lunes, 22 de agosto de 2016

Curso Macroregional Sur Alternativas al Extractivismo. Construyendo el buen vivir desde las regiones

Curso Macroregional Sur
Alternativas al Extractivismo. Construyendo el buen vivir desde las regiones
Cusco, 19, 20 y 21 de julio de 2016

El curso macroregional sur, dictado por Eduardo Gudynas de CLAES en la ciudad del Cusco, abordó la problemática del desarrollo, en especial sus expresiones actuales que son los diferentes tipos de extractivismos, y las posibles alternativas. Aprovechando una audiencia que era tanto diversa como activa, en este curso se siguió una metodología de múltiples abordajes a esos tres aspectos. 
 
Se comenzó analizando un componente destacado en el abanico conceptual del desarrollo, luego se abordó sus expresiones en el extractivismo, para lo cual se contó con los aportes invaluables de los asistentes (provenientes de departamentos del sur de país como Puno, Arequipa, Apurímac y Cusco). Eso permitió considerar las diferencias pero también las similitudes de emprendimientos extractivos, por ejemplo mineros. Finalmente, se discutió cuáles podrían ser las alternativas a esos extractivismos, que a la vez fuesen alternativas al desarrollo. 
 
De esta manera, a partir de cada ejercicio, se construyó un cuadro sobre los aspectos centrales en las ideas actuales sobre el desarrollo, sus expresiones extractivistas en minería, hidrocarburos, agricultura y forestación, y luego, las posibles salidas alternativas para no quedar atrapados en el papel de un país que solamente es proveedor de materias primas. Los componentes conceptuales del desarrollo quedaron en evidencia, tales como, el mito del crecimiento económico, la adhesión a la idea del progreso, o que los extractivismos son una industria. 
 
En el curso repetidamente se alertó sobre las dificultades que tiene pensar y diseñar alternativas a las ideas del desarrollo que están tan profundamente arraigadas. Ante ello, se repitieron ejercicios grupales donde se elaboraron borradores de alternativas para la macroregión sur del Perú. Cada uno de ellos fue discutido grupalmente para identificar los puntos donde fueron posibles los avances y los temas en los cuales aquellas raíces culturales se hacen evidentes al limitar opciones alternativas.
 
Estos ejercicios permitieron reflexiones más profundas sobre las implicancias de insistir en considerar a la sociedad y la naturaleza como dos ámbitos separados, o las justificaciones que se hacen para extraer recursos naturales ignorando sus impactos sociales y ambientales. A su vez, en las alternativas se discutieron las ideas sobre los derechos de la Naturaleza, la reorganización productiva para promover sectores que aseguraran los mejores usos de los recursos naturales y adecuado empleo (entre los que se destaca la agroecología), y la necesidad de aminorar el exceso consumista en las grandes ciudades.
 
 Este curso se complemente con otros realizados por RedGE y CLAES a nivel nacional, en Lima, y regionales, tanto en el sur como en el norte del país.

miércoles, 13 de julio de 2016

Foro Público Macro Regional Sur. Alternativas al Extractivismo. Construyendo el buen vivir desde las regiones / Cusco 19 de julio

Foro Público
Alternativas al Extractivismo. Construyendo el buen vivir desde las regiones
Cusco, 19 de julio de 2016

Con el fin de debatir la viabilidad, a largo plazo, de un modelo de crecimiento basado en el extractivismo y el progresivo agotamiento de los recursos naturales y sus consecuencias negativas en el medioambiente, sobre todo en la región Cusco, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum Cusco, la Red Muqui, Derechos Humanos Sin Frontera, el Programa Democracia y Transformación Global (PDTG), Renades, CooperAcción y el Centro Andino de Educación y Promoción (CADEP) realizaron en la ciudad del Cusco el Foro Público Alternativas al Extractivismo. Construyendo el buen vivir desde las regiones, el pasado martes 19 de julio de 2016, en la que participaron Eduardo Gudynas, de CLAES, Armando Villanueva, Congresista electo por Cusco del partido Acción Popular, la dirigenta aymara Yolanda Flores y Emerson Alata del Gobierno Regional de Cusco.
Durante su exposición Gudynas nos compartió algunas reflexiones sobre la problemática del extractivismo desde lo que parece termina siendo la raíz del extractivismo, enfocados a la ética y la moral. Se preguntó ¿Cuáles son las fuerzas detrás de los extractivismos en América del Sur?, ¿Qué pasaría si detrás de los extractivismos está el Diablo?. 
Respondió diciendo que una de las primeras críticas al extractivismo, sobre todo el petrolero, la hizo el historiador venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, quien afirmó, en uno de sus libros, que el Diablo estaba en el petróleo de la economía de Venezuela. Pérez Alfonso decía que la bonanza petrolera brindaba enormes ingresos a Venezuela pero que no le resolvía el problema de la pobreza ni otros problemas económicos del país, por lo tanto, a la larga el boom petrolero se estaba convirtiendo en una “maldición”.
 
Gudynas agregó que si se evalúa la imagen del Diablo ésta aparece en los temas de la minería, los hidrocarburos, “el Diablo es una metáfora de todo lo que tiene que ver con la maldad, por ello, ¿quién sería el Diablo en los extractivismos?, tenemos satanes, que pueden ser las empresas privadas, públicas, estatales que se dedican a la explotación de hidrocarburos”.
Sostuvo que los extractivismos siempre involucran tentaciones de posibles y grandes ganancias financieras para el Ministro de Economía, para los Gobiernos Regionales, para las economías locales, para las comunidades, “la tentación está una y otra vez dentro de los extractivismos”.
 
Reiteró que en el extractivismo hay mucho de mentira porque se promete desarrollos e infraestructura  moderna, y luego no se concreta. Los extractivismos tienen impactos negativos en lo ambiental, en lo político y en lo social porque es abrumador, es algo que no se puede discutir, desde la contaminación de los suelos hasta el agua, desde la ruptura de tierras y desplazamientos de comunidades hasta enfermedades. 
“Sabemos que hay algo mal con el extractivismo pero igual se persiste, y por más que se presenten argumentos de que el extractivismo es malo, igual se persiste”, agregó. 
 
Sobre la malicia extractivista, Eduardo Gudynas puso como ejemplo el caso de Máxima Acuña y el caso Conga en Cajamarca. Explicó que Máxima tiene un largo conflicto con Yanacocha, por posición de tierras. “Ella, una campesina de 45 años, analfabeta, pequeña, contra una de las más grandes mineras de América del Sur, eso es una asimetría enorme, a ella la han perseguido, hostigado, le han puesto cámaras para vigilarla, han acuchillado a su perro, han destruido su sembrío, la han amenazado de muerte. Esto es malicia, es un acto malvado y los extractivismos implican deformación de los códigos morales. “Se ha atacado a una campesina ¿acaso ha renunciado el jefe de la Policía o se ha interpelado al Ministro del Interior, o hubo una manifestación grande en contra de la minera?”, se preguntó.
 
A su turno, la dirigenta aymara Yolanda Flores, afirmó que los impactos de las actividades extractivas ya son insostenibles para el planeta, tanto en el aspecto ambiental, social y territorial. En ese sentido, lo que se tiene que hacer en el corto plazo, desde el Gobierno Central, Regional, Local, es romper con estas actividades, buscar alternativas que solucionen este problema, que busquen el diálogo con las comunidades directamente afectadas por estas actividades y no las hagan de lado.
 
