lunes, 12 de octubre de 2015

Ingreso Libre. Foro Público Propuestas para transitar al Postextractivismo en Cajamarca

Los diálogos regionales sobre las alternativas al postextractivismo continúan...Esta vez Eduardo Gudynas, junto a expertos de la región Cajamarca participarán en el Foro Público Propuestas para transitar al Postextractivismo. El ingreso es libre este jueves 15 de octubre en el auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca.


miércoles, 30 de septiembre de 2015

Nobel de Economía a Humala: No permitan que el TPP encierre al Perú en relaciones comerciales desiguales




El acuerdo va a ir mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión, que han tenido más acceso al proceso de negociación que los legisladores o los ciudadanos.

Por Joseph E. Stiglitz* y Adam S. Hersh**

El presidente Ollanta Humala se apresta a enviar a Atlanta a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, para proseguir negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con representantes de otros 11 países de Asia y el Pacífico. Pero las esperanzas del Presidente peruano para lograr un acuerdo están puestas en el lugar equivocado: el TPP parece haber sido diseñado para perpetuar a países en desarrollo como el Perú en relaciones comerciales desiguales con países de economías avanzadas como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia.

Los negociadores del TPP esperan finalizar el acuerdo en los próximos días y los líderes políticos se jactarán de que están promoviendo el bienestar de países y sus pueblos. Pero la realidad es que se ha dado demasiada influencia en las negociaciones a grupos de interés específicos, en EEUU y en otras partes.

Considerando la experiencia pasada de los Tratados de Libre Comercio liderados por EEUU, y lo que podemos deducir de documentos filtrados de las negociaciones confidenciales que se están llevando a cabo, es que está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados.

Por lo general, se piensa que en una negociación una de las partes hace algunas concesiones para obtener algo a cambio, pero el Perú ganaría poco con el TPP. Ya cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, su segundo mayor socio comercial, y otros cinco países miembros del TPP.

La simple pregunta que enfrenta el Perú es si con el TPP estaría mejor que hoy. Ésta es la principal cuestión que deben considerar los negociadores peruanos. Por lo que sabemos a partir de distintas filtraciones de los textos que se están negociando, es probable que lo que se obtenga sea peor. Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán francamente altos.

En primer lugar, el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los demás. Ahora sabemos que lo que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha sea más difícil de cerrar. El resultado será que los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento, incluso si se basa en el robo de material genético de la Amazonía peruana.

En esta área, el TPP exige mucho más del Perú de lo que se acordó en el TLC con EEUU en 2009. De hecho, los grupos de la sociedad civil y los líderes del Congreso de EEUU exigieron que el Representante de Comercio –el negociador oficial norteamericano– utilizara ese acuerdo como base del TPP. Pero este Representante, en cambio, se colocó del lado de las grandes empresas del país.

El impacto de tener derechos de propiedad intelectual más estrictos se puede ver más claramente cuando se trata de apreciar cómo se están beneficiando las empresas de "Big Pharma" de las economías avanzadas. Empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán las ganancias de Big Pharma, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores.

El TPP logra esto a través de una serie de cambios aparentemente secretos en las reglas –encubiertos además con una jerga oscura relacionada con "vinculación de patentes" y "biológicos"–que en conjunto permitirían a las empresas extender sus monopolios por muchos años más. Esto sería especialmente costoso para el Perú, cuya normativa actual incentiva más el intercambio de datos (data sharing) y la investigación. La empresa Mylan, líder en la fabricación de medicamentos genéricos, ha advertido que el TPP puede, en efecto, hacer cerrar sus relaciones comerciales con los países participantes, lo que significa que no solo los peruanos deberán pagar más por los medicamentos, sino también que algunas medicinas que salvan vidas pueden dejar de estar disponibles.

En segundo lugar, el TPP reduciría la capacidad de los países miembros –entre ellos el Perú– de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque crearía mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”, aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.

Estas no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han dado lugar a este tipo de demandas. De hecho, el Perú enfrenta actualmente una demanda por US$ 800 millones de la empresa estadounidense Renco para determinar si Renco puede continuar operando una fundición de metales en La Oroya –que está considerada entre los 10 lugares más contaminados del mundo– y que también busca eludir el pago de compensaciones para las víctimas y para la rehabilitación del sitio.

En otro caso, Australia (al igual que Uruguay, que no es socio del TPP) enfrenta una demanda de las productoras de cigarrillos sobre las etiquetas de advertencia de salud pública en las cajetillas de cigarrillos con el objetivo de frenar el consumo de tabaco. Canadá, bajo amenaza de demanda, se retractó y ya no puso en marcha normas regulatorias similares. Y México se vio obligado a pagar US$ 15 millones después de que los árbitros encontraron equivocada una decisión gubernamental de cerrar un vertedero de residuos tóxicos no permitido que filtraba en las aguas subterráneas.

Éstos son solo algunos de los cientos de casos más graves que los inversores multinacionales han iniciado contra regulaciones de interés público. Los árbitros se pronuncian, con mayor frecuencia de lo que podría pensarse, a favor de los inversores o los gobiernos nacionales optan por llegar a un acuerdo para evitar las presiones legales.

El mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado es exactamente lo opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos. En el marco del TPP, los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.

Esto es particularmente importante en el caso del Perú, donde hay una larga historia de abusos contra el medio ambiente y los trabajadores por parte de las empresas. En virtud del TPP, el país podría ser demandado por cualquier cambio en las normas legales para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, sin importar cuán razonables o discriminatorias sean, siempre y cuando esto afecte las ganancias de las empresas. Y dificultaría aún más la lucha para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, y frenar la explotación insostenible de los activos ambientales del país.

Sin duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. No hay evidencia de que este tipo de protección de los inversionistas y los derechos de propiedad aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación para la economía peruana. Lo que hará será asegurarse de que una mayor parte de los salarios de los trabajadores peruanos terminen en los bolsillos de las corporaciones globales y que el Perú ya no tendrá la potestad de volver a establecer las reglas de manera que sirvan mejor a sus ciudadanos, protegiendo su salud y seguridad, el ambiente y los ricos recursos naturales del país, e incluso aseguren la estabilidad de su economía.

Si el presidente Humala quiere hacer lo correcto para el pueblo peruano dará instrucciones a la ministra Silva para que en Attlanta exija que no se retroceda en los términos obtenidos con tanto esfuerzo en el acuerdo entre el Perú y EEUU, se asegure que sus ciudadanos seguirán teniendo acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles, y rechace un TPP que deje el futuro económico del país en manos de los inversionistas de las multinacionales.


* Premio Nobel de Economía 2001, profesor en la Universidad de Columbia y economista jefe en el Instituto Roosevelt.
** Economista senior en el Instituto Roosevelt y Académico invitado en la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Expertos analizarán la necesidad de construir alternativas al extractivismo en el Perú en Foro Público en Chiclayo



La sostenida y creciente conflictividad socioambiental, asociada a las actividades extractivas, en especial por el modelo agroexportador que se viene fortaleciendo y consolidando en Lambayeque, ha puesto en el centro del debate la deseabilidad y la viabilidad a largo plazo de un modelo de crecimiento basado en el extractivismo y el progresivo agotamiento de los recursos naturales y sus consecuencias negativas en el medioambiente.

En ese sentido, los expertos Martin Scurrah, investigador y consultor de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE; Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE; Javier Ruíz, Presidente del Centro de Investigación y Promoción del Desarrollo Sostenible - CIPDES y Juan Eduardo Pisfil, de la Red Interquorum – Lambayeque, analizarán sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, los conflictos sociales generados por esta actividad, y sobre los modelos alternativos para transitar a las Transiciones y al postextractivismo, en el Foro Público “Propuestas para transitar al postextractivismo a nivel regional en Lambayeque”, a realizarse el día jueves 24 de setiembre desde las 18:00 horas en la  Sala Muchick del Hotel Costa del Sol. Av. Balta 399 Chiclayo.

Los expertos coinciden en que este panorama de creciente conflictividad socioambiental nos obliga a  buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un modelo alternativo todavía no definido pero que se fundamenta  en la defensa y realización plena de los derechos humanos y de la naturaleza. El objetivo de la reunión es buscar propuestas que podrían convertirse en políticas nacionales para evitar los enormes impactos negativos en el medioambiente, elevando su vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales como el fenómeno del Niño.

