Artículo escrito por José De Echave, de CooperAcción, publicado en el diario La Primera. El representante del Comité de Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidas, Víctor Rodríguez Rescia, declaró en su
reciente visita al Perú, que un tema que
preocupa a este organismo es el de la criminalización de la protesta. Declaró
que "No basta con ver un caso, como Bagua, y decir que se está
investigando. Es importante saber qué hace el gobierno como política pública
para prevenir este tipo de situaciones de conflicto por tierras, minería, medio
ambiente o agua, y que no terminen en conflictos porque no se conversó".
Según la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se encuentran debidamente
registrados 695 casos de personas criminalizadas en
contextos de conflictividad social, de los cuales más del 70% corresponden a
conflictos socio-ambientales, principalmente
vinculados a la minería. Además, en estos casos el ejercicio del derecho a la defensa por los
afectados se ha visto seriamente obstaculizado por el traslado a sedes
especiales en otras jurisdicciones: por ejemplo, en el caso del conflicto de
Conga los procesos en contra de los dirigentes se han desarrollado en la ciudad
de Chiclayo, a más de tres horas de viaje desde Cajamarca.
De la
misma forma, los procesos judiciales iniciados a raíz de las protestas ocurridas
en Espinar contra la minera Xstrata Tintaya, se han trasladado a la ciudad de
Ica, a más de 900 km de distancia: a más de un año de los sucesos ocurridos en
Espinar, el alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Oscar Mollohuanca
continúa llevando su proceso judicial en la ciudad de Ica, con todas las
barreras y obstáculos que para una adecuada defensa ello supone.
El caso
del alcalde Mollohuanca se ha convertido en un claro ejemplo de la tendencia de
criminalizar la protesta en el país. En la última audiencia en la ciudad de
Ica, la representante del Ministerio Público, sorpresivamente amplió la
acusación primigenia: ahora se le acusa al alcalde y a varios dirigentes
sociales de Espinar no solo de autoría mediata sino también de instigación y de
apología de delito en calidad de autor directo.
Por lo
tanto, Mollohuanca no solo enfrenta el recorte drástico de los recursos que le
habían dicho que llegarían este año a la Municipalidad de Espinar, sino también
esta ofensiva en los fueros judiciales, a lo que hay que sumarle la campaña de
desprestigio desatada en varios medios de comunicación.
Si eso le
pasa a un alcalde que ha apostado tercamente por el diálogo, qué podrán esperar
los diferentes dirigentes sociales criminalizados. La próxima audiencia en la
ciudad de Ica será el sábado 26 de octubre. Habrá que estar atentos.
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