Armando Villanueva, congresista electo por Cusco, dijo que la población, sobre todo las comunidades, no sienten ni perciben las ganancias que se obtienen de las grandes inversiones, por ello, se debe proponer cambios en las políticas de Estado, para cambiar esta situación.

miércoles, 22 de junio de 2016

Foro Público Alternativas al Extractivismo. Los retos del nuevo Gobierno

Foro Público
Alternativas al Extractivismo. Los retos para el nuevo gobierno
Lunes, 14 de junio de 2016

Tras los resultados finales de las elecciones presidenciales y en el marco del Curso Nacional Transiciones y Alternativas al Extractivismo, la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y el Centro Latino Americano de Ecología Social - CLAES realizaron el Foro Público Alternativas al Extractivismo. Los retos para el nuevo Gobierno el día martes 14 de junio de 2014 en el Centro Cultural de la PUCP. Al evento, que acudieron más de 80 personas, participaron como expositores el miembro del Plan de Gobierno del Partido Peruanos por el Kambio (PPK), César Ipenza, Eduardo Gudynas  de CLAES, José De Echave de CooperAcción y María Elena Foronda, electa congresista por el partido Frente Amplio.
César Ipenza
Durante su exposición, Ipenza sostuvo que Madre de Dios es el caso mas lamentable de minería ilegal en el país. Añadió que en la actualidad existe más de 150 mil hectáreas destruídas por esta actividad informal y un incremento de deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero. "No estamos siendo responsables por el patrimonio de nuestros bosques", enfatizó.
En ese sentido, sostuvo que el nuevo Gobierno de Peruanos por el Kambio propone, en el tema de minería ilegal, el programa Oro Limpio, ya que en el Perú no podemos darnos el lujo de empezar desde cero, no podemos derogar el marco normativo de lucha contra la minería ilegal, ya que no permite avanzar. Explicó que este programa parte de 4 ejes: formalizar, perseguir, remediar y reconvertir. "Para formalizar se requiere recursos y un apoyo a las regiones, y se dará con la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones, sin reemplazar la labor de los Ministerios del Ambiente y de Energía y Minas"
Explicó que cuando se define el tema de la minería ilegal debemos preguntarnos cuánto le cuesta al país poder descontaminar de mercurio a una persona adulta. "10 mil dólares le cuesta al país descontaminar a una persona adulta, pero a una mujer en edad fértil es imposible, tenemos una declaración de emergencia en Madre de Dios pero ¿realmente ayuda?, ¿quién asume ese costo social y ambiental?", se preguntó.
Sobre el tema de los bosques, Ipenza indicó que PPK quiere fortalecer el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del Cambio Climático, "queremos ampliarlo y fortalecerlo porque nuestra meta es reducir el efecto de gas invernadero, para ello proponemos reforestar 3 millones de hectáreas, dos en los Andes y una en la Amazonía".
El tema de agua, es un tema fundamental, y para ello el nuevo Gobierno ha planteado que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) pase a la Presidencia del Consejo de Ministros y tenga no solo un enfoque de agua para la agricultura sino un enfoque integral del recurso hídrico. Sobre el Cambio Climático, "si vamos a este ritmo en materia de minería ilegal y no protegemos los bosques vamos a acelerar el cambio climático, en Peruanos por el Kambio hemos planteado, en los primeros 100 días de gobierno, impulsar la propuesta de la Ley Marco de Cambio Climático, que nos permita transitar a una economía sostenible, baja en emisiones y priorizar acciones sectoriales, que abarque varios sectores, Energía y Minas, Transporte, Agricultura, Economía. El Cambio Climático no solo es un tema ambiental sino de todos los sectores, por ello crearemos el Sistema Nacional de Cambio Climático que pondrá en orden todos los programas que existen en el marco del cambio climático.
Sobre los Pueblos Indígenas, César Ipenza explicó que se consolidará el derecho de consulta y se estudiará la posibilidad de crear el Ministerio de Pueblos Indígenas, ya que creemos que el convenio 169 no solo habla del derecho de consulta sino también de temas de salud, tierras y educación. "Vamos a tener un proceso de diálogo permanente, tendremos las puertas abiertas para tener un Perú que todos queremos, buscaremos consensos, acuerdos para tomar la mejor decisión para un mejor país", finalizó.
Eduardo Gudynas
Gudynas inició su exposición resaltando la importancia de compartir una mesa entre representantes del nuevo Gobierno y de la oposición, junto a organizaciones de la Sociedad Civil "esto es muy importante y un buen inicio", enfatizó.
Explicó 8 pensamientos que le llaman la atención de la región: La primera es la caída de los precios de la materia prima que, a diferencia de que uno pueda esperar que se redujera la presión extractivista y por lo tanto los impactos sobre el territorio, el medio ambiente y la comunidad, eso no esta ocurriendo en los países y en los gobiernos, Explicó que por el contrario, a medida de que caen los precios en minerales o hidrocarburos, los gobiernos lanzan medidas para compensar por volumen esa pérdida en los mercados internacionales, es decir, extraer mas, aumentar la presión en minería e hidrocarburos o ampliar la frontera agropecuaria  El caso paradigmático es Bolivia, que ha acompañado con medidas de apoyo por 3, 500 millones de dólares para la explotació petrolera. El resultado de esta medida es ahondar la fractura entre el Gobierno y las comunidades indígenas, y el incremento de los impactos ambientales y sociales.
El segundo pensamiento es el problema con la licencia de la evaluación ambiental en los países, que han flexibilizado y minimisado las capacidades del Estado para hacer el control ambiental en diferentes rubros. El proceso denominado "licencias ambientales express" aumenta la presión social con los grupos locales por la dudosa legalidad de estas normas.
"Este debilitamiento ambiental no resuelve nada, la solución es fortalecer a las autoridades ambientales, no debilitarlas, aumentar las normas, no reducirlas", añadió.
El tercer pensamiento tiene que ver con la relación corrupción-extractivismo. Esta relación es abrumadora, el caso Petrobras es uno de ellos, todos los países sudamericanos tienen casos de corrupción en distintos sectores extractivistas, incluido Uruguay. Existen casos de corrupción, desde otorgamientos ilegales de concesiones mineras hasta coimas tanto en organismos públicos, privados o cooperativas de Gobiernos conservadores o progresistas. "Los Estados deben asumir y protegerse de esa corrupción". 
El cuarto pensamiento o reto es el problema de la minería ilegal de oro, la atracción de la minería ilegal se mantiene por el precio del oro, hay enormes presiones para desarrollar este tipo de minería, aprovechando los huecos legales, por ello, hay que comenzar a pensar en una norma del oro para poder combatir este tema. El quinto pensamiento involucra a las comunidades campesinas e indígenas, la población más afectada por las actividades extractivas, que lamentablemente no tienen capacidad de presión política y cuyos problemas se ven muy alejados de la ciudad.
El sexto pensamiento es la importancia de que participen los Gobiernos Nacional y Regional, así como las universidades en la discusión de desafíos para buscar alternativas al desarrollo. El sétimo pensamiento tiene que ver con la democracia y los valores: las políticas ambientales deben discutirse en términos de justicia y moral, que involucren decisiones de qué valoro y que no valoro, que es correcto e incorrecto, cuando existan casos de violaciones a los derechos humanos por un rechazo al proyecto minero, cuando la policía reprime a la gente que está en contra de la activdad o se mata a alguien.
El octavo pensamiento tiene que ver con avanzar un paso mas y discutir cuál es el valor de la naturalaza, que incorpore los derechos de la naturaleza, que se puede cambiar la propia normativa, "el MINAMn debe escuchar a la naturaleza y no al mercado, ese debe ser un reto central para el país", finalizó.
José De Echave
De Echave señaló que los años 2010 y 2011 el Peru vivía un contexto de alta conflictividad social, vinculada a proyectos extractivos, como Tía María en Arequipa, Santa Ana en Puno y Conga en Cajamarca. Hoy en día el Perú ha cambiando, pero aún seguimos siendo el país donde los conflictos en su mayoría son socioambientales.
Explicó que acabado el súper ciclo de precios, una salida para enfrentar estos precios es aumentar la extracción, en ese sentido, dijo que en el Perú el sector minero está creciendo a dos dígitos y estamos en pleno proceso de duplicar la producción de cobre con la ampliación de Cerro Verde y el pronto inicio de Las Bambas.
Como consecuencia de una supuesta desaceleración de la economía peruana, hay un proceso de contra reforma, en relación con las políticas ambientales, "el llamado paquetazo ambiental", ha provocado un retroceso en materia ambiental del propio MINAM y sus organismos adscritos. 
En relación al tema de conflictividad social, De Echave precisó que el Plan de Gobierno de PPK necesita de mucha voluntad política para buscar soluciones, en vista del malestar social por los proyectos extractivos en el país. Según la Defensoría del Pueblo en el 2008 se tenía 80 conflictos, en 2014 se incrementó a 280, sobre todo en el periodo en el cual se dieron adelantos sociales y beneficios económicos, tal como plantea PPK. "Hay que tomar en cuenta el carácter multidimensional de los conflictos sociales, que tienen que ver con aspectos sociales, culturales y de territorio. El adelanto social se debe replantear porque los conflictos sociales tienen varios componentes", dijo.
La propuesta de PPK, en lo ambiental, tiene cinco componentes, el tema de minería ilegal, bosques, residuos sólidos y mitigación del Cambio Climático, pero cuando se aborda este tema, se parte del supuesto de que en el Perú ya tiene la institucionalidad ambiental que necesitamos, y eso no es cierto, "en nuestro país no hay una institucional ambiental que necesitamos sino es profundamente sectorial, seguimos siendo una gestión ambiental sectorial, donde en la práctica cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector, y, por lo tanto, seguimos teniendo el desafio de cómo construir una institución transversal como existe en todo el mundo. Se intentó hacerlo con el SENACE pero se debe llamar “semuere” porque no actúa y seguimos arrastrando problemas, mas aún con los paquetazos ambientales que se han dado. Debe haber una gran discusión para encontrar los puntos de equilibrio con el fin de construir una institucionalidad ambiental mas fuerte.
"Los retos siguen siendo enorme y los próximos 5 años será un periodo crucial para cubrir los vacios que siguen allí, y sin duda el espacio del Ejecutivo debe ser fundamental y el espacio del Legislativo también debe ser un espacio de discusión y debate programático", finalizó.
María Elena Foronda
La electa congresista por el Frente Amplio sostuvo que en el Perú existe una política de Estado que es el que marca la orientación estratégica del desarrollo, hay una frondosa política ambiental de instrumentos que muchas veces se contraponen pero en la práctica no se aplican porque el MINAM no cumple con la primera condición, que es una débil institucionalidad ambiental, no se ve articulado en los procesos de descentralización.
"Hay conflictos de competencias, desregulaciones para favorecer la presencia de actividades extractivas y no se dialoga con la interculturalidad, para unos el río es un relave y para otros es la Yacumama, para algunos el cerro es un lugar de explotación, para otros es el Apu, el choque cultural es lo que nos ha llevado a los conflictos ambientales, que nos ha costado vidas humanas". 
"El Estado está ausente, parece un Estado con soroche, y luego que hay muertes, se instalan las mesas de diálogo. Bajo esta prespectiva se toma el tema del ordenamiento territorial como algo plano, homogéneo, cuando el territorio es complejo, hay una ley durmiendo en el Congreso, la Ley de Ordenamiento Territorial, que defina los usos, y le da un valor a la tierra, es un instrumento que ojalá sea uno de los primeros proyectos que debe aprobarse en el nuevo Congreso, para disminuir los impactos sociales y los conflictos".
"Necesitamos un MINAM fuerte, con competencias fuertes, que su palabra se haga valer, que articule a las instituciones sectoriales, que exista inversión, pero bajo reglas claras de juego, priorizando el interés nacional, a partir de un ordenamiento sostenible y no una visión de corto plazo, eliminando subsidios perversos para las inversiones extranjeras como el TPP", finalizó.