El foro público es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Eber, la Red Interquorum Lambayeque y 11.11.11, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional. 

miércoles, 16 de septiembre de 2015

La tenaza política y ecológica del cambio climático oprime a los pueblos indígenas

Artículo escrito por Eduardo Gudynas de CLAES, publicado en SERVINDI. La problemática del cambio climático impone enormes problemas y riesgos para los pueblos indígenas sudamericanos. Esto ocurre a distintos niveles, desde los impactos locales por imponer extractivimos que generan los gases invernadero, a padecer los efectos en el cambio del clima, como pueden ser episodios de inundaciones o sequías. A su vez, las condiciones políticas cada vez más duras, con el regreso de la represión en algunos países o la intromisión gubernamental para dividir a las organizaciones indígenas. Son los dos brazos de una enorme tenaza, ecológica y política, que presiona sobre los pueblos indígenas.

El brazo ecológico: impactos ambientales vinculados al cambio climático

Las comunidades indígenas sufren una variedad de impactos ambientales directamente vinculados con el cambio climático. Desde el lado de las causas se deben atender dos procesos. Uno es la deforestación y los cambios en el uso de los suelos, como ocurre con el avance la agricultura o ganadería. Muchas veces esto pasa desapercibido, pero en países como Perú, Bolivia o Ecuador, es la principal fuente de gases que alimentan el cambio climático. A su vez, ese deterioro ambiental afecta los territorios y calidad de vida indígenas; se destruyen los ambientes originales que sustentan a muchas comunidades o se pierden las prácticas agrícolas propias.

Otro factor es la extracción de hidrocarburos, que si bien serán quemados casi siempre en otros países, desde donde contribuirán al cambio climático, tienen graves efectos locales. Esos pozos de petróleo o gas desencadenan impactos locales, como desplazamientos de indígenas o contaminación del agua o suelos de sus comunidades.

Pero también existen impactos sobre los indígenas como consecuencia del cambio climático. En efecto, están en marcha alteraciones climáticas, con alteraciones en los ciclos de lluvias o la duración de los períodos secos, en los vaivenes entre olas de frío y calor, e incluso en desencadenar catástrofes naturales (como pueden ser las inundaciones). Muchos de estos problemas afectan directamente a las comunidades indígenas, a veces de manera insidiosa como puede ser la pérdida de animales o cosechas por sequía, y en otras ocasiones de forma repentina y violenta, como sucede con las inundaciones. Las comunidades indígenas tienen menos recursos paras enfrentar esta variabilidad climática o las catástrofes, y cuando ellas ocurren tardan mucho tiempo en recuperarse.

Este tipo de impactos ocurren en todo el continente y nadie escapa a ellos. Algunos territorios indígenas están doblemente afectados, tanto por los impactos locales que alimentan a los gases invernadero, como es la llegada de petrolera, como por los efectos de esta variabilidad climática. Ello es evidente, por ejemplo, en zonas de explotación de hidrocarburos en Bolivia, donde las comunidades indígenas tienen que lidiar simultáneamente con la contaminación petrolera y eventos de sequías o inundaciones.

El brazo político: restricciones, hostigamientos y criminalizaciones

Para enfrentar esa compleja situación ecológica, los pueblos indígenas necesitan de ciertas condiciones políticas. Ellas deben ir desde proteger sus derechos, implementar mecanismos efectos de información y consulta, y respetar su autonomía y organizaciones propias. Como ellos están entre los más afectados, necesitan de ese tipo de condiciones para poder hacer oír sus voces, proteger sus territorios y participar bajo condiciones de igualdad en los debates políticos nacionales e internacionales.

Sin embargo, la situación actual que se observa en América del Sur es casi la opuesta. Estamos frente al otro brazo de la tenaza sobre los pueblos indígenas: Se esconde información o cuando se la publica es inentendible, no se respetan las decisiones locales imponiéndose los extractivismos dentro de sus territorios, y cuando eso desencadena una comprensible reacción, se apela a la criminalización o la represión. Gobierno, empresarios y muchos académicos defienden esos extractivismos apelando a descalificaciones de los indígenas, exponiéndolos como ignorantes que impiden el progreso. O bien se insiste en justificar la llegada de las petroleras o la expansión agrícola prometiendo o brindando compensaciones económicas, convertidas en una taladra de mercantilizaciones que penetran poco a poco dentro de las cosmovisiones indígenas. Estos casos nos rodean, y tan solo como ejemplos, allí están en Perú los paquetazos ambientales o el debate sobre la extracción petrolera en Loreto (Perú).

Se podrá decir que muchos de estos problemas tienen una larga historia, y no hay nada nuevo en indicarlos. Pero también se puede argumentar que en algunos casos hay un agravamiento de la situación, ya que está regresando la criminalización y la represión, y desde un flanco inesperado, desde los gobiernos progresistas.

Recordemos que algunos gobiernos progresistas, como los de Lula da Silva en Brasil o Hugo Chávez en Venezuela, prometieron un nuevo relacionamiento con los pueblos indígenas. Compromisos de ese tipo fueron mucho más fuertes con Rafael Correa en Ecuador, y por ello recibió unos cuantos apoyos iniciales desde organizaciones indígenas. Seguramente los apoyos más intensos ocurrieron con Evo Morales en Bolivia, quien además se presentó como “presidente indígena”, y liderando un “gobierno para los indígenas”.

Por lo tanto, se esperaba que esos estados respetaran y escucharan a los pueblos indígenas, contribuyeran al fortalecimiento de sus organizaciones, lo que significa promover su autonomía, y se actuara para mejorar sus condiciones de vida. Importantes avances, como los derechos de la Naturaleza o de la Madre Tierra, o el concepto de Buen Vivir, sin duda sirven tanto para enfrentar el cambio climático como para respetar sus territorios e ideas. Esos compromisos obligan, sin dudar, a reducir drásticamente las emisiones nacionales de gases con efecto invernadero debidas a la deforestación, o a congelar la explotación petrolera en la Amazonia. Si se aplicaran medidas de ese tipo, no sólo atacarían el cambio climático, sino que a la vez favorecerían mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas y asegurarían la integridad de sus territorios.

Todos estos dichos ambientales no se están cumpliendo, mientras que las opciones de participación política de los pueblos indígenas siguen deteriorándose. Todo esto ya fue denunciado por las organizaciones indígenas en el marco de la cumbre sobre cambio climático en Lima (diciembre de 2015(1)).

Esas promesas no se están cumpliendo, mientras se profundizan las restricciones políticas sobre los pueblos indígenas. Se fortalece así este brazo político de la tenaza que oprime sobre las naciones originarias. Los dos componentes, el ecológico y el político, presionan especialmente sobre las comunidades locales, y ellas no tienen escapatoria.

La tenaza boliviana

La situación boliviana ilustra esta problemática, y es importante analizarla ante la invitación de ese gobierno a una nueva “cumbre de los pueblos” sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra.
Los discursos del gobierno de Evo Morales aluden a la Pacha Mama y denuncia el cambio climático global, y eso es muy positivo. Sin embargo, dentro del país ha decido aumentar la explotación petrolera y amparar ciertos tipos de agropecuaria con efectos ecológicos negativos sobre las comunidades indígenas. Ha aprobado medidas que liberan la exploración petrolera dentro de áreas protegidas (en muchas de las cuales viven comunidades indígenas), recorta derechos indígenas y minimiza las voces de alerta. Es más, allí donde surgió un bloqueo de indígenas guaraníes al ingreso de las petroleras, se aplicó la represión policial(2).

El gobierno boliviano critica al capitalismo global, pero ha anunciado un plan de apoyo a la inversión en exploración petrolera de más de 3 500 millones de dólares, una típica medida capitalista que las corporaciones aprecian. Esa enorme cifra de dinero además muestra que existen recursos económicos que lastimosamente en vez de aplicarse en la promoción de alternativas productivas o energéticas son usados para profundizar los extractivismos.

En Bolivia las acciones gubernamentales de penetración dentro de los mundos indígenas han calado profundamente. El gobierno alterna el apoyo a organizaciones y líderes indígenas afines a sus planes, con hostigamiento y castigos a quienes se oponen. Se llegó a una situación donde las dos grandes federaciones indígenas están divididas, y por eso hay una CONAMAQ oficialista y otra independiente, y de la misma manera una CIDOB alineada con el gobierno y otra autónoma(3). Se prometen compensaciones económicas a aquellas comunidades que acepten el ingreso de los extractivismos, y presiona sobre las que se resisten.

