Artículo escrito por Ana Romero de RedGE, publicado en el diario La Primera. El 5 de junio jamás podrá ser
olvidado por los peruanos y peruanas. Hace cinco años, en la Curva del Diablo,
se produjo el brutal desalojo en el llamado Baguazo donde fallecieron indígenas
y miembros de la policía. Jamás se había visto algo así en nuestro país.
En los últimos días se viene
hablando mucho sobre estos lamentables hechos en el marco de las audiencias que se han venido desarrollando sobre
el caso, y que traen a la memoria lo ocurrido. Al respecto, hay puntos
importantes que se han destacado como positivos y negativos; sin embargo vale
la pena también refrescar los orígenes del conflicto y el TLC con Estados
Unidos, a propósito de los 5 años su entrada en vigencia.
Recordemos que la resistencia
indígena se inició por el desacuerdo e inconsulta aprobación de varios decretos
legislativos, entre ellos el 1064 y el 1090, referidos a la identidad cultural
y propiedad de la tierra. Los cuales fueron finalmente derogados a pesar de las
declaraciones cargadas de advertencias de la entonces ministra de Comercio
Exterior, Mercedes Aráoz, quien afirmaba que de esa forma se estaría
incumpliendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC Perú –
EE.UU.).
Estos decretos legislativos
fueron aprobados en el marco de la promulgación de un paquete de normas durante
el segundo gobierno de Alan García para adecuar la legislación peruana al TLC
con Estados Unidos. Y fueron fuertemente cuestionados por diferentes sectores
ya que el gobierno se excedió en sus facultades incluyendo en ese paquete reformas que nada
tenían que ver con los compromisos en el TLC con Estados Unidos y que además
constituyen una importante limitación para promover reformas al modelo de
desarrollo. Todo en favor de la apertura comercial y los beneficios que este
intercambio traería a los peruanos y peruanas.
Son cinco años de Bagua y también
cinco de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y a pesar que Bagua fue
clave para hacer visible al actor indígena y una serie de demandas que nos debe
involucrar a todos y todas como ciudadanos y ciudadanas, aún no se terminan de
cerrar los procesos, y no solo nos referimos a los judiciales. Vale la pena hoy
preguntarnos, ¿qué hemos avanzado? ¿Cuáles han sido los impactos de la política
de apertura comercial? No creo que las respuestas sean muy alentadoras.
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