miércoles, 1 de junio de 2016

Curso Nacional Transiciones y alternativas al extractivismo. Los retos de la minería y la agricultura en un nuevo gobierno.


 
La Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) de Perú y el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay, con apoyo de 11.11.11, realizaron los días 14, 15 y 16 de junio de 2016 la novena edición del curso intensivo Transiciones y Alternativas al Extractivismo. Teniendo en cuenta la coyuntura política y las elecciones presidenciales, este año el curso se denominó: los retos de la minería y la agricultura en un nuevo gobierno. La actividad tuvo como objetivo explorar alternativas de desarrollo en el Perú y América del Sur y aportar a un debate que busque alternativas al modelo de desarrollo de nuestros países, basadas en construir una sociedad con justicia social y sostenibilidad ambiental.
 
Como todos los años, el curso tuvo como profesores internacionales a Eduardo Gudynas y Gerardo Honty de CLAES, quienes hablaron sobre el concepto de las Transiciones, los desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo, así como los espacios post extractivistas. En la parte nacional, nos acompañaron José De Echave de CooperAcción y el consultor de RedGE Martin Scurrah, quienes hablaron sobre la degradación de los recursos hídricos y sus principales impactos en la agroexportación y la minería en el Perú.
 
Este curso forma parte de una serie de eventos similares que se han venido desarrollando desde el 2007, y que han contado con la presencia de actores claves de movimientos sociales, organizaciones ciudadanas de diferentes regiones del país y del extranjero.  
 
 
 


martes, 15 de marzo de 2016

Revista Interquorum. Nueva Generación. Edición 19. Alternativas al Extractivismo



Publicación, cuya edición, número 19, fue encargada a la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE, por tratarse de alternativas al extractivismo, tema en el que la RedGE ha trabajado desde hace varios años y llevado el debate a las regiones del país. La revista contiene artículos escritos por expertos internacionales como Eduardo Gudynas y Gerardo Honty de CLAES de Uruguay, Oscar Campanini de CEDIB de Bolivia, entre otros, así como por los nacionales Mattes Tempelmann de la Red Muqui, Ana Romero de RedGE y el consultor Martin Scurrah. Los aportes de esta publicación fortalecerán y enriquecerán el debate en la búsqueda de alternativas al modelo de desarrollo de nuestros países, basadas en construir una sociedad con justicia social y sostenibilidad ambiental. La edición se realizó con el apoyo de la Red Interquorum y la Fundación Friedrich Ebert.

jueves, 3 de marzo de 2016

Propuestas para transitar al postextractivismo en el Perú



Documento elaborado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE en el marco de los foros y talleres regionales sobre transiciones que desde hace tres años viene realizando la RedGE con apoyo de otras organizaciones regionales, como una apuesta por continuar el debate, la discusión y la construcción de las alternativas al extractivismo.



martes, 23 de febrero de 2016

Pronunciamiento. La sociedad civil peruana ante la VII Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas

En el marco de la VII Conferencia Anual de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que se realiza en Lima el 24 y 25 de febrero de 2016, diversas organizaciones de la sociedad civil, a través de un pronunciamiento público dado a conocer el 22 de febrero del mismo año, manifiestan que las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación.


lunes, 12 de octubre de 2015

Ingreso Libre. Foro Público Propuestas para transitar al Postextractivismo en Cajamarca

Los diálogos regionales sobre las alternativas al postextractivismo continúan...Esta vez Eduardo Gudynas, junto a expertos de la región Cajamarca participarán en el Foro Público Propuestas para transitar al Postextractivismo. El ingreso es libre este jueves 15 de octubre en el auditorio del Gobierno Regional de Cajamarca.


miércoles, 30 de septiembre de 2015

Nobel de Economía a Humala: No permitan que el TPP encierre al Perú en relaciones comerciales desiguales




El acuerdo va a ir mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión, que han tenido más acceso al proceso de negociación que los legisladores o los ciudadanos.

Por Joseph E. Stiglitz* y Adam S. Hersh**

El presidente Ollanta Humala se apresta a enviar a Atlanta a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, para proseguir negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con representantes de otros 11 países de Asia y el Pacífico. Pero las esperanzas del Presidente peruano para lograr un acuerdo están puestas en el lugar equivocado: el TPP parece haber sido diseñado para perpetuar a países en desarrollo como el Perú en relaciones comerciales desiguales con países de economías avanzadas como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia.