También se ha lanzado una campaña contra muchas ONG, varias de las cuales han apoyado solidariamente los reclamos indígenas. No es algo nuevo, porque muchas de ellas fueron atacadas por apoyar a la marcha indígena en defensa del TIPNIS. Pero ahora se impusieron medidas de funcionamiento más restrictivas, 38 de ellas han sido declaradas “irregulares” y se anuncia una medida similar para otras 290(4).

Finalmente, el gobierno insiste en promover a las compensaciones económicas como medio para justificar los extractivismos. Esto se puede resumir en la idea de “te contamino, pero te pago”. Esas concepciones penetran poco a poco en el seno de las comunidades, incluso dentro de las familias. Muchos las aceptan, y es comprensible allí donde las condiciones de pobreza y escasez tienen una larga historia. Pero esas medidas tienen un alto costo, ya que con ellas se aceptan que los daños a territorios, a la salud y la vida tradicional se la puede compensar en dinero. Se abren las puertas a una forma de pensar y sentir enmarcada en el dinero, una racionalidad mercantil, que penetra en las cosmovisiones indígenas.

Es evidente que el pago en dinero no devuelve a la vida a los bosques talados, ni limpiará automáticamente al agua contaminada, ni hará desaparecer los metales pesados en la sangre de los niños. Pero si es evidente que muchos de esos mecanismos terminan en tristes situaciones, como acaba de ocurrir con el Fondo Indígena boliviano, donde el dinero del petróleo desembocó en alimentar redes denunciadas por corrupción.

Estas condiciones tan restrictivas, desemboca en muchas interrogantes sobre una posible “cumbre de los pueblos” en Bolivia sobre cambio climático, si es que las voces de muchos de esos “pueblos”, los originarios, sufren estas restricciones y hostigamientos. Pero también dejan en claro como la tenaza ecológica y política presiona sobre los pueblos indígenas.

Alternativas y autonomía

Las presiones ecológicas asociadas sea a acciones que contribuyen al cambio climático como a sus consecuencias, y las restricciones políticas para abordar estas cuestiones, afectan sobre todo a los pueblos indígenas. Es necesario dejar muy en claro cómo está operando esta tenaza ecológica y política. Cada día que persiste o se profundiza esa situación, la calidad de vida de muchas comunidades empeora, las divisiones internas dentro del mundo indígena avanzan, y las pretensiones de resolver todos los problemas con compensaciones en dinero se refuerzan. Esto ocurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas.

Una vez que se reconoce todo esto, las posibles alternativas a esta tenaza ecológica y política necesariamente deben partir desde la autonomía de las organizaciones indígenas. Ellas mismas puedan discutir la situación y explorar las vías de salida, sin presiones, sin injerencias, sin divisionismos externos. Esa autonomía es una precondición indispensable, y es una obligación asegurar todos los derechos, desde aquellos que aseguran una vida digna y en libertad, a los que se expresan en el acceso a la información y la consulta. Todo esto no se agota simplemente en medidas legales, sino que requiere un cambio cultural en nuestras propias sociedades para respetar y entender de otra manera a los pueblos indígenas.

Notas:

(1) Por ejemplo, las organizaciones indígenas, en su comunicado en la cumbre de cambio climático señalaron entre otros puntos, que. (5) “El extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los gobiernos de nuestra región y que implican: ampliación de la frontera hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para la conversión de los bosques en zonas con cultivos agroindustriales.  Lo más triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica fundamental del capital global, cuyas principales víctimas somos los pueblos indígenas”. Pueblos del Abya Yala frente a los desafíos climáticos. http://www.cop20.coica.org.ec/index.php/component/k2/item/152-pueblos-del-abya-yala-frente-a-los-desafios-climaticos
(2) Guaraníes denuncian violenta represión en Takovo Mora, Página Siete, 18 agosto 2015, La Paz (Bolivia), http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/18/guaranies-denuncian-violenta-represion-takovo-mora-67049.html
(3) La ocupación de la sede de CONAMAQ y el hostigamiento a sus autoridades, fue denunciado repetidamente por organizaciones indígenas de países vecinos y la redes internacionales; ver por ejemplo comunicado de COICA, Solidaridad con CONAMAQ ante el despojo de su casa de gobierno por la política boliviana, 15 deciembre 2013.
(4) El gobierno declara “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB. Página Siete, 7 setiembre 2015, La Paz (Bolivia), http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/7/gobierno-declara-irregulares-ong-entre-ellas-cedib-69218.html

La fiesta del Banco Mundial y el FMI

Artículo escrito por José De Echave de CooperAcción. El Banco Mundial y el FMI han decidido hacer su fiesta anual en el Perú: la reunión anual de la Junta de Gobernadores, máxima instancia de toma de decisiones de estos organismos y que están conformadas por representantes de cada uno de los 188 países miembros, se reunirá en Lima. Los representantes del Perú en la Junta de Gobernadores son el Ministro de Economía y Finanzas (titular), el Viceministro de Hacienda (alterno) y ante el FMI, nos representa el Presidente del Banco Central de Reserva.  

La cita es del 5 al 12 de octubre y los preparativos ya están en marcha. Dicho sea de paso, desde hace 48 años la reunión anual de los dos organismos no se realizaba en Sudamérica. 
Pero el BM y el FMI no sólo pretenden hacer su fiesta en Lima sino que aparentemente también pretenden contarnos la historia reciente de la economía peruana. El secretario del BM, Mahmoud Mohieldin, ha dicho que la designación de la sede de la reunión anual “es sin duda un reflejo de lo que el Perú ha logrado en los últimos años en términos de estabilidad política, un marco institucional estable, solidez económica, atracción de inversiones e integración a la economía mundial”. En suma, otro promotor del denominado “milagro peruano”.

El gran problema es que la fiesta del BM y el FMI, se da precisamente cuando en realidad la fiesta ya se acabó, en el Perú y en buena parte del planeta, como lo recordaba un reciente artículo en The Economist. La supuesta solidez de la economía peruana ha comenzado a tambalear ni bien la economía mundial comenzó a estornudar y a mostrar síntomas de resfrío. 

Y esto que viene ocurriendo no es una historia nueva en el país; en realidad es algo que se repite cada vez que los precios externos de las materias primas caen. El efecto es inmediato: nuestra economía entra en proceso de desaceleración o de abierta recesión. Para hablar solamente de las últimas crisis: ocurrió a partir de 1997/1998, luego del estallido de lo que se conoció como la crisis rusa y asiática (no hay que olvidar que el fujimorato nos dejó en recesión); ocurrió en el 2008/2009 y ha vuelto a ocurrir desde el año 2012/2013.

Por lo tanto la historia que pretenden contar el Banco Mundial y el FMI es pura  ficción. No ha existido nunca la mencionada solidez y tampoco es real que la economía peruana haya crecido como consecuencia de las políticas impulsadas por estos organismos: el factor determinante que explica el crecimiento de la economía peruana, fue el inicio del súper ciclo de los precios de los commodities, principalmente de los minerales para el caso peruano. Y el inicio de la debacle coincide con el fin de este súper ciclo. Nuevamente: historia repetida y que ya conocemos desde la época del guano.

Peor aún, hay claros indicadores que muestran que ésta no ha sido en realidad una década ganada, sino más bien una nueva década perdida. Y precisamente las políticas del BM y el FMI han sido un factor determinante que impidió aprovechar el impulso que venía desde fuera a través de términos de intercambio más favorables. Algunos ejemplos: las políticas del FMI buscaron por ejemplo “privilegiar impuestos que no distorsionaran los precios relativos que determinan el mercado, en desmedro de aquellos que inciden progresivamente sobre la distribución de los ingresos” . En sencillo, se elevaron los impuestos al consumo y se redujeron los que gravan las ganancias. En el caso peruano está claro que nos hemos perdido casi una década del súper ciclo de los minerales sin aplicar el tantas veces mencionado impuesto a las sobre ganancias mineras que hubiese generado recursos para enfrentar las épocas de vacas flacas.

