 de diciembre de 2012

Aporte para las Transiciones Nº 2. Extractivismo, territorio y conflictos. Diagnóstico situacional del extractivismo en Cusco


Artículo escrito por Jaime Borda, de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani en el marco de la Plataforma Transiciones: alternativas al desarrollo, El documento señala que la actividad minera, que se concentra básicamente en las provincias altas del Cusco, ha traído consigo una gran cantidad de conflictos sociales. Las comunidades campesinas, los frentes de defensa y la población organizada son sectores muy críticos frente a esta actividad, pues consideran que afectará de manera irremediable el medio ambiente.


Aporte para las Transiciones Nº 1. ¿Extractivismo o desarrollo?. Reflexiones desde Apurímac


Artículo escrito por Javier Malpartida, director ejecutivo de Tarpurisunchis - Asociación para la Promoción de la Educación y el Desarrollo de Apurímac en el marco de la Plataforma Transiciones, alternativas al desarrollo. El documento presenta, de manera general, algunas características del fenómeno del extractivismo, vigente hoy en Apurímac, y las reacciones o propuestas alternativas al respecto. Entendemos el extractivismo no sólo como un fenómeno económico, referido exclusivamente a los sectores en los que se concentran o no las inversiones. Más bien, asumimos que el extractivismo es un fenómeno con múltiples aristas y efectos, y, por lo tanto, impacta en la política, la sociedad y la cultura.


jueves, 13 de diciembre de 2012

LOS ARBITRAJES INTERNACIONALES


Artículo escrito por José de Echave de CooperAcción y publicado en el diario La Primera. Hace una semana, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), CooperAcción, la Mesa Técnica de Apoyo al Caso de La Oroya, la Red Muqui y el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) organizaron un foro púbico sobre el caso Doe Run y los procesos de arbitrajes internacionales al amparo de los capítulos de inversiones de los TLC. El evento contó con la participación de los especialistas norteamericanos, Melinta St. Louis de la institución Public Citizen y Matt Porterfield, profesor de la universidad de Georgetown.

El intercambio realizado permitió precisar los enormes beneficios que brindan los TLC a empresas, que incluso como Doe Run, incumplen sus obligaciones en los países que las acogen y que, sin embargo, pueden demandar por montos millonarios a los países en tribunales internacionales. Como se sabe, Doe Run y su casa matriz el grupo Renco, ha demandado al Perú nada menos que por US$ 800 millones.

Para los expertos norteamericanos, el caso Doe Run “le ofrece a los formuladores de las políticas en el Perú, una lección para que eviten aumentar la vulnerabilidad del país frente a ataques similares que atenten contra sus intereses y su soberanía”. 

Además, estos mecanismos están siendo hoy en día seriamente cuestionados por varios países: Australia ha decidido no someterse a la aplicación del régimen de protección inversionista-Estado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). Brasil no aplica el sistema inversionista-Estado en sus tratados y sin embargo recibe los niveles más altos de inversiones directas en América Latina y Sudáfrica e India han comenzado a revisar los regímenes de protección a las inversiones que han firmado. 

Otros países siguen incrementando la lista de los que cuestionan las reglas que han pretendido ser impuestas como el único camino posible para recibir inversiones y que los atan de manos para precisamente producir las reformas de políticas económicas, sociales y ambientales. Los datos son contundentes: según Public Citizen, gobiernos de distintos países ya han sido obligados a pagar a diversas empresas más de US$ 2,500 millones por demandas inversionista-Estado al amparo de los TLC o Tratados Bilaterales de Inversiones, firmados sólo con los Estados Unidos. Además el 70% de los casos de demandas y laudos arbitrales tiene relación con inversiones en minería, petróleo y gas.

Casos como el de Doe Run nos llevan a evaluar las reglas de protección a las inversiones en los TLC para evitar que este tipo de demandas se sigan reproduciendo y que la actuación del Estado peruano siga estando condicionada. 

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/los-arbitrajes-internacionales_126709.html

viernes, 7 de diciembre de 2012

“Lecciones de una demanda injusta. DOE RUN VS. PERÚ. TLC, inversiones e industrias extractivas”


Semana de inversiones
“Lecciones de una demanda injusta. DOE RUN VS. PERÚ. TLC, inversiones e industrias extractivas”
Lima, 27, 28 y 29 de noviembre del 2012


La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, en coordinación con CooperAcción, la Red Muqui, Red Uniendo Manos, la Mesa Técnica La Oroya y el Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO, con el apoyo de ONCE, realizó cuatro actividades entre los días 27 al 29 de noviembre de 2012, en el marco de la Semana de Inversiones: Lecciones de una demanda injusta. DOE RUN VS. PERÚ. TLC, inversiones e industrias extractivas, que se dividieron en: una reunión del núcleo impulsor, un desayuno de trabajo con periodistas, una reunión con aliados y expertos y un foro público. Las reuniones se desarrollaron en los hoteles Meliá, en San Isidro y José Antonio, en Miraflores, respectivamente.