Los negociadores del TPP esperan finalizar el acuerdo en los próximos días y los líderes políticos se jactarán de que están promoviendo el bienestar de países y sus pueblos. Pero la realidad es que se ha dado demasiada influencia en las negociaciones a grupos de interés específicos, en EEUU y en otras partes.

Considerando la experiencia pasada de los Tratados de Libre Comercio liderados por EEUU, y lo que podemos deducir de documentos filtrados de las negociaciones confidenciales que se están llevando a cabo, es que está claro que los negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de los países avanzados.

Por lo general, se piensa que en una negociación una de las partes hace algunas concesiones para obtener algo a cambio, pero el Perú ganaría poco con el TPP. Ya cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, su segundo mayor socio comercial, y otros cinco países miembros del TPP.

La simple pregunta que enfrenta el Perú es si con el TPP estaría mejor que hoy. Ésta es la principal cuestión que deben considerar los negociadores peruanos. Por lo que sabemos a partir de distintas filtraciones de los textos que se están negociando, es probable que lo que se obtenga sea peor. Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su economía serán francamente altos.

En primer lugar, el TPP perpetuaría las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los demás. Ahora sabemos que lo que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha sea más difícil de cerrar. El resultado será que los peruanos estarán enviando cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el uso de ese conocimiento, incluso si se basa en el robo de material genético de la Amazonía peruana.

En esta área, el TPP exige mucho más del Perú de lo que se acordó en el TLC con EEUU en 2009. De hecho, los grupos de la sociedad civil y los líderes del Congreso de EEUU exigieron que el Representante de Comercio –el negociador oficial norteamericano– utilizara ese acuerdo como base del TPP. Pero este Representante, en cambio, se colocó del lado de las grandes empresas del país.

El impacto de tener derechos de propiedad intelectual más estrictos se puede ver más claramente cuando se trata de apreciar cómo se están beneficiando las empresas de "Big Pharma" de las economías avanzadas. Empujados por los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán las ganancias de Big Pharma, no por innovar para producir nuevos medicamentos que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores.

El TPP logra esto a través de una serie de cambios aparentemente secretos en las reglas –encubiertos además con una jerga oscura relacionada con "vinculación de patentes" y "biológicos"–que en conjunto permitirían a las empresas extender sus monopolios por muchos años más. Esto sería especialmente costoso para el Perú, cuya normativa actual incentiva más el intercambio de datos (data sharing) y la investigación. La empresa Mylan, líder en la fabricación de medicamentos genéricos, ha advertido que el TPP puede, en efecto, hacer cerrar sus relaciones comerciales con los países participantes, lo que significa que no solo los peruanos deberán pagar más por los medicamentos, sino también que algunas medicinas que salvan vidas pueden dejar de estar disponibles.

En segundo lugar, el TPP reduciría la capacidad de los países miembros –entre ellos el Perú– de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque crearía mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”, aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.

Estas no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han dado lugar a este tipo de demandas. De hecho, el Perú enfrenta actualmente una demanda por US$ 800 millones de la empresa estadounidense Renco para determinar si Renco puede continuar operando una fundición de metales en La Oroya –que está considerada entre los 10 lugares más contaminados del mundo– y que también busca eludir el pago de compensaciones para las víctimas y para la rehabilitación del sitio.

En otro caso, Australia (al igual que Uruguay, que no es socio del TPP) enfrenta una demanda de las productoras de cigarrillos sobre las etiquetas de advertencia de salud pública en las cajetillas de cigarrillos con el objetivo de frenar el consumo de tabaco. Canadá, bajo amenaza de demanda, se retractó y ya no puso en marcha normas regulatorias similares. Y México se vio obligado a pagar US$ 15 millones después de que los árbitros encontraron equivocada una decisión gubernamental de cerrar un vertedero de residuos tóxicos no permitido que filtraba en las aguas subterráneas.

Éstos son solo algunos de los cientos de casos más graves que los inversores multinacionales han iniciado contra regulaciones de interés público. Los árbitros se pronuncian, con mayor frecuencia de lo que podría pensarse, a favor de los inversores o los gobiernos nacionales optan por llegar a un acuerdo para evitar las presiones legales.

El mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado es exactamente lo opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos. En el marco del TPP, los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.

Esto es particularmente importante en el caso del Perú, donde hay una larga historia de abusos contra el medio ambiente y los trabajadores por parte de las empresas. En virtud del TPP, el país podría ser demandado por cualquier cambio en las normas legales para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, sin importar cuán razonables o discriminatorias sean, siempre y cuando esto afecte las ganancias de las empresas. Y dificultaría aún más la lucha para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, y frenar la explotación insostenible de los activos ambientales del país.

Sin duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. No hay evidencia de que este tipo de protección de los inversionistas y los derechos de propiedad aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación para la economía peruana. Lo que hará será asegurarse de que una mayor parte de los salarios de los trabajadores peruanos terminen en los bolsillos de las corporaciones globales y que el Perú ya no tendrá la potestad de volver a establecer las reglas de manera que sirvan mejor a sus ciudadanos, protegiendo su salud y seguridad, el ambiente y los ricos recursos naturales del país, e incluso aseguren la estabilidad de su economía.

Si el presidente Humala quiere hacer lo correcto para el pueblo peruano dará instrucciones a la ministra Silva para que en Attlanta exija que no se retroceda en los términos obtenidos con tanto esfuerzo en el acuerdo entre el Perú y EEUU, se asegure que sus ciudadanos seguirán teniendo acceso a los medicamentos genéricos a precios asequibles, y rechace un TPP que deje el futuro económico del país en manos de los inversionistas de las multinacionales.


* Premio Nobel de Economía 2001, profesor en la Universidad de Columbia y economista jefe en el Instituto Roosevelt.
** Economista senior en el Instituto Roosevelt y Académico invitado en la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Expertos analizarán la necesidad de construir alternativas al extractivismo en el Perú en Foro Público en Chiclayo



La sostenida y creciente conflictividad socioambiental, asociada a las actividades extractivas, en especial por el modelo agroexportador que se viene fortaleciendo y consolidando en Lambayeque, ha puesto en el centro del debate la deseabilidad y la viabilidad a largo plazo de un modelo de crecimiento basado en el extractivismo y el progresivo agotamiento de los recursos naturales y sus consecuencias negativas en el medioambiente.

En ese sentido, los expertos Martin Scurrah, investigador y consultor de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE; Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE; Javier Ruíz, Presidente del Centro de Investigación y Promoción del Desarrollo Sostenible - CIPDES y Juan Eduardo Pisfil, de la Red Interquorum – Lambayeque, analizarán sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región por las actividades extractivistas, los conflictos sociales generados por esta actividad, y sobre los modelos alternativos para transitar a las Transiciones y al postextractivismo, en el Foro Público “Propuestas para transitar al postextractivismo a nivel regional en Lambayeque”, a realizarse el día jueves 24 de setiembre desde las 18:00 horas en la  Sala Muchick del Hotel Costa del Sol. Av. Balta 399 Chiclayo.

Los expertos coinciden en que este panorama de creciente conflictividad socioambiental nos obliga a  buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un modelo alternativo todavía no definido pero que se fundamenta  en la defensa y realización plena de los derechos humanos y de la naturaleza. El objetivo de la reunión es buscar propuestas que podrían convertirse en políticas nacionales para evitar los enormes impactos negativos en el medioambiente, elevando su vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales como el fenómeno del Niño.