El Banco Mundial (BM) también hizo lo suyo y se convirtió en un actor clave en el impulso de las denominadas reformas estructurales y los ajustes sectoriales, poniendo trabas a cualquier intento de diversificar nuestra matriz productiva. Los préstamos de ajuste estructural y los ajustes sectoriales de este organismo se convirtieron en instrumentos determinantes para el desarrollo de las reformas liberales. De esa manera, el BM no solamente apoyó los cambios en las políticas de sectores productivos claves, las privatizaciones, la liberalización comercial y las inversiones, sino que también se convirtió en un riguroso evaluador del compromiso del país con estas políticas.

Lo cierto es que el cuento del milagro se terminó; el súper ciclo pasó a mejor vida y las “islas de excelencia” del MEF y el BCR hace tiempo que mostraron sus limitaciones. Pero así como no hay que olvidar el rol del BM y el FMI, es un buen momento para recordar algunas de las frases célebres de los que en el país se marearon en pleno período de crecimiento: “el Perú está blindado frente a la crisis internacional”; dijo por allí un ex presidente antes que la economía entre en recesión; “el Perú va camino al primer mundo” afirmó otro entusiasta; el ministro de Economía, preferido de Alan García, Luis Carranza, pronosticó más de una vez que el súper ciclo de los minerales duraría 30 años más. Tampoco se pueden dejar de mencionar los comunicados y declaraciones de los principales voceros empresariales y el argumento de la tramitología como factor determinante de la desaceleración de la economía, obviando lo que pasaba en el escenario internacional. 

Hay que estar alertas con los que nos dicen que la desaceleración es sólo un tropiezo momentáneo y la recuperación de los precios de los minerales se va a dar rápidamente. Cuidado con los que pretenden seguir insistiendo en un modelo agotado. En uno de los tantos anuncios de la fiesta del BM y el FMI, el ministro Segura anuncia que se va a seguir haciendo más de lo mismo, pese a que está comprobado que sus políticas no dan resultados: paquetes ambientales y sociales, “adecuación de “tramitología” y reducción de sobre costos, mediante numerosas iniciativas normativas”.

La verdad es que no estamos para fiestas; se nos vienen épocas muy difíciles. Ni el FMI ni el BM califican como historiadores serios de nuestra  economía y no estamos para que nos cuenten cuentos y menos en nuestra casa. Es una tarea pendiente hacer un balance de lo ocurrido y comenzar a pensar en las medidas correctivas que deben ser implementadas con urgencia. Iniciemos el debate  ahora en octubre y exijamos a los candidatos que se manifiesten; el proceso electoral debería ser una muy buena ocasión para generar esta discusión.








viernes, 21 de agosto de 2015

Eduardo Gudynas: Decir que Perú es un país minero refleja la incapacidad estatal para ofrecer otras salidas

Entrevista a Eduardo Gudynas de CLAES en el diario La República. 

Hace  unas semanas los trabajadores de la minera Doe Run, en Junín, La Oroya, decidieron protestar porque la empresa no pasó la licitación para seguir operando en la zona. Las razones: no cumplía con el requisito de respetar los estándares ambientales que involucraban el aire de la zona. 

Con esto, quedó descartada la presentación de ofertas económicas por el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza. La ausencia de postores estuvo motivada por la rigidez de la legislación ambiental en el país materializada en el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que recientemente aprobó el Estado.

Las protestas de los trabajadores provocaron la muerte de un ingeniero que solo estaba de visita en la planta. El proceder de ellos ha sorprendido a muchos, ya que en la zona se vive una alta contaminación ambiental que ha provocado que los pobladores tengan enfermedades por intoxicación de metales pesados. 

En entrevista con LaRepública.pe, Eduardo Gudynas, Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) nos dio su perspectiva sobre este caso, que se repite en otros países de Latinoamérica 

El conflicto en la Oroya es bastante contradictorio, los pobladores quieren el regreso de las operaciones de DOE RUN pese a que son conscientes de la contaminación que esto implicaría

En efecto, es contradictorio. Eso ocurre cuando hay comunidades que han quedado atrapadas con una actividad extractivista de alto impacto, pero que entienden que esa es su única opción económica. Expresa por un lado, la perversidad a la que se puede llegar ya que todos saben de los gravísimos impactos en la salud y el ambiente de todo el complejo minero metalúrgico, y por el otro lado, la incapacidad estatal en ofrecer puertas de salida hacia otros tipo de actividad económica o fuente de empleo. Se burlan o desechan la exploración de otras alternativas económicas. 

¿Dicen que somos un país minero. ¿Es así de cierto como suena, no podemos vivir sin minería? 

Decir que un país es minero, como si eso estuviera automáticamente grabado a fuego en cada niño que nace, como si fuera un instinto compartido por toda la nación, o como si sólo existieran esas opciones de desarrollo. Todo ello es aceptar un mito cultural que crea la imposibilidad de cualquier cambio. Es un mito que afirma que Perú es y será minero por toda la eternidad. ¿Es ese un proyecto de país al futuro? Me parece que no, comenzando por entender que Perú es un país cultural y ecológicamente diverso. Es también un país forestal, una nación agrícola, una tierra de gente con hábiles manos para hacer muchas otras cosas. 

¿Dependemos estrictamente de la minería para que Perú crezca económicamente?

Ese es otro mito, ya que hay países que no son mineros que igualmente crecen. Separando su pregunta en sus distintos componentes, por un lado debe señalarse que los factores de crecimiento para ser vigorosos no pueden depender de la venta de materias primas, las que a su vez dependen de los precios internacionales, y no son controladas por Perú. Las economías pueden crecer en sus indicadores macroeconómicos pero la calidad de vida mejora parcialmente o sus avances son frágiles.

A lo mejor la explotación de recursos naturales es una salida más fácil

Sin duda. La dependencia en exportar materias primas en América del Sur se debe a gobiernos y partidos políticos que o bien no han sabido renovarse en sus ideas sobre el desarrollo, y creen que las empresas exportadoras los mantendrán a flote, o bien se deben a que los partidos progresistas en los países vecinos renunciaron a seguir explorando alternativas al desarrollo. 

¿Qué otras opciones de inversión tendría un lugar como La Oroya, que no implique necesariamente extractivismo?

Los sitios de impactos extremos de los extractivismos, como La Oroya, son casi como agujeros negros del desarrollo. Por ello las opciones de salida no pueden pensarse solamente para la localidad, sino que deben ser entendidas regionalmente. Entre esas primeras opciones es necesario revisar cuáles son los encadenamientos agrícolas y ganaderos posibles que se pueden hacer con el resto del departamento y con los departamentos vecinos.

Cree que Latinoamérica ha mejorado o por lo menos ha bajado su dependencia al extractivismo, o ¿estamos igual?

Se ha aumentado la dependencia de los extractivismos. Todos los países han buscado ampliar su base extractivista. Por ejemplo, los que eran mineros buscaron sumar nuevos rubros, como sucedió con el litio en Argentina y Bolivia. Los que no eran mineros, quisieron entrar a la megaminería a cielo abierto como Ecuador y Uruguay. 

Todos buscan petróleo, hasta en Paraguay. Y se ha iniciado la extracción de gas por fractura hidráulica, fracking, por ejemplo en Argentina. En el país con el mayor sector industrial de América del Sur, Brasil, ocurrió una desindustrialización con un aumento notable de las exportaciones de materias primas, especialmente hierro, aluminio y soja.


martes, 4 de agosto de 2015

Mal de muchos…

Artículo escrito por Armando Mendoza de OXFAM, publicado en el diario UNO. La ausencia en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias de alguna mención significativa sobre la desaceleración económica, no solo reflejó el poco o nulo deseo de abordar temas incómodos. También evidenció que el régimen se está quedando sin balas en su cartuchera de medidas, y que su mejor apuesta sería aguantar hasta el 2016 y que el próximo gobierno cargue con la factura.

Y es que las condiciones externas excepcionales que gozamos por años; con altos precios de las materias primas que exportamos, se han acabado. La fiesta terminó, y estamos descubriendo en la resaca de todo lo vivido, que seguimos siendo una economía pequeña, dependiente y altamente vulnerable. Tuvimos una década de condiciones ideales, y ciertamente crecimos; pero no nos desarrollamos ni nos trasformamos. Apostamos todo a la fantasía de que los precios internacionales seguirían elevados indefinidamente y ahora nuestro panorama es incierto.

