Artículo escrito por César Gamboa de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y publicado en el diario La Primera. Han pasado 10 años desde que el Perú se comprometió formalmente a proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, un compromiso que condicionaba el proyecto de explotación de gas de Camisea (lote 88), pues la idea era intervenir en la Amazonia Peruana, reduciendo al mínimo los impactos sociales y ambientales en la zona, pues estaba muy presente –aún lo está-, la mala experiencia de contaminación del Rio Corrientes con los lotes 8 y 1 AB, que coincidentemente también son operados por Pluspetrol.
Han pasado 10 años y la creciente demanda energética del país está trayendo como consecuencia la presión sobre esta misma área. No es gratuito que operen el lote 56 (Camisea II de Pluspetrol), lote 57 (Repsol), lote 58 (Petrobras), el ducto original de TGP, el Loop Selva, el proyecto de ducto de Kuntur y el nuevo proyecto de Gasoducto del Sur. Pero aunado a la creciente demanda de energía que vive nuestro país, se encuentran dos factores mucho más poderosos que un crecimiento económico desordenado: primero, la falta de planificación energética que pareciera que el Estado Peruano apuesta por proyectos energéticos en la zona y en el país con un suspiro cada 6 meses; y la debilidad de la intervención estatal en reducir los impactos de sus decisiones políticas: en lo ambiental, en lo social, en lo político, en lo económico, hasta en la propia seguridad territorial.
Hace dos años, bajo la sombra de la irresponsable decisión de exportación del gas de Camisea (Peru LNG), decidió extraer más gas y transportarlo más rápido hacia los usuarios. Habría que preguntarse si estas dos decisiones han sido planificadas y cuanto se ha reducido del posible impacto negativo de dicha decisión. Quizás ni siquiera es necesario cuestionarse la legitimidad de esas decisiones –“El Perú avanza”-, pero lo cierto es que si queremos hacer las cosas bien y hacia futuro, debemos dejarnos de lado de las leguleyadas que sólo instrumentalizan derechos y generan desconfianza a largo plazo.
Un ejemplo de lo mencionado es la ampliación de la exploración del lote 88, fuera de este lote. El Estado ha dado permiso de buscar más gas a Pluspetrol, no solo dentro del lote 88, sino fuera de este, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, así como dentro de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, incumpliendo el DS 028-2003-AG, que hasta ahora lo impedía (art. 3). ¿Qué dice la autoridad ad portas de aprobarse el EIA de ampliación de operaciones del lote 88? la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos (DGIDP) del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura dice: “los mecanismos de participación ciudadana son aplicables únicamente para la población en contacto inicial de los asentamientos Santa Rosa de Serjali, Montetoni y Marankeato, siempre que dicha población haya decidido y solicitado ejercer su derecho a la participación ciudadana (…) procurando un contacto mínimo”, permitiendo por primera vez un contacto formal fuera del área del contrato del lote 88 después de tantos años.
Ya no es necesario concesionar un lote Fitzcarrald, porque la leguleyada está hecha. La justificación a esto no tiene razón en una idea civilizatoria decimonónica, ni si quiera la fuerza del capitalismo, ni es razón el servilismo de la legalidad, sino simplemente seguir haciendo la cosas como sea. El Perú avanza, aunque en algunos temas no sabemos hacia donde…


La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, en coordinación con CooperAcción, la Red Muqui, Red Uniendo Manos, la Mesa Técnica La Oroya y el Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO, con el apoyo de ONCE, realizó cuatro actividades entre los días 27 al 29 de noviembre de 2012, en el marco de la Semana de Inversiones: Lecciones de una demanda injusta. DOE RUN VS. PERÚ. TLC, inversiones e industrias extractivas, que se dividieron en: una reunión del núcleo impulsor, un desayuno de trabajo con periodistas, una reunión con aliados y expertos y un foro público. Las reuniones se desarrollaron en los hoteles Meliá, en San Isidro y José Antonio, en Miraflores, respectivamente.
Durante el desarrollo de las reuniones los expositores José de Echave, de CooperAcción, Melinda St. Louis, de Public Citizen, Matthew Potterfield, de Georgetown University y Rosa Amaro de MOSAO, hicieron un análisis de la demanda que presentó el Grupo Renco / DOE RUN PERU en contra del Estado Peruano, por la que quieren obtener $ 800 millones de indemnización, amparándose en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Identificaron los errores que llevaron al Estado Peruano a ser demandado por una empresa que ha incumplido todos los estándares ambientales; propusieron alternativas de solución para evitar futuros casos y dieron a conocer el enorme daño a la salud de la población de La Oroya que ha causado la empresa DOE RUN.
La semana de inversiones e industrias extractivas se inició el martes 27 de noviembre con la reunión del núcleo impulsor en la que se identificaron las vocerías, se definieron los temas que se iban a discutir en las demás reuniones y la temática de las intervenciones de los expositores. Con esta dinámica se logró colocar en el debate público la necesidad de reformar el marco de protección de las inversiones extranjeras vigentes.
La reunión de aliados y expertos se realizó en el salón Miramar del Hotel Melía y contó con la participación de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora Nacional del Agro (CNA), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Proyecto Mantaro Revive, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Género y Economía, el Centro Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Filomena Tomaira. Durante la discusión se propusieron alternativas alrededor del caso DOE RUN y se logró colocar en sus agendas la necesidad de contar con un nuevo marco de regulación para las inversiones.
En esta reunión coincidieron en que el caso DOE RUN nos tiene que llevar a analizar en la necesidad de contar con nuevos marcos de regulación de inversiones para evitar futuros casos de demandas en la que el Estado Peruano podría verse condicionado frente a acciones de empresas como DOE RUN, que claramente han incumplido todas sus obligaciones. Consideraron que urge un trato justo y equitativo entre los inversionistas extranjeros y nacionales y excluir el mecanismo de arbitraje “inversionista – Estado” de los acuerdos.
El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil también es clave para hacerle frente a esta situación. En ese sentido se invitó a las organizaciones participantes e invitadas a que suscriban un pronunciamiento público que fue publicado en el diario La República, en la página 15, el día martes 4 de diciembre de 2012. En este documento los firmantes piden al gobierno peruano evaluar y ajustar el modelo de protección de inversiones que se ha venido promoviendo