El foro público es una iniciativa que nace desde la RedGE, con el apoyo de la Fundación Eber, la Red Interquorum Lambayeque y 11.11.11, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional. 

miércoles, 16 de septiembre de 2015

La tenaza política y ecológica del cambio climático oprime a los pueblos indígenas

Artículo escrito por Eduardo Gudynas de CLAES, publicado en SERVINDI. La problemática del cambio climático impone enormes problemas y riesgos para los pueblos indígenas sudamericanos. Esto ocurre a distintos niveles, desde los impactos locales por imponer extractivimos que generan los gases invernadero, a padecer los efectos en el cambio del clima, como pueden ser episodios de inundaciones o sequías. A su vez, las condiciones políticas cada vez más duras, con el regreso de la represión en algunos países o la intromisión gubernamental para dividir a las organizaciones indígenas. Son los dos brazos de una enorme tenaza, ecológica y política, que presiona sobre los pueblos indígenas.

El brazo ecológico: impactos ambientales vinculados al cambio climático

Las comunidades indígenas sufren una variedad de impactos ambientales directamente vinculados con el cambio climático. Desde el lado de las causas se deben atender dos procesos. Uno es la deforestación y los cambios en el uso de los suelos, como ocurre con el avance la agricultura o ganadería. Muchas veces esto pasa desapercibido, pero en países como Perú, Bolivia o Ecuador, es la principal fuente de gases que alimentan el cambio climático. A su vez, ese deterioro ambiental afecta los territorios y calidad de vida indígenas; se destruyen los ambientes originales que sustentan a muchas comunidades o se pierden las prácticas agrícolas propias.

Otro factor es la extracción de hidrocarburos, que si bien serán quemados casi siempre en otros países, desde donde contribuirán al cambio climático, tienen graves efectos locales. Esos pozos de petróleo o gas desencadenan impactos locales, como desplazamientos de indígenas o contaminación del agua o suelos de sus comunidades.

Pero también existen impactos sobre los indígenas como consecuencia del cambio climático. En efecto, están en marcha alteraciones climáticas, con alteraciones en los ciclos de lluvias o la duración de los períodos secos, en los vaivenes entre olas de frío y calor, e incluso en desencadenar catástrofes naturales (como pueden ser las inundaciones). Muchos de estos problemas afectan directamente a las comunidades indígenas, a veces de manera insidiosa como puede ser la pérdida de animales o cosechas por sequía, y en otras ocasiones de forma repentina y violenta, como sucede con las inundaciones. Las comunidades indígenas tienen menos recursos paras enfrentar esta variabilidad climática o las catástrofes, y cuando ellas ocurren tardan mucho tiempo en recuperarse.

Este tipo de impactos ocurren en todo el continente y nadie escapa a ellos. Algunos territorios indígenas están doblemente afectados, tanto por los impactos locales que alimentan a los gases invernadero, como es la llegada de petrolera, como por los efectos de esta variabilidad climática. Ello es evidente, por ejemplo, en zonas de explotación de hidrocarburos en Bolivia, donde las comunidades indígenas tienen que lidiar simultáneamente con la contaminación petrolera y eventos de sequías o inundaciones.

El brazo político: restricciones, hostigamientos y criminalizaciones

Para enfrentar esa compleja situación ecológica, los pueblos indígenas necesitan de ciertas condiciones políticas. Ellas deben ir desde proteger sus derechos, implementar mecanismos efectos de información y consulta, y respetar su autonomía y organizaciones propias. Como ellos están entre los más afectados, necesitan de ese tipo de condiciones para poder hacer oír sus voces, proteger sus territorios y participar bajo condiciones de igualdad en los debates políticos nacionales e internacionales.

Sin embargo, la situación actual que se observa en América del Sur es casi la opuesta. Estamos frente al otro brazo de la tenaza sobre los pueblos indígenas: Se esconde información o cuando se la publica es inentendible, no se respetan las decisiones locales imponiéndose los extractivismos dentro de sus territorios, y cuando eso desencadena una comprensible reacción, se apela a la criminalización o la represión. Gobierno, empresarios y muchos académicos defienden esos extractivismos apelando a descalificaciones de los indígenas, exponiéndolos como ignorantes que impiden el progreso. O bien se insiste en justificar la llegada de las petroleras o la expansión agrícola prometiendo o brindando compensaciones económicas, convertidas en una taladra de mercantilizaciones que penetran poco a poco dentro de las cosmovisiones indígenas. Estos casos nos rodean, y tan solo como ejemplos, allí están en Perú los paquetazos ambientales o el debate sobre la extracción petrolera en Loreto (Perú).

Se podrá decir que muchos de estos problemas tienen una larga historia, y no hay nada nuevo en indicarlos. Pero también se puede argumentar que en algunos casos hay un agravamiento de la situación, ya que está regresando la criminalización y la represión, y desde un flanco inesperado, desde los gobiernos progresistas.

Recordemos que algunos gobiernos progresistas, como los de Lula da Silva en Brasil o Hugo Chávez en Venezuela, prometieron un nuevo relacionamiento con los pueblos indígenas. Compromisos de ese tipo fueron mucho más fuertes con Rafael Correa en Ecuador, y por ello recibió unos cuantos apoyos iniciales desde organizaciones indígenas. Seguramente los apoyos más intensos ocurrieron con Evo Morales en Bolivia, quien además se presentó como “presidente indígena”, y liderando un “gobierno para los indígenas”.

Por lo tanto, se esperaba que esos estados respetaran y escucharan a los pueblos indígenas, contribuyeran al fortalecimiento de sus organizaciones, lo que significa promover su autonomía, y se actuara para mejorar sus condiciones de vida. Importantes avances, como los derechos de la Naturaleza o de la Madre Tierra, o el concepto de Buen Vivir, sin duda sirven tanto para enfrentar el cambio climático como para respetar sus territorios e ideas. Esos compromisos obligan, sin dudar, a reducir drásticamente las emisiones nacionales de gases con efecto invernadero debidas a la deforestación, o a congelar la explotación petrolera en la Amazonia. Si se aplicaran medidas de ese tipo, no sólo atacarían el cambio climático, sino que a la vez favorecerían mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas y asegurarían la integridad de sus territorios.

Todos estos dichos ambientales no se están cumpliendo, mientras que las opciones de participación política de los pueblos indígenas siguen deteriorándose. Todo esto ya fue denunciado por las organizaciones indígenas en el marco de la cumbre sobre cambio climático en Lima (diciembre de 2015(1)).

Esas promesas no se están cumpliendo, mientras se profundizan las restricciones políticas sobre los pueblos indígenas. Se fortalece así este brazo político de la tenaza que oprime sobre las naciones originarias. Los dos componentes, el ecológico y el político, presionan especialmente sobre las comunidades locales, y ellas no tienen escapatoria.

La tenaza boliviana

La situación boliviana ilustra esta problemática, y es importante analizarla ante la invitación de ese gobierno a una nueva “cumbre de los pueblos” sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra.
Los discursos del gobierno de Evo Morales aluden a la Pacha Mama y denuncia el cambio climático global, y eso es muy positivo. Sin embargo, dentro del país ha decido aumentar la explotación petrolera y amparar ciertos tipos de agropecuaria con efectos ecológicos negativos sobre las comunidades indígenas. Ha aprobado medidas que liberan la exploración petrolera dentro de áreas protegidas (en muchas de las cuales viven comunidades indígenas), recorta derechos indígenas y minimiza las voces de alerta. Es más, allí donde surgió un bloqueo de indígenas guaraníes al ingreso de las petroleras, se aplicó la represión policial(2).

El gobierno boliviano critica al capitalismo global, pero ha anunciado un plan de apoyo a la inversión en exploración petrolera de más de 3 500 millones de dólares, una típica medida capitalista que las corporaciones aprecian. Esa enorme cifra de dinero además muestra que existen recursos económicos que lastimosamente en vez de aplicarse en la promoción de alternativas productivas o energéticas son usados para profundizar los extractivismos.