Uno de los aspectos más graves del fin del auge es el deterioro de los ingresos fiscales. Del 2013 al 2014 el monto de tributos pagado por las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) se redujo en casi 25%. El panorama para el 2015 es igual de malo o peor; no solo porque los precios internacionales siguen deprimidos, sino también por la rebaja en el impuesto a la renta de las empresas que el gobierno impuso, dizque para “reactivar” la inversión privada. Por supuesto, la inversión privada sigue estancada, y lo único que logró esta medida fue traerse abajo la recaudación. Al cierre del primer semestre lo recaudado por impuesto a la renta de la minería y la pesca ha caído en 40%. En el caso de hidrocarburos la caída es aún mayor: más del 50%.

Estamos hablando de miles de millones de soles que el fisco ha regalado impunemente, sin obtener compensación alguna. Eso nos pasara factura tarde o temprano, cuando el déficit fiscal apriete y por algún lado tengamos que recortar gastos. ¿Quién pagara los platos rotos?: ¿la educación, la salud, los programas sociales?.

Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen; y ese refrán puede aplicársele a nuestro país, pues a lo largo y ancho de América Latina se repiten los casos de gobiernos que se intoxicaron con los altos precios de las materias primas, y que ahora no tienen respuesta cierta frente a la desaceleración económica y el desbalance fiscal. Ese pobre consuelo les queda a nuestros gobernantes, que durante las vacas gordas se mostraron tan eufóricos como poco previsores.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/mal-de-muchos/

martes, 21 de julio de 2015

La justicia ambiental es tanto global como nacional

Artículo escrito por Eduardo Gudynas de CLAES, publicado en el diario UNO. Pocos días atrás reaparecieron las tensas vinculaciones entre globalización, extractivismos y sus efectos. Ahora fue en Ecuador, donde su presidente lanzó la idea de una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Propuesta que todos compartiríamos, pero que debe ser analizada con cuidado.

El presidente Rafael Correa enmarcó su iniciativa en conceptos que ha repetido varias veces: “La conservación, en países pobres, no será posible, si esta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de su población”. Sus dichos son correctos, pero esconden una problemática clave que debe ser puesta en evidencia.

El problema es que el gobierno Correa, al igual que en los países vecinos, cree que esa necesaria meta se logrará mediante una masiva extracción de recursos naturales para ser exportados. Por lo tanto, el bienestar queda supeditado a muchos pasos intermedios, que van desde las condicionalidades de inversores, la subordinación comercial global, instalar mecanismos que puedan capturar al menos parte de la riqueza de esas exportaciones y, finalmente, que el Estado sea honrado, efecto y ejecutivo en redistribuir esos beneficios para que lleguen a la gente. La historia muestra que esas etapas intermedias y los efectos de la extracción hacen imposible llegar a esa meta, y por ello que nuestros países siguen siendo extractivistas, sin resolver de raíz la pobreza y padeciendo duros daños ambientales.

Para evitar cambiar de raíz esa estrategia de desarrollo, los gobiernos esquivan las responsabilidades nacionales enfocándose en los problemas ambientales únicamente a escala global. Siguiendo esa moda, el presidente Correa, en el mismo discurso citado arriba, propuso crear una “Corte Internacional de Justicia Ambiental”, mediante un tratado vinculante entre estados.

Sin duda que usted y yo estaremos de acuerdo. Pero hay una trampa: esa Corte estará específicamente enfocada en “la lucha contra el cambio climático”. Con ello, la justicia ambiental parece que desaparecería para los impactos ambientales locales o nacionales, y quedaría restringida a cuestiones planetarias, y solamente en energía y cambio climático.

Algunos se asombran con esta contradicción. Pero esta es la única salida disponible para un régimen extractivista que quiera decir algo en cuestiones ambientales. En efecto, no pueden sostener una justicia ambiental local o nacional, porque si ella fuese aplicada en serio deberían cerrarse o modificarse muchos emprendimientos extractivistas. Solo les quedan las cuestiones planetarias, y mientras esos tratados se negocian, tienen años para seguir siendo extractivistas. Para tener una justicia ambiental en serio, deberá ser tanto nacional como global.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/la-justicia-ambiental-es-tanto-global-como-nacional/

Transiciones y alternativas al extractivismo en el Perú: un debate impostergable

Artículo escrito por Ana Romero de RedGE, publicado en el diario UNO. Es evidente la vocación del gobierno del presidente Ollanta Humala por priorizar la atracción de inversiones extranjeras incluso sacrificando regulaciones socioambientales, postergando derechos de las poblaciones, obstaculizando el acceso a medicamentos, por citar algunos. Y además podemos decir también, que entre las principales inversiones priorizadas están las extractivas, y la minera por excelencia.

También es evidente que este modelo que basa el crecimiento económico en la exportación masiva de materias primas, ha generado una intensa conflictividad social, el último caso de Tía María es una muestra de ello. Pero en general podemos hablar de proyectos extractivos que se imponen a pesar de las resistencias en las poblaciones locales, que muestran la represión y la criminalización de la protesta, en medio de -también un evidente debilitamiento de la democracia en nuestro país- un año pre electoral-.

Estas son muestras que es impostergable pensar en alternativas al extractivismo en el Perú. Es un debate que se hace cada vez más necesario frente a un modelo que ya no se sostiene más.
En este marco es que el día de mañana martes 14 de julio se presentan tres libros claves (en un Foro Público en la UARM a las 5.30 pm), en los que se plantean caminos y propuestas de alternativas al extractivismo en el Perú.

Eduardo Gudynas, en su libro Extractivismos. Ecología y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, editado por la RedGE entre otros; analiza los impactos de los extractivismos que imponen formas particulares de entender la Naturaleza, en concebir la política y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente, y en acoplarse a la globalización, tal como lo dice el propio autor.

Por otro lado, José de Echave en su libro editado por CooperAcción y RedMuqui entre otros, La minería en el sur andino: los casos de Cusco y Apurímac, presenta un análisis muy completo sobre las tendencias de la minería en estas dos regiones y muestra la ausencia de un debate público que corresponda a la magnitud de las transformaciones, y presenta algunas propuestas necesarias para regular y limitar la expansión minera considerando los derechos de las poblaciones locales y de la propia naturaleza.

Finalmente, en el marco del trabajo que el PTDG y BD vienen desarrollando presentan una reflexión sobre los principales problemas del sistema económico-político actual que viven nuestros pueblos y movimientos sociales en Alternativas para la Vida. Más allá del desarrollo. Documento clave porque son resultado de un trabajo colectivo entre dirigentes sociales, investigadores, activistas, ente otros. 
Ver en: www.redge.org.pe

Ver en: http://diariouno.pe/columna/transiciones-y-alternativas-al-extractivismo-en-el-peru-un-debate-impostergable/

Economistas del siglo pasado

Artículo escrito por José De Echave de CooperAcción, publicado en el diario UNO. Hace unos días, el Premio Nobel de Economía, Joseph Sitiglitz señalaba (Le Monde 11/07/2015) que se tiene que redefinir varios conceptos en la economía. Uno de los conceptos que menciona es el del crecimiento: “hay que cambiar los métodos que utilizamos para medirlo, para que éste refleje realmente la sostenibilidad de las actividades económicas”. Según Stiglitz, no incorporar el criterio de sostenibilidad provoca serias distorsiones en las evaluaciones y proyecciones económicas. 

Algo de esto le pasa al publicitado estudio, encargado por la Confiep y realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE): “El Costo Económico De La No Ejecución De Los Proyectos Mineros”, que llega a la conclusión que el país habría perdido 67 mil millones de dólares por conflictos sociales y/o trabas burocráticas. 

En el estudio del IPE no aparece ni por asomo el criterio de sostenibilidad que reclama Stiglitz. El enfoque del estudio en relación a la minería se puede resumir de la siguiente manera: el país tiene que hacer toda la extracción posible en el más breve plazo de tiempo posible.
Esta lógica de extracción exacerbada, a todas luces no tiene viabilidad social y ambiental (lo muestran los conflictos asociados en el Perú y en todo el mundo), ni tampoco viabilidad económica si se incorpora el criterio de sostenibilidad propuesto por Stiglitz.  

Lo que los economistas del IPE definen como trabas burocráticas y problemas sociales, en muchos casos son precisamente intentos de construir esa lógica de sostenibilidad que a todas luces hace falta y que tiene que expresarse en políticas públicas que generen equilibrios sociales, ambientales y también económicos. 

