Artículo escrito por José De Echave de CooperAcción, publicado en el diario La Primera. Una controversia acaba de estallar entre una empresa española y
Panamá. La empresa Sacyr, que lidera el consorcio encargado de la ampliación
del Canal de Panamá, decidió de manera unilateral, enviar un preaviso al
gobierno panameño, señalando que en un plazo de 21 días suspendería las obras
si no accedía a pagarle 1,600 millones adicionales por supuestos sobre costos.
La reacción de las autoridades panameñas no se hizo esperar y el
propio presidente, Ricardo Martinelli, salió al frente: “no puede ser que una empresa meta
una cantidad enorme de sobrecoste en una obra de ampliación, que cuando ellos
licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están
subiendo los precios", declaró.
Lo cierto es que el hecho se ha convertido en todo un escándalo y la
reacción enérgica del presidente panameño ha obligado a que los ministros
españoles de Asuntos Exteriores y
Fomento intervengan "para llegar a un acuerdo que ponga fin a esta
controversia comercial".
Este hecho lamentablemente no es aislado y muestra varios temas a
considerar. Por un lado, la prepotencia de algunas empresas que pretenden
seguir tratando a los países como repúblicas bananeras. Por otro lado, persiste
una situación de asimetría en la relación Estados-inversionistas: mientras las
empresas cuentan con mecanismos vinculantes que las protegen; los Estados no
cuentan con ningún tipo de protección ante posibles incumplimientos. Las demandas
de inversionistas en contra de los Estados no han cesado de aumentar en la
última década, sobre todo, al amparo de los TLC.
¿Qué tiene que ver este tema con el Perú? En primer lugar, lamentablemente
el Perú es un buen ejemplo de un país que está siendo crecientemente demandado
por empresas: las demandas en tribunales internacionales en contra del Perú ya
bordean los seis mil millones de dólares.
Por otro lado, no hay que perder de vista que Sacyr opera en el Perú. La
empresa española en muy poco tiempo ha consolidado su presencia en el país, adjudicándose,
por ejemplo, la construcción del tramo dos de la Carretera Longitudinal de la
Sierra, con una inversión estimada de US$552 millones; la construcción de dos
centrales hidroeléctricas y también se adjudicó un contrato para mejorar el
abastecimiento de la red de agua en Cerro de Pasco. No vayan a salir con un
argumento similar al utilizado en Panamá
Adicionalmente, algunos antecedentes de Sacyr preocupan. A lo mencionado, hay que agregar que dos de sus
ex presidentes están siendo investigados por supuestos pagos irregulares en
cuentas en Suiza, vinculados a una presunta red de corrupción política durante el gobierno del Partido Popular de España (PP) en el conocido caso Gürtel.
En todo caso son temas a tomar en cuenta.Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/quien-defiende-a-los-estados_159836.html
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