En Bolivia las acciones gubernamentales de penetración dentro de los mundos indígenas han calado profundamente. El gobierno alterna el apoyo a organizaciones y líderes indígenas afines a sus planes, con hostigamiento y castigos a quienes se oponen. Se llegó a una situación donde las dos grandes federaciones indígenas están divididas, y por eso hay una CONAMAQ oficialista y otra independiente, y de la misma manera una CIDOB alineada con el gobierno y otra autónoma(3). Se prometen compensaciones económicas a aquellas comunidades que acepten el ingreso de los extractivismos, y presiona sobre las que se resisten.

También se ha lanzado una campaña contra muchas ONG, varias de las cuales han apoyado solidariamente los reclamos indígenas. No es algo nuevo, porque muchas de ellas fueron atacadas por apoyar a la marcha indígena en defensa del TIPNIS. Pero ahora se impusieron medidas de funcionamiento más restrictivas, 38 de ellas han sido declaradas “irregulares” y se anuncia una medida similar para otras 290(4).

Finalmente, el gobierno insiste en promover a las compensaciones económicas como medio para justificar los extractivismos. Esto se puede resumir en la idea de “te contamino, pero te pago”. Esas concepciones penetran poco a poco en el seno de las comunidades, incluso dentro de las familias. Muchos las aceptan, y es comprensible allí donde las condiciones de pobreza y escasez tienen una larga historia. Pero esas medidas tienen un alto costo, ya que con ellas se aceptan que los daños a territorios, a la salud y la vida tradicional se la puede compensar en dinero. Se abren las puertas a una forma de pensar y sentir enmarcada en el dinero, una racionalidad mercantil, que penetra en las cosmovisiones indígenas.

Es evidente que el pago en dinero no devuelve a la vida a los bosques talados, ni limpiará automáticamente al agua contaminada, ni hará desaparecer los metales pesados en la sangre de los niños. Pero si es evidente que muchos de esos mecanismos terminan en tristes situaciones, como acaba de ocurrir con el Fondo Indígena boliviano, donde el dinero del petróleo desembocó en alimentar redes denunciadas por corrupción.

Estas condiciones tan restrictivas, desemboca en muchas interrogantes sobre una posible “cumbre de los pueblos” en Bolivia sobre cambio climático, si es que las voces de muchos de esos “pueblos”, los originarios, sufren estas restricciones y hostigamientos. Pero también dejan en claro como la tenaza ecológica y política presiona sobre los pueblos indígenas.

Alternativas y autonomía

Las presiones ecológicas asociadas sea a acciones que contribuyen al cambio climático como a sus consecuencias, y las restricciones políticas para abordar estas cuestiones, afectan sobre todo a los pueblos indígenas. Es necesario dejar muy en claro cómo está operando esta tenaza ecológica y política. Cada día que persiste o se profundiza esa situación, la calidad de vida de muchas comunidades empeora, las divisiones internas dentro del mundo indígena avanzan, y las pretensiones de resolver todos los problemas con compensaciones en dinero se refuerzan. Esto ocurre tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas.

Una vez que se reconoce todo esto, las posibles alternativas a esta tenaza ecológica y política necesariamente deben partir desde la autonomía de las organizaciones indígenas. Ellas mismas puedan discutir la situación y explorar las vías de salida, sin presiones, sin injerencias, sin divisionismos externos. Esa autonomía es una precondición indispensable, y es una obligación asegurar todos los derechos, desde aquellos que aseguran una vida digna y en libertad, a los que se expresan en el acceso a la información y la consulta. Todo esto no se agota simplemente en medidas legales, sino que requiere un cambio cultural en nuestras propias sociedades para respetar y entender de otra manera a los pueblos indígenas.

Notas:

(1) Por ejemplo, las organizaciones indígenas, en su comunicado en la cumbre de cambio climático señalaron entre otros puntos, que. (5) “El extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los gobiernos de nuestra región y que implican: ampliación de la frontera hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para la conversión de los bosques en zonas con cultivos agroindustriales.  Lo más triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica fundamental del capital global, cuyas principales víctimas somos los pueblos indígenas”. Pueblos del Abya Yala frente a los desafíos climáticos. http://www.cop20.coica.org.ec/index.php/component/k2/item/152-pueblos-del-abya-yala-frente-a-los-desafios-climaticos
(2) Guaraníes denuncian violenta represión en Takovo Mora, Página Siete, 18 agosto 2015, La Paz (Bolivia), http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/18/guaranies-denuncian-violenta-represion-takovo-mora-67049.html
(3) La ocupación de la sede de CONAMAQ y el hostigamiento a sus autoridades, fue denunciado repetidamente por organizaciones indígenas de países vecinos y la redes internacionales; ver por ejemplo comunicado de COICA, Solidaridad con CONAMAQ ante el despojo de su casa de gobierno por la política boliviana, 15 deciembre 2013.
(4) El gobierno declara “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB. Página Siete, 7 setiembre 2015, La Paz (Bolivia), http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/9/7/gobierno-declara-irregulares-ong-entre-ellas-cedib-69218.html

La fiesta del Banco Mundial y el FMI

Artículo escrito por José De Echave de CooperAcción. El Banco Mundial y el FMI han decidido hacer su fiesta anual en el Perú: la reunión anual de la Junta de Gobernadores, máxima instancia de toma de decisiones de estos organismos y que están conformadas por representantes de cada uno de los 188 países miembros, se reunirá en Lima. Los representantes del Perú en la Junta de Gobernadores son el Ministro de Economía y Finanzas (titular), el Viceministro de Hacienda (alterno) y ante el FMI, nos representa el Presidente del Banco Central de Reserva.  

La cita es del 5 al 12 de octubre y los preparativos ya están en marcha. Dicho sea de paso, desde hace 48 años la reunión anual de los dos organismos no se realizaba en Sudamérica. 
Pero el BM y el FMI no sólo pretenden hacer su fiesta en Lima sino que aparentemente también pretenden contarnos la historia reciente de la economía peruana. El secretario del BM, Mahmoud Mohieldin, ha dicho que la designación de la sede de la reunión anual “es sin duda un reflejo de lo que el Perú ha logrado en los últimos años en términos de estabilidad política, un marco institucional estable, solidez económica, atracción de inversiones e integración a la economía mundial”. En suma, otro promotor del denominado “milagro peruano”.

El gran problema es que la fiesta del BM y el FMI, se da precisamente cuando en realidad la fiesta ya se acabó, en el Perú y en buena parte del planeta, como lo recordaba un reciente artículo en The Economist. La supuesta solidez de la economía peruana ha comenzado a tambalear ni bien la economía mundial comenzó a estornudar y a mostrar síntomas de resfrío. 

Y esto que viene ocurriendo no es una historia nueva en el país; en realidad es algo que se repite cada vez que los precios externos de las materias primas caen. El efecto es inmediato: nuestra economía entra en proceso de desaceleración o de abierta recesión. Para hablar solamente de las últimas crisis: ocurrió a partir de 1997/1998, luego del estallido de lo que se conoció como la crisis rusa y asiática (no hay que olvidar que el fujimorato nos dejó en recesión); ocurrió en el 2008/2009 y ha vuelto a ocurrir desde el año 2012/2013.

Por lo tanto la historia que pretenden contar el Banco Mundial y el FMI es pura  ficción. No ha existido nunca la mencionada solidez y tampoco es real que la economía peruana haya crecido como consecuencia de las políticas impulsadas por estos organismos: el factor determinante que explica el crecimiento de la economía peruana, fue el inicio del súper ciclo de los precios de los commodities, principalmente de los minerales para el caso peruano. Y el inicio de la debacle coincide con el fin de este súper ciclo. Nuevamente: historia repetida y que ya conocemos desde la época del guano.