Por lo tanto las “demoras” aludidas deberían permitir construir sostenibilidad en las relaciones y en muchos casos también terminan ampliando beneficios económicos y hasta montos de inversión. Un ejemplo de ello es el caso de mal citado proyecto Las Bambas: inicialmente era una inversión de menos de US$ 5 mil millones y en la actualidad -según un último reporte del Ministerio de Energía y Minas- ya bordea los US$ 10 mil millones. Esta cifra no ha sido tomada en cuenta en las sumas y restas del IPE.

A estas alturas no se puede pretender seguir actuando como si la economía se moviese al margen de la realidad. Ya no estamos en el siglo pasado y análisis como los del IPE no toman en cuenta variables fundamentales, como la ambiental, la crisis climática, etc. Estos temas no aparecen en las proyecciones de economistas que al parecer se han quedado anclados en el siglo pasado. 

Se necesita recuperar sensatez para evitar que se sigan implementando políticas erradas. Alberto Acosta señala en un reciente trabajo que: “cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede durar para siempre en un mundo finito es loco o economista”. Para no generalizar, precisamos: un tipo de economista, los del siglo pasado. 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/economistas-del-siglo-pasado/

martes, 9 de junio de 2015

Cuidado...

Artículo escrito por Armando Mendoza, consultor de RedGE, publicado en el diario UNO. En estos días se han dado dos noticias que a todos los peruanos nos deben de interesar, por sus implicancias. La primera noticia es que el Consorcio Camisea perdió su arbitraje internacional con el Estado Peruano por evasión de regalías. Cuál era la gracia. Pues que el Consorcio exportaba nuestro gas a un destino a un precio determinado, pero una vez fuera del país el gas era reexportado y vendido en otros mercados a un mayor precio, sin pagar las regalías correspondientes. Ahora el Consorcio tendrá que pagar al Perú US$ 65 millones de dólares (¡casi nada!).

La segunda noticia es que el Gobierno; que anda ya por su cuarto o quinto paquetazo “reactivador”; decidió dejarse de sutilezas y ahora pide al Congreso que le otorgue facultades legislativas para promover y agilizar la inversión privada; es decir, la capacidad para emitir leyes sin necesidad de debate y aprobación. En otras palabras, tranquilos peruchos, el piloto automático se acabó, pero cierren sus ojitos y confíen, que vamos a aterrizar bien.

¿Y para qué las solicita?, bueno, digamos que las facultades demandadas son tan amplias y ambiguas que permitirían legislar sobre casi cualquier aspecto de la política económica, incluyendo temas tan críticos como las asociaciones público-privadas, los mecanismos de obras por impuestos, la exportación de energía y la promoción de concesiones mineras. Todo en aras de fomentar la inversión privada.

Estas dos noticias, que parecen aisladas, en realidad calzan cuando se considera que son cara y sello de lo que puede suceder cuando se debilita o abandona el rol regulador y planificador del estado en temas de interés nacional. Y ese es el gran riesgo de otorgarle carta blanca a un Gobierno que se ha dedicado a desmantelar regulaciones y salvaguardas, so pretexto de relanzar la economía.

Es indispensable promover la inversión privada para asegurar el crecimiento y desarrollo del Perú. Pero lo que no puede hacerse es deidificarla e ignorar que es necesario un balance entre los intereses públicos y privados, y que el estado no puede renunciar o debilitar su capacidad de establecer parámetros y condiciones. La noción de que automáticamente el privado hará lo mejor para el país es una falacia, como demuestra lo sucedido con el Consorcio Camisea.

Hemos tenido demasiados casos de corporaciones que evaden impuestos, mezquinan sus obligaciones socioambientales y negocian en salitas como para creer que la inversión privada se rige por criterios filantrópicos. Hay que defender y preservar las prerrogativas y derechos de la nación. Y ello no lo lograremos dándole libertad a este Gobierno, sumiso frente a la gran inversión, para que emita entre gallos y medianoche una lista de lavandería de desregulaciones y privilegios.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/cuidado/

viernes, 5 de junio de 2015

El posextractivismo no es un cuento, por Eduardo Gudynas

Respuesta al artículo Los dilemas de la Tía, de Manuel Pulgar-Vidal


Días atrás, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, dedicó buena parte de su artículo “Los dilemas de la Tía”, publicado en El Comercio el 24 de mayo, a describir mis propuestas de un posextractivismo, para enseguida criticarlas y descalificarlas. 

Comencemos por aclarar que extractivismo y minería (o explotación petrolera) son dos conceptos distintos. Los extractivismos, en plural, son apropiaciones de grandes volúmenes de recursos naturales, en que la mitad o más son exportados como materias primas. Por lo tanto, no todas las actividades mineras califican con ese tipo de apropiación, una diferenciación que la nota del ministro confunde una y otra vez. Esto hace que el posextractivismo no se oponga a la minería, sino que propone poder dejar atrás, de una vez por todas, el papel de ser meros proveedores de commodities. Esto se busca por medio de transiciones, bajo condiciones democráticas y defendiendo la información y participación ciudadana.

Cuando se presenta ese objetivo, las críticas comunes son tildarlo de romántico, “ideológicamente” sesgado o carente de “datos duros”, y como no serían alternativas “serias”, no hay más remedio que seguir siendo vendedores del patrimonio natural, y aceptar todas sus cargas de impactos. Esas ideas, que están en la nota de Pulgar-Vidal, carecen de fundamento. 

Tampoco es cierto que el posextractivismo quiera limitar las inversiones. Muy por el contrario, busca alentarlas, pero bajo regulaciones sociales y ambientales, para no caer en la trampa de los especuladores y para promover reconversiones hacia modos de producción sustentables. Se busca desactivar los subsidios perversos y escondidos, donde dineros nacionales cofinancian empresas extranjeras, y en cambio montar subsidios legítimos para apoyar emprendimientos nacionales.

Cuando el posextractivismo cita modelos económicos para reformar la carga tributaria no es ni una locura ni una radicalidad de la vieja izquierda. Por el contrario, la idea de impuestos a las sobreganancias se discutió intensamente en la última campaña electoral en el Perú, y era defendida, por ejemplo, por el gobierno francés de Nicolas Sarkozy y por el billonario George Soros. Bajo la perspectiva de la nota de Pulgar-Vidal, debería pensarse que Sarkozy y Soros serían simpatizantes de Tierra y Libertad, tendrían “posición ideológica” en la izquierda “bucólica”, y serían ahuyentadores de inversores. 

El ministro cuestiona que los posextractivistas quieran planificar la inversión en atención a la estabilidad de un país por encima de la rentabilidad empresarial. ¿Pero no debe ser el gobierno el primero en velar por la estabilidad económica nacional? ¿Atender primero a los balances de tal o cual empresa no pone en riesgo la autonomía nacional? El posextractivismo tiene una respuesta clara: se debe recuperar ese papel en el Estado.

Desde otro flanco, Pulgar-Vidal critica al posextractivismo desde una defensa de acuerdos de libre comercio como la Alianza del Pacífico. Allí hay una confusión conceptual, ya que no es lo mismo un acuerdo de liberalización comercial que un proceso de integración. Y además hay un olvido político, ya que los extractivismos imponen dependencias económicas. 

A diferencia de lo que dice Pulgar-Vidal, el posextractivismo tiene claro que la recomposición de la integración no puede repetir los problemas de la Unasur o del Mercosur. Busca, en cambio, articular cadenas agropecuarias e industriales entre países vecinos, en procesos que en cierta medida se asemejan a los modos más positivos de la integración europea. A juzgar de lo escrito por el ministro, no hay nada que aprender de la integración europea, y, en cambio, el futuro del país será de un eterno exportador de materias primas. 

Se llega así a un último aspecto que entiendo es el más revelador en la nota del ministro: en su artículo no presenta ningún argumento ambiental. Impacta que defienda la necesidad e inevitabilidad de los extractivismos solo por consideraciones económicas, y que además son externas al Perú (inversiones o TLC). Nada se aporta sobre daños o soluciones ambientales. 

