Hasta
no hace mucho tiempo atrás, los conglomerados de corporaciones transnacionales tenían la propiedad de los recursos
naturales. Eran las dueñas de minas o campos petroleros. Los gobiernos conservadores y neoliberales
cedían la propiedad sobre esos recursos, a veces directamente, a veces por
medio de concesiones de variado tipo.
En
las últimas décadas esa situación cambió. Diversos estados retomaron la
propiedad y el control directo sobre ciertos recursos naturales, y en algunos
casos se hicieron cargo directamente de la explotación por medio de empresas
estatales. Este proceso se profundizó por ejemplo en el sector petrolero sudamericano.
El Estado era un dueño en serio de los
recursos.
Sin
duda estos son cambios de enorme importancia. Pero ha pasado desapercibido que
las redes de comercio y producción global se han adaptado, y varios gobiernos
volvieron a quedar atrapados en la globalización.
Por
un lado, muchas empresas transnacionales pasaron a especializarse en
comercializar y distribuir los recursos naturales. Son ahora sobre todo
empresas de logística que controlan el comercio global de hidrocarburos y
minerales. Las corporaciones transnacionales
ganan todavía más dinero, y no tienen que preocuparse de las
dificultades de permisos, protestas y gestión de la extracción local de los
recursos naturales.
Las
empresas estatales se volvieron sus proveedoras, y como los gobiernos necesitan
desesperadamente esas exportaciones, ellos son ahora sus aliados en acceder a
yacimientos, tramitar permisos y lidiar con los conflictos ciudadanos. Incluso
el progresismo ha quedado atrapado en esto, flexibilizando normas ambientales
para asegurar sus exportaciones y acallando la protesta ciudadana.
Hoy,
el entramado corporativo global se enfoca en asegurar el acceso a recursos naturales,
controlar las redes de comercio y distribución, pero ya no le preocupa tanto la
propiedad. Y los gobiernos participan y
refuerzan este nuevo marco global.
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