Peor aún, hay claros indicadores que muestran que ésta no ha sido en realidad una década ganada, sino más bien una nueva década perdida. Y precisamente las políticas del BM y el FMI han sido un factor determinante que impidió aprovechar el impulso que venía desde fuera a través de términos de intercambio más favorables. Algunos ejemplos: las políticas del FMI buscaron por ejemplo “privilegiar impuestos que no distorsionaran los precios relativos que determinan el mercado, en desmedro de aquellos que inciden progresivamente sobre la distribución de los ingresos” . En sencillo, se elevaron los impuestos al consumo y se redujeron los que gravan las ganancias. En el caso peruano está claro que nos hemos perdido casi una década del súper ciclo de los minerales sin aplicar el tantas veces mencionado impuesto a las sobre ganancias mineras que hubiese generado recursos para enfrentar las épocas de vacas flacas.

El Banco Mundial (BM) también hizo lo suyo y se convirtió en un actor clave en el impulso de las denominadas reformas estructurales y los ajustes sectoriales, poniendo trabas a cualquier intento de diversificar nuestra matriz productiva. Los préstamos de ajuste estructural y los ajustes sectoriales de este organismo se convirtieron en instrumentos determinantes para el desarrollo de las reformas liberales. De esa manera, el BM no solamente apoyó los cambios en las políticas de sectores productivos claves, las privatizaciones, la liberalización comercial y las inversiones, sino que también se convirtió en un riguroso evaluador del compromiso del país con estas políticas.

Lo cierto es que el cuento del milagro se terminó; el súper ciclo pasó a mejor vida y las “islas de excelencia” del MEF y el BCR hace tiempo que mostraron sus limitaciones. Pero así como no hay que olvidar el rol del BM y el FMI, es un buen momento para recordar algunas de las frases célebres de los que en el país se marearon en pleno período de crecimiento: “el Perú está blindado frente a la crisis internacional”; dijo por allí un ex presidente antes que la economía entre en recesión; “el Perú va camino al primer mundo” afirmó otro entusiasta; el ministro de Economía, preferido de Alan García, Luis Carranza, pronosticó más de una vez que el súper ciclo de los minerales duraría 30 años más. Tampoco se pueden dejar de mencionar los comunicados y declaraciones de los principales voceros empresariales y el argumento de la tramitología como factor determinante de la desaceleración de la economía, obviando lo que pasaba en el escenario internacional. 

Hay que estar alertas con los que nos dicen que la desaceleración es sólo un tropiezo momentáneo y la recuperación de los precios de los minerales se va a dar rápidamente. Cuidado con los que pretenden seguir insistiendo en un modelo agotado. En uno de los tantos anuncios de la fiesta del BM y el FMI, el ministro Segura anuncia que se va a seguir haciendo más de lo mismo, pese a que está comprobado que sus políticas no dan resultados: paquetes ambientales y sociales, “adecuación de “tramitología” y reducción de sobre costos, mediante numerosas iniciativas normativas”.

La verdad es que no estamos para fiestas; se nos vienen épocas muy difíciles. Ni el FMI ni el BM califican como historiadores serios de nuestra  economía y no estamos para que nos cuenten cuentos y menos en nuestra casa. Es una tarea pendiente hacer un balance de lo ocurrido y comenzar a pensar en las medidas correctivas que deben ser implementadas con urgencia. Iniciemos el debate  ahora en octubre y exijamos a los candidatos que se manifiesten; el proceso electoral debería ser una muy buena ocasión para generar esta discusión.








viernes, 21 de agosto de 2015

Eduardo Gudynas: Decir que Perú es un país minero refleja la incapacidad estatal para ofrecer otras salidas

Entrevista a Eduardo Gudynas de CLAES en el diario La República. 

Hace  unas semanas los trabajadores de la minera Doe Run, en Junín, La Oroya, decidieron protestar porque la empresa no pasó la licitación para seguir operando en la zona. Las razones: no cumplía con el requisito de respetar los estándares ambientales que involucraban el aire de la zona. 

Con esto, quedó descartada la presentación de ofertas económicas por el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza. La ausencia de postores estuvo motivada por la rigidez de la legislación ambiental en el país materializada en el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) que recientemente aprobó el Estado.

Las protestas de los trabajadores provocaron la muerte de un ingeniero que solo estaba de visita en la planta. El proceder de ellos ha sorprendido a muchos, ya que en la zona se vive una alta contaminación ambiental que ha provocado que los pobladores tengan enfermedades por intoxicación de metales pesados. 

En entrevista con LaRepública.pe, Eduardo Gudynas, Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) nos dio su perspectiva sobre este caso, que se repite en otros países de Latinoamérica 

El conflicto en la Oroya es bastante contradictorio, los pobladores quieren el regreso de las operaciones de DOE RUN pese a que son conscientes de la contaminación que esto implicaría

En efecto, es contradictorio. Eso ocurre cuando hay comunidades que han quedado atrapadas con una actividad extractivista de alto impacto, pero que entienden que esa es su única opción económica. Expresa por un lado, la perversidad a la que se puede llegar ya que todos saben de los gravísimos impactos en la salud y el ambiente de todo el complejo minero metalúrgico, y por el otro lado, la incapacidad estatal en ofrecer puertas de salida hacia otros tipo de actividad económica o fuente de empleo. Se burlan o desechan la exploración de otras alternativas económicas. 

¿Dicen que somos un país minero. ¿Es así de cierto como suena, no podemos vivir sin minería? 

Decir que un país es minero, como si eso estuviera automáticamente grabado a fuego en cada niño que nace, como si fuera un instinto compartido por toda la nación, o como si sólo existieran esas opciones de desarrollo. Todo ello es aceptar un mito cultural que crea la imposibilidad de cualquier cambio. Es un mito que afirma que Perú es y será minero por toda la eternidad. ¿Es ese un proyecto de país al futuro? Me parece que no, comenzando por entender que Perú es un país cultural y ecológicamente diverso. Es también un país forestal, una nación agrícola, una tierra de gente con hábiles manos para hacer muchas otras cosas. 

¿Dependemos estrictamente de la minería para que Perú crezca económicamente?

Ese es otro mito, ya que hay países que no son mineros que igualmente crecen. Separando su pregunta en sus distintos componentes, por un lado debe señalarse que los factores de crecimiento para ser vigorosos no pueden depender de la venta de materias primas, las que a su vez dependen de los precios internacionales, y no son controladas por Perú. Las economías pueden crecer en sus indicadores macroeconómicos pero la calidad de vida mejora parcialmente o sus avances son frágiles.

A lo mejor la explotación de recursos naturales es una salida más fácil

Sin duda. La dependencia en exportar materias primas en América del Sur se debe a gobiernos y partidos políticos que o bien no han sabido renovarse en sus ideas sobre el desarrollo, y creen que las empresas exportadoras los mantendrán a flote, o bien se deben a que los partidos progresistas en los países vecinos renunciaron a seguir explorando alternativas al desarrollo. 

¿Qué otras opciones de inversión tendría un lugar como La Oroya, que no implique necesariamente extractivismo?

Los sitios de impactos extremos de los extractivismos, como La Oroya, son casi como agujeros negros del desarrollo. Por ello las opciones de salida no pueden pensarse solamente para la localidad, sino que deben ser entendidas regionalmente. Entre esas primeras opciones es necesario revisar cuáles son los encadenamientos agrícolas y ganaderos posibles que se pueden hacer con el resto del departamento y con los departamentos vecinos.

Cree que Latinoamérica ha mejorado o por lo menos ha bajado su dependencia al extractivismo, o ¿estamos igual?

Se ha aumentado la dependencia de los extractivismos. Todos los países han buscado ampliar su base extractivista. Por ejemplo, los que eran mineros buscaron sumar nuevos rubros, como sucedió con el litio en Argentina y Bolivia. Los que no eran mineros, quisieron entrar a la megaminería a cielo abierto como Ecuador y Uruguay. 