Esto no es raro. Es que los actuales extractivismos tienen impactos tan negativos, que pocas veces tienen soluciones tecnológicas, y, por lo tanto, no son defendibles desde una análisis ecológico serio (y por ello se evitan las revisiones independientes de los estudios ambientales). Se cae en una curiosa situación, que se repite en países vecinos, donde un ministro del Ambiente hace defensas económicas o se enfoca en cuestiones globales (como el cambio climático), esquivando las duras decisiones nacionales. 

Para evitar todo esto, necesitamos explorar condiciones de salida a los extractivismos. Si un ministro del Ambiente está comprometido con el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos naturales en primer lugar para las necesidades nacionales, debería ser el más interesado en acompañarnos en esa tarea, en lugar de impedirla.


miércoles, 3 de junio de 2015

Curso Nacional Transiciones y alternativas al extractivismo. Aportes para el debate en el Perú. Lista de Postulantes

Curso Nacional
Transiciones y Alternativas al Extractivismo. Aportes para el debate en el Perú
Lima, Perú 14, 15 y 16 de julio de 2015
 
 
Muchas gracias a todos y todas por sus postulaciones. Aquí la lista de las personas seleccionadas:
 
1.- Datsa Amado Ukuncham Yampis, Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa - ODECOFROC, Amazonas
 
2.- Santiago Jesús Manuin Mayan, Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica – SAIPE, Amazonas
 
3.- Jorge Luis Corcuera Lujan, Centro de Promoción y Desarrollo Rural – CEPRODER, Apurímac
 
4.- Sonia Noemí Ramos Baldárrago, periodista de Comunicando Naturaleza, Arequipa
 
5.- Christian Yony Arango Vallejos, Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, Ayacucho
 
6.- Gladys Yovana Mamani Choqueza, Derechos Humanos Sin Fronteras, Cusco
 
7.- Edwin Diego Flores Gonzales, Asociación Nacional de Productores de Algodón – ANPAL, Ica
 
8.- Williams Ricardo Jurado Zevallos, Asociación Civil Comité de Vigilancia del Humedal de Santa Rosa, Chancay
 
9.- Miller Vidal López Santillán, Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes – FECONACO, Loreto
 
10.- José Manuyama Ahuite, Comité de Defensa del Agua, Loreto
 
11.- Zoraida Florencia Peña Romero, Federación Regional de Comunidades Campesinas de la Región Pasco – FEDECCNPA, Pasco
 
12.- Florentino Rojas Torres, Federación Departamental de Comunidades Campesinas y Nativas, Pasco
 
13.- Raúl Pedro Rojas Vargas, Sub Gerencia de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Puno
 
14.- Luis Alberto Alvarado Zavala, Defensoría del Pueblo, Lima
 
15.- Jorge Humberto Meneses Saco, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC, Lima
 
16.- Karen Del Biondo, 11.11.11, Lima
 
17.- Dina Guisell Muro Orbezo, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Lima
 
18.- Rocío Silva Santisteban Manrique, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, Lima
 
19.- Omar Olivares Yzarra, Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos – Latindadd, Lima
 
20.- Jorge Falla Cordero, Compañía de Minas Buenaventura, Lima
 
21.- Milagros Amalia Paz Zegarra de Gacon, Central Autónoma de Trabajadores del Perú – CATP, Lima
 
22.- Javier Rodolfo Jahncke Benavente, Red Muqui, Lima
 
23.- Denisse Chávez Cuentas, DIAKONIA, Lima
 
24.- Patricia Amat y León Rodríguez, Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía – RENTE, Lima
 
25.- Mattes Templemann, Red Muqui, Lima
 
26.- Juan Carlos Soriano Yábar, 350°, Lima
 
27.- Abel Hemigidio Gilvonio Cárdenas, CooperAcción, Lima
 
28.- Erika Lorena Del Carpio Suarez, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC, Lima
 
29.- Alejandro Manuel Granados Zavala, Proyecto Ecoreporteros – CAJU, Lima
 
30.- José Carlos Zuñiga Moreno, Movimiento Sembrar, Lima
 
31.- Lauren Nutter, Institute for Environmental Conflict Resolution – USIECR, Estados Unidos
 
32.- Dilser Ivan Carrasco Huamán, Red Interquorum, Lambayeque
 
33.- Gladis Edita Carlos Céspedes, Red Interquorum, Lambayeque
 
34.- Candy Anahí Aldana Paredes, Red Interquorum, Cajamarca
 
35.- Elías Cachi Chiclote, Red Interquorum, Cajamarca
 
36.- Nataly Jimena Huamán Zegarra, Red Interquorum, Cusco
 
37.- Jose Rollfy Vergara Dueñas, Red Interquorum, Cusco
 
38.- Oscar Huisa Huarca, Frente Único de la Juventud de Espinar – K´ANA FUJEK, Cusco
 
39.- Milton Sánchez 
 
40.- Hanne Cottyn, CATAPA, Cajamarca
 
41.- Manuel Amilcar Chávez Vásquez, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES, Cajamarca
 
42.- Mauro Mazzacani, Asociación Madre Coraje, Apurímac
 
43.- Víctor Raúl Rodríguez Moreno, Partido Político Tierra y Libertad, Lima




Informes www.redge.org.pe o al correo cursosredge@gmail.com.pe

martes, 2 de junio de 2015

La OCDE y Tía María

Artículo escrito por José De Echave, de CooperAcción, publicado en el diario UNO. Uno de los temas que salta a la vista en el conflicto Tía María es la extrema precariedad y  poca credibilidad de los procesos de evaluación ambiental vigentes en el país. La manera como el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) es  manejado por actores privados y cómo el Estado evalúa y toma las decisiones, es hoy en día uno de los temas centrales que genera desconfianza y falta de credibilidad. 

Este es un tema clave para el país, más aún cuando pretendemos ingresar a la exclusiva  Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el club de los 30 países más desarrollados del planeta. El proceso establecido para ser parte de la OCDE incluye una serie de requerimientos que los países deben cumplir, por ejemplo, en materia ambiental.  

El caso de Chile es bastante ilustrativo. El 2007, este país inició el proceso de incorporación a la OCDE y tuvo que adoptar 52 compromisos en materia ambiental, que iban desde el fortalecimiento y desarrollo de la institucionalidad, ordenamiento territorial, control de contaminación atmosférica, gestión integral de cuencas, planes y estrategias de diversidad biológica, asignación de recursos para proteger ecosistemas,  etc. 

En ese período, Chile creó los tribunales ambientales, la superintendencia de medio ambiente, la reforma al sistema de evaluación ambiental y aprobó la norma de calidad del aire para material particulado. Es solo después de implementar estas exigencias, que Chile fue admitido en la OCDE el año 2010, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en lograrlo.  

Por lo tanto, las lecciones son claras: se requiere elevar estándares y no bajarlos. ¿En eso estamos? Lamentablemente no. Las leyes aprobadas en los dos últimos años van en sentido contrario y han hecho retroceder lo poco que se había avanzado en materia ambiental. El EIA de Tía María fue aprobado precisamente bajo esta nueva normativa y ya vemos los resultados.

La tendencia de la actual política ambiental nos aleja cada vez más del primer mundo, y nos confina a la tercera o cuarta división y no estamos hablando de futbol; nos referimos a  un tema fundamental para cualquier estrategia seria de desarrollo sostenible para el país. 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/la-ocde-y-tia-maria/

lunes, 18 de mayo de 2015

Incertezas globales, nerviosismos locales

Artículo escrito por Eduardo Gudynas, de CLAES, publicado en el diario UNO. Las condiciones globales y las reacciones nacionales una vez más aparecen estrechamente determinadas. Las incertidumbres en la economía y comercio internacional están llevando a un creciente nerviosismo en los gobiernos sudamericanos. En lugar de calmarse para buscar las mejores opciones económicas y sociales, hay Estados que parecen caer en el pánico, y profundizan los extractivismos con tal de seguir exportando.

En efecto, en los mercados internacionales han caído los precios de las materias primas y la disponibilidad de dinero para inversiones (y los préstamos son más caros). Nuestro gran comprador, China, se desacelera. El comercio global crece muy modestamente (menos del 4% en 2015), y espacios  de negociación, como la Organización Mundial de Comercio, están estancados.

En el pasado, casi siempre la marcha de los precios de nuestras commodities era diversificada, donde algunas caían, pero otras se mantenían estables o subían. Pero la alarma actual se debe a que en los últimos 12 meses, cayeron todos los precios.  La mayor reducción ocurrió con el petróleo (-45%), y le siguieron alimentos (-23%) y metales (-21%).