Durante el desarrollo de las reuniones los expositores José de Echave, de CooperAcción, Melinda St. Louis, de Public Citizen, Matthew Potterfield, de Georgetown University y Rosa Amaro de MOSAO, hicieron un análisis de la demanda que presentó el Grupo Renco / DOE RUN PERU en contra del Estado Peruano, por la que quieren obtener $ 800 millones de indemnización, amparándose en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Identificaron los errores que llevaron al Estado Peruano a ser demandado por una empresa que ha incumplido todos los estándares ambientales; propusieron alternativas de solución para evitar futuros casos y dieron a conocer el enorme daño a la salud de la población de La Oroya que ha causado la empresa DOE RUN.


La semana de inversiones e industrias extractivas se inició el martes 27 de noviembre con la reunión del núcleo impulsor en la que se identificaron las vocerías, se definieron los temas que se iban a discutir en las demás reuniones y la temática de las intervenciones de los expositores. Con esta dinámica se logró colocar en el debate público la necesidad de reformar el marco de protección de las inversiones extranjeras vigentes.


En el marco de estas actividades se estableció una agenda de reuniones de incidencia política con autoridades del Gobierno y empresas vinculadas al tema. En ese sentido se concretaron reuniones con representantes de Right Bussines (actual administrador de la planta de DOE RUN), el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y Proinversión. 

Reunión de aliados y expertos
“Lecciones de una demanda injusta. DOE RUN VS. PERÚ. TLC, inversiones e industrias extractivas”

Lima, 29 de noviembre del 2012

La reunión de aliados y expertos se realizó en el salón Miramar del Hotel Melía y contó con la participación de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora Nacional del Agro (CNA), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Proyecto Mantaro Revive, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Género y Economía, el Centro Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Filomena Tomaira. Durante la discusión se propusieron alternativas alrededor del caso DOE RUN y se logró colocar en sus agendas la necesidad de contar con un nuevo marco de regulación para las inversiones.

Las exposiciones, a cargo de José de Echave, de CooperAcción, Melinda St. Louis, de Public Citizen y Matthew Potterfield, de Georgetown University, fueron comentadas por Anibal Sierralta del Centro Internacional de Administración y Comercio (CIAC) y el filósofo Eduardo Cáceres, de Aprodeh. La moderación de la reunión estuvo a cargo de Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la RedGE.


En esta reunión coincidieron en que el caso DOE RUN nos tiene que llevar a analizar en la necesidad de contar con nuevos marcos de regulación de inversiones para evitar futuros casos de demandas en la que el Estado Peruano podría verse condicionado frente a acciones de empresas como DOE RUN, que claramente han incumplido todas sus obligaciones. Consideraron que urge un trato justo y equitativo entre los inversionistas extranjeros y nacionales y excluir el mecanismo de arbitraje “inversionista – Estado” de los acuerdos.







El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil también es clave para hacerle frente a esta situación. En ese sentido se invitó a las organizaciones participantes e invitadas a que suscriban un pronunciamiento público que fue publicado en el diario La República, en la página 15, el día martes 4 de diciembre de 2012. En este documento los firmantes piden al gobierno peruano evaluar y ajustar el modelo de protección de inversiones que se ha venido promoviendo








Documentos entregados
A cada invitado se le entregó una carpeta que las alertas urgentes Nº 13. Antecedentes de DOE RUNA y Nº 14. Nuevo marco de regulación para las inversiones; y un compendio de lecturas propuestas por los expositores. Los documentos son:
  • Renco utiliza el TLC de Perú y Estados Unidos para eludir a la justicia por su contaminación en La Oroya,ver documento
  • Derechos de los inversionistas en el TLC entre Perú y Estados Unidos: Lecciones aprendidas y nuevos enfoques necesarios para el Acuerdo de Asociación Transpacífico, ver documento
  • Extrayendo ganancias en los tribunales internacionales - Sarah Anderson, Manuel Pérez-Rocha,  Rebecca Dreyfus y J. Alejandro Artiga Purcell, ver documento
  • Alerta Nº 14. Nuevo marco de regulación para las inversiones, ver documento

Presentaciones

Durante la reunión de aliados, los expositores realizaron las siguientes presentaciones:

José de Echave, CooperAcción / El caso La Oroya. La demanda, ver presentación
Matthew Porterfield, Georgetown University / Soberanía, constitucionalidad de los marcos de protección de inversiones. Alternativa para los cambios, ver presentación 
Melinda Saint Louis, Public Citizen / Marco alternativo para las inversiones en los TLC. Lecciones, ver presentación 


martes, 4 de diciembre de 2012

Urge nuevo marco de regulación para la inversión extranjera en el Perú

Pronunciamiento público de diversas organizaciones de la sociedad civil, publicado en el diario La República, en la que exigen al gobierno peruano evaluar y ajustar el modelo de protección de inversiones extranjeras que se ha venido promoviendo con el fin de evitar futuras demandas como la presentada por el Grupo Rengo / DOE RUN PERU, por la cual pretenden obtener $800 millones de indemnización.



TPP y nuevas reglas para las inversiones


Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. La próxima semana en Nueva Zelanda, se inicia la XV ronda de negociaciones del TPP. Junto a EEUU, Australia, Chile, México, Canadá, Singapur, entre otros, nuestro país está negociando el TLC más ambicioso del mundo que sentará las bases para el comercio y las reglas de inversión en la APEC.  Con una millonaria demanda a cuestas (al amparo del TLC), los peruanos debemos evaluar el camino y corregir errores. Urge un nuevo enfoque en las reglas de inversiones que promueven estos acuerdos.

Derechos como “trato justo y equitativo” o “expropiación indirecta” son utilizados por los inversionistas para demandar a los Estados cuando desarrollan regulaciones ambientales o de salud pública. Existen posiciones alternativas que el Perú debe asumir. La UNCTAD plantea acotar estos derechos y no limitar la capacidad regulatoria de los Estados. En el TPP, el Perú podría acompañar a Australia, país que se resiste a incluir el derecho de que un inversionista lleve a arbitraje al Estado. Las propuestas alternativas están sobre la mesa.

lunes, 3 de diciembre de 2012

La nueva fórmula: E = C2 x E2


Artículo publicado en el diario La Primera y escrito por Eduardo Gudynas de CLAES. Una nueva aritmética política parece estar difundiéndose en América del Sur: asegurar las adhesiones “electorales” (E) promoviendo el “consumismo” (C), lo que obliga a incrementar el “extractivismo” (E). Hay una relación estrecha entre todos estos factores, donde un nuevo consumismo popular se financia con mayores exportaciones de materias primas y el fortalecimiento de las monedas nacionales.

No se malinterprete lo que estoy indicando. No estoy en contra del consumo popular, y por cierto que es muy bienvenido que quienes salen de la condición de pobreza puedan acceder a elementos indispensables para sus hogares o tengan sus propios medios de transporte, allí donde sea necesario. 

En cambio, mi alerta es sobre otro énfasis que parece difundirse en varios países, e incluso allí donde hay gobiernos progresistas. Me refiero a la promoción de un consumismo indiscriminado como signo de bienestar y calidad de vida. Es suponer que comprando utensilios de plástico, una gigantesca pantalla plana o un sofisticado celular, se alcanzará rápidamente la felicidad. Es la misma postura que exhibe como grandes avances la inauguración de nuevos centros comerciales o los record en la venta de equipos de aire acondicionado, mientras no se logra resolver el acceso a la vivienda popular o una buena salud pública. Como esas metas no se alcanzan, se contentan con las satisfacciones instantáneas y de corto aliento que brinda el consumo de plásticos baratos o textiles y electrodomésticos asiáticos.

Y con todo esto se aseguran adhesiones electorales. Cuánto más feliz esté la gente, mayores son las posibilidades de capturar sus votos. Esto lo sabía muy bien Lula da Silva, quien para enfrentar la crisis financiera de 2008, traspasó masivamente dinero a los sistemas de crédito, para comprar en eternas cuotas electrodomésticos y autos. 

Varios gobiernos parecen haber abandonado su lucha por cambios estructurales para atacar la pobreza, tales como el ahorro o crédito de largo plazo para resolver el déficit de vivienda, o la reforma educativa. Parecería que su interés primario es asegurar el libre acceso a los shoppings, y lo hacen porque esto construye adhesiones electorales.

Ese consumismo necesita que el extractivismo, y las exportaciones de commodities, deban aumentar una y otra vez. Las razones electorales hacen que consumo y extractivismo queden íntimamente vinculados. Más tarde o más temprano, habrá que romper esa fórmula, y buscar una nueva matemática que tendrá que partir desde la austeridad.