Todos buscan petróleo, hasta en Paraguay. Y se ha iniciado la extracción de gas por fractura hidráulica, fracking, por ejemplo en Argentina. En el país con el mayor sector industrial de América del Sur, Brasil, ocurrió una desindustrialización con un aumento notable de las exportaciones de materias primas, especialmente hierro, aluminio y soja.


martes, 4 de agosto de 2015

Mal de muchos…

Artículo escrito por Armando Mendoza de OXFAM, publicado en el diario UNO. La ausencia en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias de alguna mención significativa sobre la desaceleración económica, no solo reflejó el poco o nulo deseo de abordar temas incómodos. También evidenció que el régimen se está quedando sin balas en su cartuchera de medidas, y que su mejor apuesta sería aguantar hasta el 2016 y que el próximo gobierno cargue con la factura.

Y es que las condiciones externas excepcionales que gozamos por años; con altos precios de las materias primas que exportamos, se han acabado. La fiesta terminó, y estamos descubriendo en la resaca de todo lo vivido, que seguimos siendo una economía pequeña, dependiente y altamente vulnerable. Tuvimos una década de condiciones ideales, y ciertamente crecimos; pero no nos desarrollamos ni nos trasformamos. Apostamos todo a la fantasía de que los precios internacionales seguirían elevados indefinidamente y ahora nuestro panorama es incierto.

Uno de los aspectos más graves del fin del auge es el deterioro de los ingresos fiscales. Del 2013 al 2014 el monto de tributos pagado por las industrias extractivas (minería e hidrocarburos) se redujo en casi 25%. El panorama para el 2015 es igual de malo o peor; no solo porque los precios internacionales siguen deprimidos, sino también por la rebaja en el impuesto a la renta de las empresas que el gobierno impuso, dizque para “reactivar” la inversión privada. Por supuesto, la inversión privada sigue estancada, y lo único que logró esta medida fue traerse abajo la recaudación. Al cierre del primer semestre lo recaudado por impuesto a la renta de la minería y la pesca ha caído en 40%. En el caso de hidrocarburos la caída es aún mayor: más del 50%.

Estamos hablando de miles de millones de soles que el fisco ha regalado impunemente, sin obtener compensación alguna. Eso nos pasara factura tarde o temprano, cuando el déficit fiscal apriete y por algún lado tengamos que recortar gastos. ¿Quién pagara los platos rotos?: ¿la educación, la salud, los programas sociales?.

Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen; y ese refrán puede aplicársele a nuestro país, pues a lo largo y ancho de América Latina se repiten los casos de gobiernos que se intoxicaron con los altos precios de las materias primas, y que ahora no tienen respuesta cierta frente a la desaceleración económica y el desbalance fiscal. Ese pobre consuelo les queda a nuestros gobernantes, que durante las vacas gordas se mostraron tan eufóricos como poco previsores.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/mal-de-muchos/

martes, 21 de julio de 2015

La justicia ambiental es tanto global como nacional

Artículo escrito por Eduardo Gudynas de CLAES, publicado en el diario UNO. Pocos días atrás reaparecieron las tensas vinculaciones entre globalización, extractivismos y sus efectos. Ahora fue en Ecuador, donde su presidente lanzó la idea de una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Propuesta que todos compartiríamos, pero que debe ser analizada con cuidado.

El presidente Rafael Correa enmarcó su iniciativa en conceptos que ha repetido varias veces: “La conservación, en países pobres, no será posible, si esta no genera claras y directas mejoras en el nivel de vida de su población”. Sus dichos son correctos, pero esconden una problemática clave que debe ser puesta en evidencia.

El problema es que el gobierno Correa, al igual que en los países vecinos, cree que esa necesaria meta se logrará mediante una masiva extracción de recursos naturales para ser exportados. Por lo tanto, el bienestar queda supeditado a muchos pasos intermedios, que van desde las condicionalidades de inversores, la subordinación comercial global, instalar mecanismos que puedan capturar al menos parte de la riqueza de esas exportaciones y, finalmente, que el Estado sea honrado, efecto y ejecutivo en redistribuir esos beneficios para que lleguen a la gente. La historia muestra que esas etapas intermedias y los efectos de la extracción hacen imposible llegar a esa meta, y por ello que nuestros países siguen siendo extractivistas, sin resolver de raíz la pobreza y padeciendo duros daños ambientales.

Para evitar cambiar de raíz esa estrategia de desarrollo, los gobiernos esquivan las responsabilidades nacionales enfocándose en los problemas ambientales únicamente a escala global. Siguiendo esa moda, el presidente Correa, en el mismo discurso citado arriba, propuso crear una “Corte Internacional de Justicia Ambiental”, mediante un tratado vinculante entre estados.

Sin duda que usted y yo estaremos de acuerdo. Pero hay una trampa: esa Corte estará específicamente enfocada en “la lucha contra el cambio climático”. Con ello, la justicia ambiental parece que desaparecería para los impactos ambientales locales o nacionales, y quedaría restringida a cuestiones planetarias, y solamente en energía y cambio climático.

Algunos se asombran con esta contradicción. Pero esta es la única salida disponible para un régimen extractivista que quiera decir algo en cuestiones ambientales. En efecto, no pueden sostener una justicia ambiental local o nacional, porque si ella fuese aplicada en serio deberían cerrarse o modificarse muchos emprendimientos extractivistas. Solo les quedan las cuestiones planetarias, y mientras esos tratados se negocian, tienen años para seguir siendo extractivistas. Para tener una justicia ambiental en serio, deberá ser tanto nacional como global.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/la-justicia-ambiental-es-tanto-global-como-nacional/

Transiciones y alternativas al extractivismo en el Perú: un debate impostergable

Artículo escrito por Ana Romero de RedGE, publicado en el diario UNO. Es evidente la vocación del gobierno del presidente Ollanta Humala por priorizar la atracción de inversiones extranjeras incluso sacrificando regulaciones socioambientales, postergando derechos de las poblaciones, obstaculizando el acceso a medicamentos, por citar algunos. Y además podemos decir también, que entre las principales inversiones priorizadas están las extractivas, y la minera por excelencia.

También es evidente que este modelo que basa el crecimiento económico en la exportación masiva de materias primas, ha generado una intensa conflictividad social, el último caso de Tía María es una muestra de ello. Pero en general podemos hablar de proyectos extractivos que se imponen a pesar de las resistencias en las poblaciones locales, que muestran la represión y la criminalización de la protesta, en medio de -también un evidente debilitamiento de la democracia en nuestro país- un año pre electoral-.

Estas son muestras que es impostergable pensar en alternativas al extractivismo en el Perú. Es un debate que se hace cada vez más necesario frente a un modelo que ya no se sostiene más.
En este marco es que el día de mañana martes 14 de julio se presentan tres libros claves (en un Foro Público en la UARM a las 5.30 pm), en los que se plantean caminos y propuestas de alternativas al extractivismo en el Perú.

Eduardo Gudynas, en su libro Extractivismos. Ecología y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza, editado por la RedGE entre otros; analiza los impactos de los extractivismos que imponen formas particulares de entender la Naturaleza, en concebir la política y en especial la democracia, en manejar el marco de derechos de las personas y del ambiente, y en acoplarse a la globalización, tal como lo dice el propio autor.

Por otro lado, José de Echave en su libro editado por CooperAcción y RedMuqui entre otros, La minería en el sur andino: los casos de Cusco y Apurímac, presenta un análisis muy completo sobre las tendencias de la minería en estas dos regiones y muestra la ausencia de un debate público que corresponda a la magnitud de las transformaciones, y presenta algunas propuestas necesarias para regular y limitar la expansión minera considerando los derechos de las poblaciones locales y de la propia naturaleza.

Finalmente, en el marco del trabajo que el PTDG y BD vienen desarrollando presentan una reflexión sobre los principales problemas del sistema económico-político actual que viven nuestros pueblos y movimientos sociales en Alternativas para la Vida. Más allá del desarrollo. Documento clave porque son resultado de un trabajo colectivo entre dirigentes sociales, investigadores, activistas, ente otros. 
Ver en: www.redge.org.pe

Ver en: http://diariouno.pe/columna/transiciones-y-alternativas-al-extractivismo-en-el-peru-un-debate-impostergable/