Ante situación, varios gobiernos se pusieron nerviosos. No contaban con muchas alternativas económicas y productivas porque todos ellos, sin excepción, no diversificaron sus bases productivas y económicas. Por lo tanto apelan a seguir exportando materias primas.

Para compensar la caída en los precios, se lanzan a multiplicar los volúmenes extraídos. Para mantener los emprendimientos, flexibilizan las normas sociales y ambientales.  Para seguir recibiendo inversión extranjera, dan nuevas concesiones y tejen subsidios ocultos, y llegan a aceptar dudosos acuerdos comerciales con China.

Estas supuestas soluciones son todavía más gravosas, los impactos locales sociales y ambientales de esas extractivismos se multiplican, se refuerza la resistencia ciudadana, y por ello, para mantenerlos, los gobiernos caen en sesgos autoritarios.

La lección es clara: dejaron pasar la posibilidad de construir transiciones post-extractivistas aprovechando los ingresos extraordinarios que recibían. Ojalá aprendan, y retomen ya la búsqueda de alternativas para no seguir dependiendo de las materias primas.


miércoles, 13 de mayo de 2015

¿Finalmente Sierra del Divisor?

Artículo escrito por César Gamboa de DAR, publicado en el diario UNO. Asistiendo a un evento internacional sobre tenencia de tierra y cambio climático (Oslo), uno podía concluir lo difícil que será lograr que se implemente el Acuerdo Perú Noruega para conservar el todo que es la Amazonia. Sin embargo, hay algunos retos más cercanos y asequibles como la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor.

Un poco de historia de parte. Hace casi 08 años, Derecho Ambiente y Recursos Naturales fue invitado a formar parte de un grupo de sociedad civil, junto con organizaciones conservacionistas e indígenas, para acercar ambas agendas en la protección de esta área de 1.4 millones de has, tan rica en biodiversidad y donde viven pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Finalmente, después de un dialogo complejo, se logró tener una posición común de avanzar en la protección integral del área, lo que permitiría la coexistencia de un área protegida con la existente ya Reserva Territorial Isconahua. Es algo que las organizaciones siguen proponiendo para otros pueblos como los Mashco Piros.

Este gobierno no se ha caracterizado por la creación de áreas protegidas. Han pasado los años y las amenazas han crecido, no podemos hablar de un mosaico de áreas, sino de múltiples amenazas en una frontera donde pasa la tala y minería ilegal, así como el narcotráfico; una posible carretera y proyectos de hidrocarburos no hacen más que potencializar posibles impactos indirectos y donde sería necesario un ordenamiento más integral de la Cuenca del Ucayali, que va más allá de la conservación de la biodiversidad, al menos, pensando a futuro.

Mientras ello ocurre, nos unimos para que Sierra del Divisor sea un Parque Nacional que proteja al mono guapo colorado, el Cerro el Cono y a los pueblos indígenas Isconahua que habitan en él. Quizás la creación de un parque más en la Amazonia no sea la solución para conservar el bosque, y por otro lado, no hay voluntad política de titular tierras y reconocer territorios indígenas en un año pre electoral. Mientras las cosas son lentas, las amenazas actuales van avanzando y Sierra del Divisor puede ser parte de un mosaico de áreas complementarias con la convivencia de pueblos indígenas aislados, siendo la fórmula, en muchos sentidos, para impedir que se produzcan más contactos forzosos con ellos. Al menos, por ahora.

jueves, 23 de abril de 2015

FMI y BM: ¿aliados del nuevo paquetazo?

Artículo escrito por Alejandra Alayza de OXFAM, publicado en el diario La República. La semana pasada, mientras la Agenda del Pleno del Congreso anunciaba el debate del PL 3941, Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible, en el marco de las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Alonso Segura, buscaba aliados que dieran un espaldarazo a la reforma.

En el Perú, expertos, organizaciones indígenas y la propia Defensoría del Pueblo advertían de las graves consecuencias que sobre derechos de pueblos indígenas y comunidades a sus tierras y territorios tendría la aprobación de este nuevo paquetazo. En Washington, el ministro Segura afirmaba que “el FMI y el BM confían en que el Congreso de la República apruebe las medidas enviadas por el Ejecutivo para reactivar la economía”.  ¿La Sra. Christine Lagarde del FMI y el Sr. Jim Yong Kim del BM estarían al tanto de los complejos detallitos a los que los invita el ministro? Seguramente no. Y seguro tampoco se enteran de que el PL 3941 pone en riesgo el derecho a la tierra de al menos 1.166 comunidades amazónicas y centenares de andinas pendientes de titulación, violando el Convenio 169. Pero lo que sí, es que estas críticas no les resultarán para nada nuevas.

El debilitamiento de las salvaguardas del Banco Mundial en el contexto de la competencia por inversiones, así como el incumplimiento de estándares sociales y ambientales en proyectos apoyados por su brazo financiero, la Corporación Financiera Internacional (IFC), se acumulan. Casos como el de Honduras, Guatemala e India muestran cómo la IFC ha apoyado financieramente a empresas que han empujado a sus comunidades fuera de sus territorios, desconociendo principios que ellos mismos pregonaban. La angustia global por enfrentar la desaceleración económica busca erráticas salidas. En este contexto, la presión a la baja de estándares sociales y ambientales, en el marco de la competencia por el control de tierras y territorios, es una dramática constante.

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/fmi-y-bm-aliados-del-nuevo-paquetazo-23-04-2015

miércoles, 22 de abril de 2015

Desaceleración económica; ¿lección aprendida?

Artículo escrito por Armando Mendoza de OXFAM, publicado en el diario UNO. Escasamente hemos pasado el primer  trimestre, pero los signos son más que evidentes: 2015 será un mal año en lo económico y lo social. El producto interno apenas crece, las exportaciones han caído, la inversión privada no despega, y la inversión pública tampoco da para mucho. En suma, un escenario poco alentador, en el que se multiplican las noticias negativas. Más allá del optimismo estereotipado  que el Ministro de Economía pasea por los foros internacionales, podremos considerarnos afortunados si cerramos el año con un crecimiento del PBI superior al 3%.

Lo interesante es que este contexto no trae nada nuevo o que no se hubiera visto venir. Quien se tome el trabajo de revisar diarios y páginas web, constatará que desde buen tiempo atrás muchas voces ya señalaban que el auge de las materias primas estaba llegando a su fin, que nuestra economía mostraba ya los primeros indicios de estarse frenando, y que era urgente establecer  alternativas para viabilizar un crecimiento sostenible en el tiempo. 

Pero entonces, si este 2015 tiene el sabor de crónica de una crisis anunciada, ¿Por qué no se actuó en su momento para prevenirla o aminorarla? ¿Por qué no se tomaron con tiempo medidas razonables y razonadas? ¿Por qué, como tantas veces en el pasado, se actúa tarde mal y nunca?.

Parte de la respuesta a estas preguntas radica en un hecho innegable: en el Perú estamos atrapados en el modelo primario exportador, y este encajonamiento no es un hecho casual. La realidad es que en décadas recientes las políticas públicas; o la ausencia de las mismas; nos han llevado gradual e inexorablemente a la encerrona de las materias primas, adictos y sujetos a sus ciclos de auge y depresión que son bien conocidos, pero que parece que en el Perú las autoridades y los tecnócratas recién están descubriendo.

Y es que más allá de discursos, eventos y publicaciones, temas críticos para el país como la diversificación productiva, el desarrollo industrial, o la generación de mercados internos, han ocupado un lugar secundario en la agenda del estado. Seguimos siendo una economía altamente dependiente y vulnerable, poco competitiva y que genera poco valor agregado, y que una vez pasado el boom encara un panorama incierto. Que eso pase es una responsabilidad que recae directamente en gobiernos que desaprovecharon los años de auge y descuidaron las bases para un desarrollo sostenible.

¿Que tenemos entonces? Más allá de los paquetazos “reactivadores”, que no han reactivado mucho, lo que se ve desde el estado es una fuga al futuro: aguantar y esperar hasta que el próximo auge de las materias primas llegue. Lamentablemente, seguimos siendo un país sin estrategia ni visión, y que se rehúsa a aprender la lección. 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/desaceleracion-economica-leccion-aprendida/